Por Maximiliano
Montenegro
Megacanje, megacomisiones...
Megaescándalo es el que promete desatarse a partir de las exorbitantes
comisiones administrativas pagadas por el Gobierno a los bancos que participaron
del canje de títulos públicos. Primero, porque 110 millones
de la bolsa de 152 millones que pagó el Gobierno en comisiones
por una supuesta gestión de intermediación se cobraron sobre
los propios títulos que tenían en cartera esos mismos bancos.
Segundo, porque el banco de David Mulford, el amigo de Cavallo que lo
convenció de la necesidad de la operación, se llevó
una comisión de 20 millones de dólares, que no guarda relación
con un aporte mínimo al canje. Tercero, porque el descontrol de
los bancos privados fue tal que hasta cobraron peaje por una parte de
los títulos que aportaron los propios bancos oficiales, como el
Ciudad y el Provincia. Domingo Cavallo y su segundo, Daniel Marx, están
en la mira de los diputados del justicialismo, que quieren levantar el
caso para contraatacar a De la Rúa tras el affaire Menem-armas.
Pero, además, en los próximos días podrían
llover denuncias judiciales sobre el mayor negocio financiero de los últimos
tiempos.
Hace poco más de un mes, Página/12 anticipó que las
comisiones que se pagarían por el canje podría derivar en
un escándalo mayúsculo. Ya entonces, los bancos extranjeros
empezaron a pelearse por la comisión, fijada en el 0,55 por ciento
del valor del canje. Y acusaban a Mulford, el vicepresidente del Credit
Suisse First Boston, de haberse erigido en el organizador principal por
mandato de Cavallo, siendo que en los últimos años esa entidad
había participado sólo marginalmente en la emisión
de deuda argentina.
Teóricamente, la comisión de los bancos se justifica
por los costos administrativos en que deben incurrir al actuar de intermediarios
entre el gobierno argentino y los inversores que están dispuestos
a prestarle. Esos costos incluirían desde viajes de promoción
de la operación, para tentar a potenciales acreedores del gobierno,
hasta llamados telefónicos y sueldos de los integrantes del staff
del banco encargados de la operación. La comisión, en cambio,
no tiene nada que ver con el negocio financiero en sí, que para
el acreedor resulta de ofrecer plata a la tasa de interés más
alta posible.
En el caso del canje, la comisión se justificaría
en la medida de que los bancos, en su rol de intermediarios, debieran
convencer a atomizados tenedores de bonos de corto plazo de la deuda argentina
de los beneficios trocarlos por otros de más largo plazo.
Sin embargo, las comisiones del canje se convirtieron en un escándalo
en sí mismo. Por los siguientes motivos:
Los bancos privados que actuaron
de organizadores de la operación acercaron al canje títulos
por 27.700 millones, lo que da una bolsa a repartir en comisiones de 152
millones de dólares.
Sea como fuere, del total de
esa cifra, 20.000 millones en títulos ya los tenían en sus
propias carteras o en las de sus AFJP, con lo cual esta porción
del canje para ellos fue un mero asiento contable. Así, 110 millones
en comisiones fueron cobrados en su rol de intermediarios de sí
mismos.
De la bolsa de 152 millones,
140 millones no se repartió en proporción al aporte de cada
banco al canje sino que se negoció políticamente
entre el consorcio de los 7 bancos coordinadores. El resto fue para bancos
que actuaron como socios de aquellos.
Pese a que fue uno de los dos
bancos líderes desde el principio (el otro era el JP Morgan), el
Banco de Mulford tuvo una participación mínima en el canje.
Acercó títulos por menos del 5% del total, confirmando que
no tenía casi clientes que operaran con la deuda argentina. Sin
embargo, se llevó una comisión de 20 millones de dólares,
dado el peso político que su vínculo con Cavallo
le dio dentro del consorcio. Hay, por ejemplo, unbanco extranjero que
aportó casi el triple de bonos que el Credit Suisse y se llevó
menos de la mitad de comisión.
Los bancos privados obligaron
a los propios bancos oficiales a canalizar títulos a través
de ellos para quedarse con la comisión, cosa que permitía
el decreto reglamentario. Ante la pasividad de Economía, el Banco
Ciudad tuvo que girar la mitad de los 700 millones que aportó al
canje a un banco privado, que sumó así a la bolsa de comisiones
1,8 millones extra. Otro tanto pasó con títulos que cambió
el Banco Provincia.
El Banco Nación canjeó
títulos por 1.800 millones (40% más que el banco de Mulford).
Sus ejecutivos fueron presionados para que esos fondos se canalizaran
a través de los 7 bancos creadores de mercado. Y si
no fuera por la negativa de su presidente, Enrique Olivera, que defendió
a rajatabla su posición en Economía, el gobierno hubiera
pagado 10 millones de dólares más de comisiones a los bancos
privados en su rol de intermediarios entre el Banco Nación
y el gobierno argentino.
OPINION
Por Alejandro Peyrou *
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Para superar la recesión
Hemos canjeando la deuda para bajar el riesgo país. Sin
embargo, para que Argentina sea competitiva y confiable para la
inversión, es decir para que podamos comenzar a soñar
con el desarrollo económico y social el Poder Ejecutivo debería
cumplir aún con varias tareas pendientes:
Bajar las tarifas exorbitantes y crecientes de los servicios públicos
privatizados o concesionados, que hacen imposible competir en el
mundo. Desde 1993 a la fecha, el índice general de incremento
promedio de las tarifas fue del orden del 40 por ciento, esto sin
contar el escándalo de los peajes y los picos de alrededor
del 100 por ciento en teléfonos.
Se debe aplicar con energía la Ley de Defensa de la Competencia.
Mercados oligopolizados como los que hay en el petróleo,
el gas, el vidrio, el acero, el cemento y varios otros, generan
súper rentas para sus empresarios que tienen como contrapartida
costos exageradamente altos para el resto de las actividades productivas
que utilizan esos insumos y para los consumidores.
Tomar medidas que ayuden a bajar las elevadas tasas de interés
que obstaculizan el funcionamiento de las empresas. En ese sentido,
es necesario bajar la necesidad de crédito del Gobierno para
que el negocio del sector financiero sea prestarle al sector productivo
y no al Estado. Cuando se habla de un déficit fiscal de 7
mil millones, vale la pena recordar que todos los años se
evaden de 20 a 35 mil millones de pesos. En estas condiciones deberíamos
comprender que la lucha contra la evasión debiera ser el
principal desafío de gestión pública del Gobierno.
Entre los especialistas hay consenso acerca de qué hacer
en este sentido: en primer lugar estar dispuestos a afectar intereses
de algunos sectores e impulsar una reforma tributaria que aliente
las actividades productivas y no la especulación. En la legislación
argentina siguen exentas las principales ganancias financieras o
de capital para las personas físicas; y la última
reforma que prometía corregir algo en este teme es casi intrascendente.
También se debe reducir la alícuota máxima
del IVA generalizado, primero porque es demasiado tentador evadirlo
y segundo porque sería justo reducir las cargas a los consumidores.
Y lo más importante es tener la firme decisión política
para ejecutar todas o por lo menos algunas de estas medidas, que
permitirán a nuestro país la reactivación económica
que precisa desde hace 34 meses. Y también para introducir
un poco de justicia en el sistema.
* Diputado de la Nación - Alianza.
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