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Por Irina Hauser
 Hoy le toca a María
Julia. Tendrá que sentarse en el mismo banquillo que catapultó
a Carlos Menem a la reclusión. El juez Jorge Urso la citó
como sospechosa en una causa en la que se investigan sobrepagos millonarios
a empresas proveedoras de la ex ENTel mientras ella era interventora.
Ayer amplió su declaración el ex síndico Julio Orué,
a quien Alsogaray responsabilizó como encargado de certificar los
pagos. Sin embargo, Orué dice que alertó oportunamente sobre
el dinero que desembolsado en exceso. Enrique Ipiña, el último
liquidador de la empresa de telecomunicaciones durante el gobierno actual,
dijo a Página/12 que cree que la ingeniera y otros ex funcionarios
deberían ser acusados por asociación ilícita, el
mismo delito por el que el ex presidente está preso.
Urso indagará hoy a María Julia por administración
fraudulenta y malversación de fondos, dos delitos excarcelables
y podría procesarla. El fiscal que tuvo delegada la investigación,
Carlos Cearras, sin embargo, pidió que fuera interrogada como sospechosa
de liderar una asociación ilícita, una figura que permite
el arresto inmediatamente después de la declaración. Nada
le impide al juez ampliar hoy mismo el alcance de la declaración
y la acusación si cree que es lo que corresponde. Entretanto, hay
una nueva pericia contable en marcha, en manos de peritos de la Corte
Suprema y de la Universidad de Buenos Aires, que abarca a ENTel y todas
sus firmas proveedoras más importantes.
“Si la ex ENTel pagaba de más a quien no correspondía,
si había organismos de control que lo permitían, si esa
maniobra se repetía en el tiempo y los personajes también,
perjudicando económicamente al Estado, si eso no se llama asociación
ilícita ¿Cómo se llama?”, planteó Ipiña.
–¿Qué encontraron al auditar la ex ENTel que lo haga
pensar que se trató de una asociación ilícita?–,
le preguntó Página/12.
–Encontramos la famosa documentación en una caja del Banco
Nación, que eran pagarés por 400 millones de dólares
correspondientes a empresas vinculadas no sólo a ENTel sino a las
licenciatarias, es decir Telefónica y Telecom. Me estoy refiriendo
a las proveedoras Pecom-Nec, Siemens, Pirelli y Telettra. Si había
que pagar 200 millones y se pagaron 400, yo por lo menos, no concibo esto
sin que hubieran retornos.
–¿Quiénes son responsables?
–Más allá de que lo tiene que investigar el juez, a
mi criterio son María Julia Alsogaray como titular de ENTel, los
organismos de control interno y externos e incluso funcionarios del Ministerio
de Economía tenían que haber advertido las irregularidades.
María Julia, en principio, tendrá que explicarle hoy al
magistrado a cargo de la causa por qué la ex ENTel le pagó
más de 9 millones de dólares de más a Pecom-Nec,
pero no la interrogaría sobre otras empresas. La ex funcionaria
responsabilizó a Orué, por entonces titular de la Sindicatura
General de Empresas (Sigep), de haber calculado y certificado el pago
erróneo a Pecom-Nec, del grupo Pérez Companc. El ex síndico
se cubrió argumentando, en un escrito que presentó tiempo
atrás, que hubo un error en el cálculo de la conversión
de australes a pesos y que él había alertado sobre pagos
incusados. Al ser indagado, también dijo que ENTel había
hecho saldado supuestas deudas sin solicitar la certificación a
la Sigep. En esas circunstancias, aseguró, hubo un pago de casi
4 millones de dólares a Pirelli, uno de 60 millones a Siemens y
otros menores a Nissho Ywai y Ferromel.
El martes María Julia pasó cinco horas ajustando detalles
para la indagatoria con su defensora oficial, Perla Martínez de
Buck. Seguramente María Julia hoy volverá a decir que ella
no tiene responsabilidad sobre los pagos irregulares. El fiscal Cearras,
no obstante, ya señaló en su pedido de indagatoria que ella
tenía amplias facultades para el pago en forma directa y personal
a los proveedores por un decreto de 1990.
Los pagarés ocultos, descubiertos en la caja del Banco Nación,
le permitieron al fiscal reforzar la hipótesis de que se habrían
usadomecanismos similares de sobrepagos a los proveedores, por ejemplo
con la emisión de pagarés mellizos, con otros falsos y con
falta de documentación que respaldara las operaciones. Es una de
las razones por las que consideró que el delito en danza sería
una asociación ilícita, con participación de representantes
del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, el de Economía
y de la ex ENTel que habrían utilizado su cargo para aprovecharse
de la caótica contabilidad de la vieja empresa de telecomunicaciones.
Por ahora Alsogaray no corre riesgo de ir presa, a menos que Urso cambie
la acusación en el mismo sentido que evaluó el fiscal. Otro
camino a la cárcel, sería la sumatoria de condenas en un
futuro.
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