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Por Maximiliano
Montenegro
 Uno de los puntos más
insólitos del megacanje de la deuda realizado por Domingo Cavallo,
que ahora está bajo la mira de la Justicia, fue la millonaria comisión
que tuvo que pagar el Gobierno a los bancos privados en su ficticio rol
de “intermediarios” entre los bancos oficiales y el propio gobierno.
Según documentación, a la que accedió Página/12,
el secretario de Finanzas, Daniel Marx, reclamó al Banco Ciudad
canalizar la mitad de los títulos públicos que acercó
al canje la entidad oficial a través de los bancos “creadores
de mercado”, desviando hacia éstos una comisión extra
de casi 2 millones de dólares. Marx justificó su decisión
“de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente”, es decir,
el decreto que designó a 7 bancos privados como “colocadores
principales” de la operación, y que había sido redactado
por el propio Marx y Domingo Cavallo días antes.
Una situación idéntica ocurrió con el Banco Provincia,
que también tuvo que canalizar, por disposición de Marx,
la mitad de sus títulos a través de bancos privados, que
embolsaron así de arriba 1.450.000 dólares más (ver
aparte).
Ayer, el directorio de la Auditoría General de la Nación
resolvió iniciar una investigación sobre el canje, después
de que el juez federal Jorge Ballestero reclamara información a
distintos organismos oficiales. Apenas anunciado formalmente el canje,
el presidente del Banco Ciudad, Roberto Feletti, le informó a Marx
que dicho banco oficial estaba dispuesto a ingresar al canje, con una
porción sustancial de títulos públicos. El Ciudad,
al igual que el Banco Provincia y el Nación, han venido comprando
en los últimos años bonos de la deuda no sólo como
una inversión financiera atractiva, sino también en colaboración
con el gobierno nacional. Por caso, es sabido que, desde que Cavallo llegó
al Ministerio, solicitó en más de una oportunidad a los
titulares de dichos bancos que intervinieran en la licitación de
Letras del Tesoro ofreciendo pagar tasas más bajas, de modo tal
de disminuir la “tasa de mercado” que finalmente abonaría
el gobierno.
Así las cosas, el Ciudad presentó al canje títulos
por valor de 700 millones de dólares. Un número más
que significativo que, considerando –según fija el decreto
468– una “comisión de canje” de 0,55 por ciento
sobre el monto de la operación, originaría una comisión
de nada menos que 3.850.000 millones de dólares a pagar por el
Estado nacional.
El viernes 1º de junio, día de cierre de ofertas de la operación,
Feletti dirigió una carta a Marx solicitándole que si esa
comisión era pagada por el gobierno nacional fuera imputada directamente
al Banco Ciudad, en lugar de ser regalada a los bancos privados “creadores
de mercado”. Con membrete del Banco Ciudad, la misiva de Feletti
ingresó a Economía a la Oficina Nacional de Crédito
público a las 15.00, y su director, Federico Molina, acreditó
con su firma haberla recibido (ver facsímil 1).
En una inusual muestra de eficiencia, ese mismo día el propio Marx
respondió la carta, en un memorando con membrete del Ministerio
de Economía y su firma garabateada al pie (ver facsímil
2). La respuesta del secretario de Finanzas fue la siguiente:
u Autorizó al Banco Ciudad a canalizar la mitad de su oferta a
través del Banco de la Nación Argentina, de modo tal que
la entidad pudiera quedarse con la comisión del 0,55 por ciento
sobre esa parte de la operación. Es decir: 1.925.000 dólares.
u Sin embargo, determinó que la otra mitad de bonos debía
ser canalizada “a través de los creadores de mercado”
y argumentó: “de acuerdo a la previsto por la normativa vigente”.
u Así, otros 1.925.000 dólares pagados por el Estado fueron
a parar a la bolsa de comisiones a cobrar por los bancos privados, en
este caso en su ficticio rol de “intermediarios” entre un banco
oficial argentino y el gobierno argentino. Al departamento de legales
del Banco Ciudad, en tanto, llegó la advertencia de, por lo menos,
un banco extranjero líder de iniciar acciones legales si no se
aceptaba canalizar esos fondos a través de los “creadores
de mercado”.
La paradoja es que el decreto en cuestión había sido redactado,
a instancias del propio Marx y Cavallo, y firmado por De la Rúa
días antes, el 16 de mayo pasado. Allí, “desígnase
a Banco Galicia, Santander Central Hispano, BBVA Banco Francés,
Credit Suisse First Boston, HSBC Bank, J.P. Morgan y Salomon Smith Barney
como colocadores principales” de la operación y se les reconoce
“como comisión de canje hasta 0,55 por ciento sobre el valor
nominal” de los títulos canjeados.
Sin embargo, ¿por qué no dejar allí abierta la puerta
para que el gobierno no tuviera que pagar dicho peaje hasta por los títulos
canjeados por los bancos oficiales? Aunque si, en realidad, la mitad de
la operación del Ciudad pudo ser derivada a través del Banco
Nación, ¿por qué no autorizar también la otra
mitad y ahorrarle millones al Estado?
EL
MEGAESCANDALO DEL MEGACANJE
Con el Provincia también
Por M. M.
El banco de la Provincia de
Buenos Aires, otro de los bancos oficiales líderes, también
tuvo que pagar peaje a las 7 entidades privadas que se quedaron con el
negocio del canje para trocarle sus títulos públicos al
Estado argentino. Según constan en la planillas internas del Provincia,
a las que accedió este diario, la entidad provincia ofertó
al Ministerio de Economía cambiar bonos por valor de 529 millones
de dólares, lo que teniendo en cuenta la tasa de 0,55 por ciento
origina una comisión por canje de 2,9 millones de dólares.
Al igual que sucedió con el Banco Ciudad, la Secretaría
de Finanzas sólo aceptó reconocer la mitad, mientras que
la otra mitad de títulos públicos tuvo que ser imputada
a través de los bancos “creadores de mercado”. Así,
sin siquiera haber gastado un centavo en teléfono, estos bancos
se quedaron con una “comisión administrativa” extra de
1.450.000 dólares que el gobierno nacional les pagó sin
chistar. Lo que se dice un buen trabajo de “intermediación”
al Estado.
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