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Por Horacio Verbitsky
 Familiares de 39 detenidos-desaparecidos
solicitaron ayer a la Cámara Nacional de Casación Penal
que aparte de los juicios por la verdad a todos los miembros de la Cámara
Federal de Mendoza, dada la admitida amistad de su presidente, Luis Francisco
Miret, con el general Juan Pablo Sáa, ex jefe de la Subzona de
Seguridad 33. En 1987, Miret se había excusado de intervenir en
los procesos contra Sáa por el secuestro y la desaparición
de 21 personas, pero ahora rechazó la recusación presentada
por los familiares de las víctimas y fue respaldado por sus colegas.
El juicio de la verdad está suspendido desde hace tres meses. Ayer
se conoció también la resolución firmada por la Corte
Suprema de Justicia el 21 de mayo, que convalidó la intervención
de la Cámara de Casación en los juicios de la verdad de
Bahía Blanca. Esas actuaciones, interrumpidas desde hace un año
podrán reiniciarse ahora pero en las condiciones fijadas por la
Cámara de Casación a instancias del Ejército: los
militares no jurarán decir la verdad y no podrán ser arrestados
si se niegan a responder preguntas del tribunal.
El general Sáa fue comandante de la Brigada de Infantería
VIII de Mendoza desde el 3 de diciembre de 1977 hasta el 2 de febrero
de 1979, y responsable de los centros clandestinos de detención
que funcionaron en el Liceo Militar General Espejo, la Penitenciaría
Provincial, la Compañía de Telecomunicaciones 141, el Campo
de Los Andes, las sedes de la Policía Federal y de la Policía
de San Luis. A partir de 1979 fue jefe de la Subzona 11, Buenos Aires,
que incluía centros clandestinos de 23 partidos. Procesado en Mendoza,
Carlos Menem lo indultó el 8 de octubre de 1989. En 1987, en la
causa por la desaparición de Daniel Romero, Miret explicó
que era amigo íntimo de toda la familia Sáa desde 1973,
cuando era Procurador Fiscal Federal de San Luis, y se excusó de
seguir investigando. Alegó que por ello carecía “de
la objetividad necesaria para intervenir en el juzgamiento de la participación
que pudiera atribuírsele en la comisión de delitos a mi
amigo el general Juan Sáa”. Este año, en cambio, Miret
no sólo no se excusó sino que dirigió el interrogatorio
de su amigo Sáa el 23 de marzo. La recusación fue presentada
por los familiares de las víctimas, representadas por los abogados
Pablo Salinas y Alfredo Guevara, padre e hijo. La Cámara Federal
rechazó la recusación de su presidente aduciendo que “el
limitado objeto que tienen los llamados juicios por la verdad” es
“la búsqueda del destino de personas desaparecidas” y
que aunque se aplique el Código Procesal Penal, el procedimiento
carece de “naturaleza penal”. Al recurrir en queja a la Casación,
Salinas y Guevara consideran que el rechazo de la recusación fue
arbitrario y que se encuentran comprometidas las garantías constitucionales
de imparcialidad de los jueces y el principio de doble instancia. A su
juicio los camaristas prejuzgaron, ya que “el objeto procesal de
los juicios es amplio y comprende la búsqueda del destino de las
personas desaparecidas, de los menores nacidos en cautiverio y la identificación
de los responsables”. En cuanto a Sáa, las investigaciones
podrían comprometerlo por delitos imprescriptibles como el la desaparición
forzosa, la apropiación y sustitución de identidad de menores.
Los abogados anunciaron que de ser necesario recurrirán a la Corte
Suprema de Justicia y a la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos.
Con el voto de los jueces Julio Nazareno, Eduardo Moliné, Adolfo
Vázquez, Guillermo López, Antonio Boggiano, Carlos Fayt
y Augusto Belluscio, la Corte Suprema de Justicia devolvió las
actuaciones por el juicio de la verdad a la Cámara Federal de Bahía
Blanca y declaró que la intervención de la de Casación
Penal se ajustó a lo que prevé la ley procesal 23.984, que
creó ese tribunal. La Cámara bahiense había sostenido
que la Casación carecía de competencia para disponer la
libertad de los suboficiales Santiago Cruciani y Armando Barreda. Por
el voto de losmiembros de su sala IV, Gustavo Hornos, Ana María
Capolupo y Amelia Berraz de Vidal, la Cámara de Casación
prohibió tomar juramento a todo militar convocado en los juicios
de la verdad, de modo que “cuanto tenga que manifestar emane de su
libre voluntad, guiado por los dictados de su conciencia y el respeto
por las obligaciones que a la sociedad toda adeuda”. La resolución
que impide interrogar como testigo a cualquier miembro de las Fuerzas
Armadas equivale a poner una vez más bajo sospecha a todos los
militares, consecuencia buscada por el actual jefe del Estado Mayor del
Ejército, Ricardo Brinzoni, quien así se siente mucho más
acompañado. Los obstáculos puestos por Brinzoni a los juicios
por la verdad, indujeron al CELS a solicitar la nulidad de las leyes de
punto final y de obediencia debida y la reapertura de las causas penales.
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