|
Por Andrés
Osojnik
 El caso de Marcelina Meneses,
que murió junto a su bebé sobre las vías de Avellaneda
tras recibir insultos xenófobos en el tren donde viajaba, se convirtió
en Bolivia en una causa nacional. Dos diputados de ese país fueron
enviados a Buenos Aires por el plenario de la Cámara para pedir
que se acelere la investigación del caso y que el hecho no quede
impune. La preocupación no es caprichosa: según dijo a este
diario uno de los legisladores, existe allí la sospecha de que
hay “influencias indebidas” para que la causa quede en la nada.
Ayer, ambos diputados se reunieron con representantes de los tres poderes.
Y de la empresa Trenes Metropolitanos Roca, que insistió en su
hipótesis de que la mujer en realidad no viajaba en el tren y fue
atropellada porque caminaba entre las vías. “Esa versión
no nos convence”, dijo a Página/12 tras la reunión
uno de los diputados.
El episodio que actualizó la preocupación de las autoridades
bolivianas sobre la discriminación en Argentina ocurrió
el 10 de enero: ese día, Marcelina Meneses iba con su hijo Josua,
de diez meses, en un tren del ex ferrocarril Roca. Según un testigo,
la mujer fue arrojada del vagón después de que varios pasajeros
la insultaran por su condición de boliviana. Madre e hijo murieron
sobre las vías. La investigación no tuvo mayores progresos
hasta que el caso se hizo público. A partir de ese momento, la
empresa TMR negó tener responsabilidades en el caso y se dio a
la tarea de difundir una versión del episodio en la cual queda
exenta de culpas.
Con esa información llegada de la Argentina, la Cámara de
Diputados de Bolivia decidió la semana pasada en una sesión
plenaria enviar a Buenos Aires a dos legisladores de la comisión
de Derechos Humanos: fueron elegidos Fernando Kieffer Guzmán, de
la oficialista Acción Democrática Nacionalista (ADN) y Manuel
Suárez, del opositor Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR).
“Se determinó que fuéramos un oficialista y un opositor
para que estén presentes las dos visiones”, explicó
a este diario Kieffer Guzmán, que llegó a Buenos Aires junto
a Suárez el lunes pasado. “Nosotros hemos venido a partir
de este caso puntual –detalló–, aunque sabemos que no
es un hecho aislado, hay un cúmulos de hechos de discriminación.
A las autoridades argentinas les hemos venidos a expresar la preocupación
por toda esta situación y para que se incluya en la agenda pública
una política de prevención de este tipo de situaciones”.
Ayer fue la jornada central de la visita de ambos legisladores. Se reunieron
con el fiscal del caso de Marcelina, con diputados locales, con representantes
de la empresa del ferrocarril y con funcionarios del Ministerio de Justicia.
–¿Cuál es la impresión luego de todas estas
reuniones? –preguntó Página/12 a Kieffer Guzmán.
–La impresión es que la causa está demorada. Por eso
estamos pidiendo que entre todos logremos que se acelere la investigación
y que se garantice el debido proceso. No queremos que el hecho quede como
un accidente más de los que ocurren sobre la vías de un
ferrocarril.
Kieffer Guzmán mostró prudencia, sin embargo, a la hora
de calificar la tarea del fiscal de Lomas de Zamora Andrés Devoto:
“Nosotros entendemos que los fiscales tienen demasiada carga de trabajo.
Si es necesario, ofreceremos, en el marco de los acuerdos bilaterales,
toda la cooperación que pueda ayudar en la investigación”,
dijo.
–¿Qué tipo de ayuda?
–Peritos, especialistas. Lo que sea necesario.
Por la tarde, mientras Suárez se reunía con la subsecretaria
de Derechos Humanos, Diana Conti, y otros funcionarios del Ministerio
de Justicia, Kieffer Guzmán recibía en la sede del Consulado
Boliviano a cuatro representantes de TMR, incluido su gerente de Comunicaciones.
Del encuentro participaron el cónsul general, Ciro Sánchez,
y la de Buenos Aires, María Esther Suárez. Ante ellos, la
empresa volvió a trazar su hipótesis de los hechos, aunque
no logró convencer a sus interlocutores. “Mi percepción
es que la empresa está muy a la defensiva –contó el
diputado después de la reunión, que se hizo a puertas cerradas–.
Que quiere imponer una versión de los hechos que formó rápidamente,
con argumentos débiles, a pesar de que la investigación
está en plena instrucción. La empresa debe estar interesada
en buscar la verdad y no solo en su versión de los hechos. Eso
se lo dijimos muy claramente: nosotros queremos que se encuentre la verdad,
sea para un lado o para otro, pero la verdad”.
El legislador también destacó que no aceptó la solicitud
de la empresa de guardar bajo perfil en torno al encuentro: “Justamente,
lo que buscamos es la más amplia difusión de todo el caso.
Necesitamos que la causa acelere su proceso y que no quede ningún
resquicio de influencias indebidas en ella”.
Ayer también, Suárez y Kieffer Guzmán recibieron
a Froilán Torres y Reyna Meneses, el marido y la hermana de Marcelina.
Ellos contaron cómo promovieron la investigación, cómo
pegaron afiches en la estación Constitución en busca de
testigos, cómo la empresa los arrancó, cómo el testigo
finalmente apareció. “Esto no es un caso aislado, por eso
debe ser tomado por toda la colonia boliviana para exigir que se llegue
a la verdad”, expresó Kieffer.
TRES
POLICIAS BONAERENSES DETENIDOS EN RANCHOS
De la extorsión a la tortura
Dos policías bonaerenses
pertenecientes a la comisaría de Ranchos fueron detenidos ayer
por orden del fiscal Carlos Bercellone, por integrar una asociación
ilícita que extorsionaba a comerciantes y vecinos de la zona a
cambio de brindarles protección. Los dos uniformados están
acusados además de torturar a un joven para que asumiera la responsabilidad
por varios robos ocurridos en el barrio. Por esas torturas también
fue detenido el subcomisario de Ranchos, y el fiscal no descarta que en
las próximas horas se produzcan nuevos arrestos.
“La investigación surge a partir de las quejas por el funcionamiento
de la comisaría de Ranchos, que varios vecinos realizaron ante
la Delegación Departamental de La Plata”, contó Bercellone
a Página/12. “Según la declaración de estas
personas, los dos policías les pedían dinero –o mercadería,
si se trataba de comerciantes– para brindarles protección”,
agregó. Si los vecinos se negaban a “colaborar”, el sargento
Juan Eduardo Susundegui y el oficial subinspector Fernando Young liberaban
la zona, para que los delincuentes actuaran sin ser molestados.
“La gota que colmó el vaso surgió mientras analizábamos
un caso de homicidio cometido en Ranchos por dos menores y un adulto.
Descubrimos que, mientras ambos menores estaban detenidos, el adulto –un
hombre que responde al apodo de ‘Tabi’– continuaba en libertad,
amparado por estos dos policías”, narró Bercellone.
Según explicó a este diario el fiscal -miembro de la Unidad
Funcional de Instrucción nº3–, el testimonio del hermano
de los dos menores detenidos fue clave para arrestar a Young, a Susundegui
y al superior de ambos, el subcomisario Pedro Salinas, titular de la delegación
de Ranchos.
“Este joven, llamado Claudio Oporto, denunció que lo fueron
a buscar a su casa, lo golpearon y lo llevaron a la comisaría”,
relató Bercellone. Allí lo colgaron con esposas de la antena
de radio, y lo golpearon nuevamente, “para que se hiciera cargo de
varios robos cometidos en la zona, cuyos autores eran apañados
por estos policías”, explicó el fiscal. En un descuido
de sus verdugos, Claudio consiguió escaparse. Cuando estaba a punto
de salir de la comisaría, el subcomisario lo interceptó
y lo amenazó con un arma. Oporto logró zafarse y pasó
toda la noche escondido en las cercanías de una laguna. Al día
siguiente, su madre lo acompaño a realizar la denuncia en la DDI
de La Plata. El relato de Claudio fue avalado por otro detenido, que fue
testigo de las torturas sufridas por el joven.
Además de acusar a Young y a Susundegui por los delitos de “torturas”
y “asociación ilícita”, Bercellone pidió
la detención del subcomisario por considerar “que conocía
la situación de tortura, y aún así no hizo nada por
acabar con ese delito”. El funcionario señaló este
diario que no descarta “que en las próximas horas se produzcan
nuevas detenciones”.
|
