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Por Felipe Yapur
 Llegó desde México
y pasó directamente al edificio anexo de la Cámara de Diputados.
Una vez realizadas las presentaciones de rigor, solicitó un retroproyector
que utilizó para explicar, mediante una larga serie de transparencias,
el mecanismo del que se valió el Cartel de Juárez para invertir
dinero proveniente del narcotráfico en la Argentina. Los integrantes
de la comisión investigadora sobre lavado de dinero, que preside
la radical Elisa Carrió, escucharon con atención la explicación
del ex jefe de la Interpol mexicana, Juan Miguel Ponce Edmonson. El investigador
les confirmó la existencia de documentos que indican que los narcotraficantes
aportaron, a través de testaferros, al menos 250 mil dólares
para la última campaña electoral de 1999 en el país.
Ponce Edmonson utilizó dos horas para detallar cuáles fueron
las razones que tuvo el jefe del Cartel de Juárez, Amado Carrillo
Fuentes o El Señor de los Cielos como se lo conocía en el
mundo del narcotráfico, para comenzar a realizar negocios en la
Argentina: “Era un lugar de descanso, un paraíso ideal para
ocultarse”, les dijo y lo repitió luego ante los periodistas.
El mexicano brindó un minucioso informe sobre los contactos que
Carrillo Fuentes realizó con ciudadanos argentinos hasta su muerte
en julio de 1997. Señaló al hoy detenido operador de bienes
raíces Nicolás Di Tullio y a Aldo Ducler, el titular del
banco off shore M.A. Bank y ex asesor de Ramón Ortega, como algunos
de los “prestanombres” que utilizaron el dinero de los narcotraficantes
para realizar millonarias inversiones.
La compra de grandes extensiones de tierra, departamentos y automóviles,
con dinero que Ducler triangulaba a través de su banco con el Citibank
de Nueva York, fue una de las principales inversiones del grupo mexicano
que asciende a 20,5 millones de dólares.
Pero el investigador –hoy desvinculado de la Interpol– dijo
que también las divisas se desviaron para la política. Les
aseguró que detectó la existencia de documentos que demuestran
que estos “hombres de paja” o testaferros argentinos informaban
a sus jefes mexicanos la inversión de un millón de dólares
en campañas políticas en la Argentina.
A partir de estos datos, relacionar estos aportes y la campañas
políticas con Ducler fue prácticamente automático
para los legisladores. El financista fue un importante asesor de Ortega
no sólo durante su frustrada campaña electoral sino también
durante la gobernación de la provincia de Tucumán entre
1991 y 1995.
Pero Ponce Edmonson dio un detalle más que significativo a los
diputados que tomaban notas de cada palabra que el mexicano pronunciaba.
Durante su investigación, Ponce logró acceder a escritos
pertenecientes a los hombres de Carrillo Fuentes. En ellos daban cuenta
de una especie de discusión que mantenían con sus operadores
argentinos a quienes les aseguraban que sólo habían autorizado
la utilización de 250 mil dólares en cuestiones electorales.
“Por lo tanto, no nos consta si los prestanombres argentinos pusieron
realmente un millón de dólares en las campañas políticas
o si sólo pusieron 250 mil dólares y se echaron el resto
a sus bolsillos”, dijo más tarde a la prensa con un marcado
tono irónico.
Ponce reconoció que durante su investigación había
recibido ayuda sólo de la Policía Federal “pero no
así de la Side (por esos años dirigida por el menemista
Hugo Anzorreguy), que nos dijo que tenía un acuerdo de cooperación
con los servicios norteamericanos y no podían compartir información”.
Este dato, le valió a Ponce para recordar una anécdota vivida
durante el tiempo que estuvo en la Argentina siguiendo los pasos del Cartel
de Juárez: “Gracias a unas planillas de llamadas telefónicas
que nos brindó la Federal, llegamos un día a un edificio.
Se trataba de un local llamado Spartacus. Tras entablar una conversación
con los empleados, nos dijeron que tenían la protección
de la comisaría del lugar y del juez (Norberto) Oyarbide”.
Cuando los legisladores escucharon el nombre del magistrado actualmente
con licencia, no pudieron evitar disimular una pequeña sonrisa.
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OPINION
Por Rodolfo N. Yanzón *
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La sabiduría
del tero
Cuando Fernando de la Rúa estuvo en Alemania afirmó
que no obstaculizaría los pedidos de colaboración
judicial en los casos de alemanes víctimas del terrorismo
de Estado. Hace unos días, el Gobierno rechazó la
solicitud del fiscal de Nuremberg en el caso de Betina Ehrenhaus
y Pablo Lopíscopo, con el argumento del principio de territorialidad,
por el que sólo los jueces argentinos serían competentes
para entender en crímenes cometidos en nuestro territorio.
Bajo una excusa jurídica se esconde la intencionalidad política:
sostener la impunidad por las violaciones a los derechos humanos.
Sin embargo, el argumento jurídico no es válido, porque
el art. 118 de la Constitución Nacional prevé la posibilidad
de que los jueces intervengan más allá del territorio
en que los crímenes se lleven a cabo, cuando se cometan contra
el derecho de gentes. Se contrapone además con la ley nacional
de cooperación judicial, que establece que no puede rechazarse
un pedido de colaboración si “el delito cayere también
bajo la jurisdicción argentina”. Pero lo más
grave es que, al sostener el principio de territorialidad para este
tipo de crímenes, el Gobierno está enviando un mensaje
claro: su menosprecio a todos los avances alcanzados para resguardar
los derechos humanos y a la posibilidad de sancionar penalmente
a los responsables. No sólo se violan los derechos humanos
cuando grandes sectores de la comunidad no pueden acceder a condiciones
dignas de vida; también cuando se impide el legítimo
derecho a la justicia. Sabio es el tero, que grita donde no pone
los huevos.
* Abogado de los familiares de origen alemán.
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