Aunque insistió con que
el Gobierno no tuvo nada que ver con la medida, Domingo Cavallo dijo ayer
que no comparte muchos aspectos de la decisión de Jorge
Urso de detener a Carlos Menem. Para el ministro de Economía, el
ex presidente está sujeto a la arbitrariedad del magistrado,
de lo que el propio riojano es el culpable por haber politizado la Justicia:
Cuando uno siembra vientos, cosecha tempestades, sostuvo Cavallo,
obviando el hecho de que él era ministro en aquella época
y que aunque su situación judicial es diferente fue
uno de los firmantes de los decretos en cuestión. Más allá
de su (escasa) memoria histórica, Cavallo se metió así
en la polémica instalada en torno de la detención de Menem:
el PJ había hablado de persecución política,
motivando una réplica del bloque de diputados de la Alianza, que
aseguró que el caso de las armas simboliza la corrupción
en su máxima expresión.
El ministro de Economía se refirió al tema ayer por la mañana,
durante un encuentro organizado por IDEA. En referencia a las denuncias
de muchos diputados justicialistas por el megacanje, Cavallo recordó
que son los mismos que unos años antes lo apoyaban (ver aparte).
Están muy condicionados por la bronca que tienen por el efecto
boomerang que está produciendo sobre ellos la politización
de la Justicia, señaló el ministro. Y aprovechó
el argumento para referirse a la caso de la venta de armas.
Coincidió con el resto de la Alianza en que el Gobierno no influyó
en el arresto de Menem, pero al mismo tiempo lo defendió al considerarlo
víctima de una arbitrariedad de la Justicia. Siendo
malos los jueces que tenemos en la Argentina, en el juego de quién
es el sujeto de la arbitrariedad van a ir cambiando los personajes, pero
todos vamos a ser sujetos de la arbitrariedad de los malos jueces.
De todos modos, el culpable sería el propio Menem. El haber
designado malos jueces en la Argentina, el haber degradado a la Justicia,
el no haberse animado a remover los malos jueces nos lleva a tengamos
injusticia y mucha impunidad, sostuvo el titular del Palacio de
Hacienda.
Finalmente, Cavallo pidió una transformación del Poder Judicial.
Hay que reconocer que tenemos un problema con la Justicia. Los episodios
que en este momento están afectando al ex presidente Menem van
a terminar de convencer a toda la dirigencia de que es muy importante
que tengamos una Justicia independiente, que no busque el vedettismo,
que sea idónea y luche contra la impunidad, reclamó
el funcionario.
No es la primera vez que Cavallo se refiere al tema. A principios de mayo,
cuando el fiscal Carlos Stornelli solicitó la indagatoria de Menem,
el ministro de Economía dijo que la causa debería pasar
a la Corte Suprema. En ese momento, el reclamo de Cavallo motivó
el rechazo de algunos dirigentes de la Alianza (y un comunicado especialmente
duro firmado por la cúpula del Frepaso) que lo acusaron de meterse
donde no le correspondía.
Las declaraciones del ministro se inscriben en el marco de la polémica
entre el peronismo y la Alianza por el arresto de Menem. Esta semana,
luego de unos días de silencio, el PJ reaccionó institucionalmente
ante la prisión del ex Presidente: el Consejo Nacional, dominado
por el menemismo, emitió un documento en el que definían
al ex Presidente como un preso político del Gobierno radical.
Los jefes de los bloques legislativos Humberto Roggero y José
Luis Gioja también cuestionaron el arresto de Menem, aunque
en un tono más lavado. Al día siguiente, la bancada de la
Alianza respondió que no hay injerencia en la Justicia
ni persecución política, calificó la
venta de armas como uno de los delitos más graves de los
cuales puede ser partícipe un Gobierno y le pidió
al PJ no convertir en víctima a quien es sometido a una investigación
judicial.
El Superministro abre
el paraguas
El ministro Domingo Cavallo empezó a abrir el paraguas.
Ayer, por primera vez, habló de las controvertidas comisiones
por 141 millones de dólares que el gobierno pagará
a un grupo de bancos que actuaron como organizadores del megacanje
de deuda. El hecho de que sean investigadas judicialmente lo relacionó
con una revancha del menemismo, tras la detención del ex
presidente. Los que solicitan que se investigue el canje de títulos
públicos son los que judicializan la política
y después se quejan de las consecuencias de politizar la
justicia, aseguró. Y no descartó tener problemas
judiciales en el futuro con el tema.
La comisión administrativa (0,55 por ciento del valor del
canje) adjudicada a un consorcio de 7 bancos privados en su supuesto
rol de intermediarios de la operación les reportó
un negocio de 141 millones de dólares, que el Gobierno empezará
a pagar en efectivo el martes próximo con fondos del presupuesto
nacional. Como informó Página/12, el pago de semejantes
comisiones revela diferentes irregularidades, como ser que la mayoría
de los títulos públicos canjeados en realidad estaban
en poder de los propios bancos, que así actuaron de intermediarios
de sí mismos. Además, el secretario de Finanzas, Daniel
Marx, obligó desviar la mitad de los títulos canjeados
por entidades oficiales como el Banco Ciudad y el Provincia a los
bancos creadores de mercado, con lo cual el Estado les
regaló otros 3,5 millones extra en comisiones por ser intermediarios
entre el propio Estado argentino.
Tales hechos están siendo investigados por el juez federal
Jorge Ballestero y el fiscal Eduardo Freiler. El juez libró
ocho oficios pidiendo información a distintos organismos
oficiales y la Auditoría General de la Nación inició
una investigación sobre la cuestión. En tanto, que
un grupo de diputados del justicialismo, encabezados por Mario Cafiero,
presentó un pedido de informes en la Cámara.
Cavallo respondió ayer que los mismos diputados
que antes eran fervorosos defensores de las políticas
que él aplicó en su paso por Economía durante
la gestión menemista, ahora están pidiendo investigaciones
sobre el megacanje.
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