Por Santiago Rodríguez

Emir Yoma jugó ayer la última carta que le quedaba: sus abogados recurrieron a la Corte Suprema para que le revoquen el procesamiento y la prisión preventiva por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia con el argumento de que no es posible aplicar la figura de la asociación ilícita al caso y que las imputaciones formuladas por el ex titular de Fabricaciones Militares, Luis Sarlenga, no tienen asidero. La jugada permitirá establecer si el menemismo cuenta todavía con la mayoría automática que supo tener en el máximo tribunal durante su ejercicio en el poder, un dato por demás importante de dilucidar para el resto de los imputados en la causa, entre ellos el propio Carlos Menem. Pero, a la vez, resulta riesgosa: si como quedó demostrado en otras instancias judiciales los menemistas ya no controlan a la Justicia y la Corte no le da la razón, el ex cuñado de Menem quedará con pocas chances de éxito en el juicio oral y estará hasta ese momento en la cárcel.
El recurso presentado por los abogados Mariano Cúneo Libarona y Zenón Ceballos, defensores de Yoma, persigue el objetivo de que sea revocado el procesamiento que pesa sobre su cliente o, al menos, que se le conceda la excarcelación, un beneficio que le permitiría esperar el libertad el trámite del juicio oral por la venta ilegal de armas. El ex cuñado presidencial está detenido desde el 7 de abril pasado en el Escuadrón Campo de Mayo de Gendarmería por orden del juez Jorge Urso, bajo el cargo de “organizador” de la asociación ilícita que desvió el armamento.
La defensa de Yoma ya fracasó una vez en el intento de conseguir la libertad de su cliente y su desvinculación del caso: recurrió a la Sala II de la Cámara Federal porteña y ese tribunal confirmó lo actuado por Urso. Cúneo Libarona y Ceballos quieren ahora la palabra de la Corte, presidida por Julio Nazareno, otrora socio del estudio jurídico de Eduardo Menem, y que tiene también entre sus miembros a Adolfo Vázquez, confeso amigo de Menem y habitué de los cumpleaños del ex presidente. A juicio de los abogados, la resolución de los camaristas Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Luraschi “violentó, por su arbitrariedad, garantías fundamentales consagradas en la Constitución Nacional”. La misma Cámara debe decidir si habilita la vía de la Corte aunque miembros de ese tribunal adelantaron que no pondrán freno al recurso.
Con el expediente en manos de la Corte, Yoma tiene –por lo menos– para seis u ocho meses más en prisión. Lo que diga el máximo Tribunal será determinante para su futuro y el de los demás involucrados en la causa porque lo que Cúneo Libarona y Ceballos pretenden es un dictamen sobre el eje de la acusación: la figura de la asociación ilícita a partir de la cual fueron encarcelados el propio Yoma; Menem; el ex ministro de Defensa, Antonio Erman González; y el ex jefe del Ejército, Martín Balza.
La defensa de Yoma objetó que se “haya tenido por demostrada la existencia de una gran superestructura directiva” dedicada a la venta ilegal de armas. También consideró “irrazonable” que se hayan establecido varios “jefes y organizadores”, ya que “son innecesarios desde que pueden existir asociaciones ilícitas sin jefes y organizadores”.
Cúneo Libarona y Ceballos desacreditaron la credibilidad de Sarlenga, cuya declaración precipitó las detenciones en la causa. Después de reseñar que “el hombre estaba indebidamente detenido, según su personal criterio”, señalaron que “cayó en la autoconfesión espuria para desasirse de su desgraciada situación, sin importarle que para el logro de su libertad tironeaba sobre las espaldas de otro a fin de no proseguir ahogándose”. Agregaron también que eso “le significó la recalificación sustantiva de su posición dentro de la causa y posteriormente su excarcelación”.
Otro testimonio que impugnaron fue el de la ex secretaria de Yoma, Lourdes Di Natale, quien reveló detalles sobre la influencia del empresario en el Gobierno de Menem. “Yoma no podía ser organizador de la actividad de los ministerios porque no era experto en trámitesburocráticos”, aseguraron, además de recordar que Di Natale promovió más de medio centenar de denuncias contra la administración menemista.

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