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El megaescandaloso reparto de
la megacomisión de 150 millones

El Gobierno pagó 110 millones extra a bancos por canjearse bonos a sí mismos y hasta por canjear títulos de los propios bancos oficiales.

Cavallo y su amigo Mulford, que embolsó una comisión de 20 mill. “Sé que puede haber denuncias judiciales”, admitió Daniel Marx.

Por Maximiliano Montenegro

Megacanje, megacomisiones... Megaescándalo es el que promete desatarse a partir de las exorbitantes comisiones administrativas pagadas por el Gobierno a los bancos que participaron del canje de títulos públicos. Primero, porque 110 millones de la bolsa de 152 millones que pagó el Gobierno en comisiones por una supuesta gestión de intermediación se cobraron sobre los propios títulos que tenían en cartera esos mismos bancos. Segundo, porque el banco de David Mulford, el amigo de Cavallo que lo convenció de la necesidad de la operación, se llevó una comisión de 20 millones de dólares, que no guarda relación con un aporte mínimo al canje. Tercero, porque el descontrol de los bancos privados fue tal que hasta cobraron peaje por una parte de los títulos que aportaron los propios bancos oficiales, como el Ciudad y el Provincia. Domingo Cavallo y su segundo, Daniel Marx, están en la mira de los diputados del justicialismo, que quieren levantar el caso para contraatacar a De la Rúa tras el affaire Menem-armas. Pero, además, en los próximos días podrían llover denuncias judiciales sobre el mayor negocio financiero de los últimos tiempos.
Hace poco más de un mes, Página/12 anticipó que las comisiones que se pagarían por el canje podría derivar en un escándalo mayúsculo. Ya entonces, los bancos extranjeros empezaron a pelearse por la comisión, fijada en el 0,55 por ciento del valor del canje. Y acusaban a Mulford, el vicepresidente del Credit Suisse First Boston, de haberse erigido en el organizador principal por mandato de Cavallo, siendo que en los últimos años esa entidad había participado sólo marginalmente en la emisión de deuda argentina.
Teóricamente, la “comisión” de los bancos se justifica por los costos administrativos en que deben incurrir al actuar de intermediarios entre el gobierno argentino y los inversores que están dispuestos a prestarle. Esos costos incluirían desde viajes de promoción de la operación, para tentar a potenciales acreedores del gobierno, hasta llamados telefónicos y sueldos de los integrantes del staff del banco encargados de la operación. La comisión, en cambio, no tiene nada que ver con el negocio financiero en sí, que para el acreedor resulta de ofrecer plata a la tasa de interés más alta posible.
En el caso del canje, la “comisión” se justificaría en la medida de que los bancos, en su rol de intermediarios, debieran convencer a atomizados tenedores de bonos de corto plazo de la deuda argentina de los beneficios trocarlos por otros de más largo plazo.
Sin embargo, las comisiones del canje se convirtieron en un escándalo en sí mismo. Por los siguientes motivos:
Los bancos privados que actuaron de organizadores de la operación acercaron al canje títulos por 27.700 millones, lo que da una bolsa a repartir en comisiones de 152 millones de dólares.
Sea como fuere, del total de esa cifra, 20.000 millones en títulos ya los tenían en sus propias carteras o en las de sus AFJP, con lo cual esta porción del canje para ellos fue un mero asiento contable. Así, 110 millones en comisiones fueron cobrados en su rol de intermediarios de sí mismos.
De la bolsa de 152 millones, 140 millones no se repartió en proporción al aporte de cada banco al canje sino que se negoció “políticamente” entre el consorcio de los 7 bancos coordinadores. El resto fue para bancos que actuaron como socios de aquellos.
Pese a que fue uno de los dos bancos líderes desde el principio (el otro era el JP Morgan), el Banco de Mulford tuvo una participación mínima en el canje. Acercó títulos por menos del 5% del total, confirmando que no tenía casi clientes que operaran con la deuda argentina. Sin embargo, se llevó una comisión de 20 millones de dólares, dado el “peso político” que su vínculo con Cavallo le dio dentro del consorcio. Hay, por ejemplo, unbanco extranjero que aportó casi el triple de bonos que el Credit Suisse y se llevó menos de la mitad de comisión.
Los bancos privados obligaron a los propios bancos oficiales a canalizar títulos a través de ellos para quedarse con la comisión, cosa que permitía el decreto reglamentario. Ante la pasividad de Economía, el Banco Ciudad tuvo que girar la mitad de los 700 millones que aportó al canje a un banco privado, que sumó así a la bolsa de comisiones 1,8 millones extra. Otro tanto pasó con títulos que cambió el Banco Provincia.
El Banco Nación canjeó títulos por 1.800 millones (40% más que el banco de Mulford). Sus ejecutivos fueron presionados para que esos fondos se canalizaran a través de los 7 bancos “creadores de mercado”. Y si no fuera por la negativa de su presidente, Enrique Olivera, que defendió a rajatabla su posición en Economía, el gobierno hubiera pagado 10 millones de dólares más de comisiones a los bancos privados en su rol de “intermediarios” entre el Banco Nación y el gobierno argentino.

 

OPINION
Por Alejandro Peyrou *

Para superar la recesión

Hemos canjeando la deuda para bajar el riesgo país. Sin embargo, para que Argentina sea competitiva y confiable para la inversión, es decir para que podamos comenzar a soñar con el desarrollo económico y social el Poder Ejecutivo debería cumplir aún con varias tareas pendientes:
Bajar las tarifas exorbitantes y crecientes de los servicios públicos privatizados o concesionados, que hacen imposible competir en el mundo. Desde 1993 a la fecha, el índice general de incremento promedio de las tarifas fue del orden del 40 por ciento, esto sin contar el escándalo de los peajes y los picos de alrededor del 100 por ciento en teléfonos.
Se debe aplicar con energía la Ley de Defensa de la Competencia. Mercados oligopolizados como los que hay en el petróleo, el gas, el vidrio, el acero, el cemento y varios otros, generan súper rentas para sus empresarios que tienen como contrapartida costos exageradamente altos para el resto de las actividades productivas que utilizan esos insumos y para los consumidores.
Tomar medidas que ayuden a bajar las elevadas tasas de interés que obstaculizan el funcionamiento de las empresas. En ese sentido, es necesario bajar la necesidad de crédito del Gobierno para que el negocio del sector financiero sea prestarle al sector productivo y no al Estado. Cuando se habla de un déficit fiscal de 7 mil millones, vale la pena recordar que todos los años se evaden de 20 a 35 mil millones de pesos. En estas condiciones deberíamos comprender que la lucha contra la evasión debiera ser el principal desafío de gestión pública del Gobierno. Entre los especialistas hay consenso acerca de qué hacer en este sentido: en primer lugar estar dispuestos a afectar intereses de algunos sectores e impulsar una reforma tributaria que aliente las actividades productivas y no la especulación. En la legislación argentina siguen exentas las principales ganancias financieras o de capital para las personas físicas; y la última reforma que prometía corregir algo en este teme es casi intrascendente.
También se debe reducir la alícuota máxima del IVA generalizado, primero porque es demasiado tentador evadirlo y segundo porque sería justo reducir las cargas a los consumidores. Y lo más importante es tener la firme decisión política para ejecutar todas o por lo menos algunas de estas medidas, que permitirán a nuestro país la reactivación económica que precisa desde hace 34 meses. Y también para introducir un poco de justicia en el sistema.

* Diputado de la Nación - Alianza.

 

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