Durante sus años en el poder, los menemistas lograron congelar las investigaciones judiciales en su contra, pero ahora ya no tienen esa ventaja. Que lo diga, si no, Claudia Bello, quien ayer fue procesada por presunta “administración fraudulenta en perjuicio del Estado”. La jueza María Romilda Servini de Cubría –quien además le trabó un embargo de cuatro millones de pesos sobre sus bienes– acusa a la ex secretaria de la Función Pública de haber pagado sobreprecios en la contratación directa de servicios de propaganda para la prevención del efecto 2000 sobre los sistemas informáticos. “Muchos miembros del Poder Judicial deberían volver a estudiar derecho para no seguir haciendo papelones”, se quejó Bello y adelantó que apelará la resolución de la magistrada.
La causa en la que Bello fue procesada fue abierta a partir de una denuncia que realizó la Oficina Anticorrupción (OA), tras una investigación en la que detectó supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos relativa a la confección y distribución de cajas y diversa folletería, un video y un afiche, además de sobres con propaganda oficial relativa al famoso Y2K. En ese trámite, vinculado a la previsión de los trastornos que amenazaba generar el cambio de cifra del año 1999 por el 2000, la Secretaría de la Función Pública habría pagado sobreprecios superiores a los dos millones de pesos, tal como reveló Página/12 en los primeros días de enero de 2000.
De acuerdo con la investigación, la Sindicatura General de la Nación (Sigen) determinó que se realizaron pagos por 6.997.406 pesos pero el servicio contratado no superaba los 4.965.000 pesos. La diferencia entre un monto y otro es lo que motivó el procesamiento de la ex funcionaria.
Bello había prestado declaración indagatoria ante Servini de Cubría el 7 de mayo pasado. Entonces, rechazó frente los cargos que se le atribuían y aseguró que la cotización de la Sigen se había hecho sobre un producto diferente al adquirido.
La ex funcionaria menemista declaró también que “el proyecto Y2K tenía presupuestado 30 millones de pesos, pero en realidad costó sólo 10 millones” y destacó que eso le habría permitido al Estado un ahorro de 20 millones de pesos.
La jueza desestimó todas sus explicaciones. En cambio, dio crédito a los argumentos a favor del procesamiento de la ex funcionaria que expuso el fiscal Carlos Stornelli, el mismo que tiene en sus manos la causa por la venta de armas en el marco de la cual fue detenido la semana pasada el ex presidente Carlos Menem.
En su pedido de procesamiento, Stornelli sostuvo que Bello y sus colaboradores “obviaron los mecanismos legales requeridos” para contratar a la firma publicitaria Lautrec que quedó a cargo de la campaña y a la empresa de correo privado que distribuyó el material. Y aseguró que el precio a pagar se fijó “de manera arbitraria y con un claro afán de procurar un lucro indebido para los participantes de las maniobras” y “sin apoyatura alguna que avalara ese monto”.
“Si la Justicia me acusa de un delito patrimonial sin pedir una auditoría contable y además no investiga ninguna de mis pruebas, no tengo nada que agregar”, se quejó la ex funcionaria de la resolución de Servini de Cubría y agregó: “Muchos miembros del Poder Judicial deberían volver a estudiar derecho para no seguir haciendo papelones.”
Bello calificó su procesamiento por presunta “administración fraudulenta en perjuicio del Estado” como “una locura más” y reclamó “una urgente reforma del Poder Judicial” que ponga “en marcha el juicio por jurados, porque está claro que en muchos sectores de la Justicia impera el favoritismo político y la corrupción”.
Además adelantó que recurrirá ante la Cámara Federal porteña la resolución dictada por Servini de Cubría y que pronto publicará “la causa en Internet para que se conozcan las barbaridades hechas en este caso”.
A diferencia de los menemistas presos por orden del juez Jorge Urso en la causa por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia, Bello no irá aprisión. En la causa en la que fue procesada también aparece mencionado otro ex funcionario de alto rango del menemismo: al pedir la indagatoria de la ex secretaria de la Función Pública, el fiscal señaló que “los fondos asignados fueron conseguidos por una decisión administrativa del entonces Jefe de Gabinete (Jorge Rodríguez)”, quien sin embargo no aparece aún imputado en la investigación.

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