El ex diputado del PJ, Eduardo Varela Cid, caminó en forma automática hacia el control de Migraciones. El vuelo desde Miami lo había dejado en Ezeiza, que curiosamente funcionaba con normalidad. Una manifestación de aeronáuticos no lo habría sorprendido, tampoco un rápido despliegue de la Policía Aeronáutica Nacional (PAN). Pero cuando presentó los documentos, se llevó una sorpresa para nada relacionada con la crisis de Aerolíneas Argentinas: los agentes que custodian el aeropuerto le anunciaron con solemnidad que estaba arrestado por orden del Juzgado Correccional Nº 3. Unas cuantas horas después, tras declarar ante la jueza Ana María Bulacio Rua, quedó detenido en una sede de la Prefectura Naval Argentina.
A la mañana, Varela Cid fue llevado a una oficina de la policía aeronáutica, en Ezeiza. Unos minutos antes, la computadora de Migraciones, a la que los agentes llaman “Interpol”, informaba en pantalla que el ex legislador era requerido por la Justicia: tenía pendiente un pedido de captura ordenado por Bulacio Rúa en una causa por calumnias e injurias iniciada en 1995 por los abogados Joaquín Da Rocha y Gustavo Gené.
Esa orden judicial motivó que el ex diputado fuera llevado a los Tribunales de Inmigrantes al 1900. Allí prestó declaración ante la doctora Bulacio Rua, quien le preguntó porqué había dejado el país sin informar al juzgado de un domicilio donde pudiera ser ubicado. A principios de 1995, Varela Cid dejó su departamento de Palermo, en la calle Castex al 3300, y se instaló en Miami luego de que el empresario José Ongaro lo acusara de recibir coimas para modificar el proyecto de ley sobre el Correo.
A eso de las ocho de la noche, cuando finalizó la audiencia, la jueza, disconforme con las explicaciones de Varela Cid, ordenó que quedara preso, por lo que fue trasladado a la Dirección de Investigaciones Penales Administrativas (DIPA) de la Prefectura. Entretanto, Da Rocha, uno de los querellantes, dijo a la prensa que el expediente se inició por unas declaraciones realizadas en un programa de televisión, hace seis años. “En ese programa, Varela Cid se refirió a una jueza diciendo que era socia de mi estudio. Por eso le inicié una causa por calumnias e injurias, pero nunca se presentó porque se fue a vivir a los Estados Unidos”, afirmó. Hace unos años, Da Rocha había solicitado la extradición del ex legislador, quien ya estaba establecido en la Florida. Pero la Justicia no aprobó el planteo y el compilador de discursos de Emilio Massera -publicados en el libro El camino de la democracia– pudo seguir disfrutando de su estancia cerca de las playas de South Beach.
Precisamente, aquella mudanza a Estados Unidos graficó la caída en desgracia del autor de Es tiempo de crecer, un pequeño volumen al que aconsejaba leer para –paradojas del destino– “no tener que andar buscando visas”. Ese viaje al norte, supuestamente por estudios, fue hecho en 1995 en medio de acusaciones de corrupción. Terminó estableciéndose en Miami, mientras avanzaba la investigación por cobro de coimas que le había imputado el empresario Ongaro. Esa acusación, además, lo dejó fuera del Parlamento durante 45 días a causa de una suspensión.
La historia continuó en 1997, cuando la Cámara Federal lo procesó por haber reclamado dinero a cambio del voto favorable al proyecto de ley de correos que se discutía en julio de 1995. Y el final llegó en 1999 con el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 5 que lo condenó a dos años y tres meses de prisión en suspenso bajo los cargos de “exacciones ilegales” y lo inhabilitó por cinco años para ocupar cargos públicos. En aquel momento, sólo atinó a decir que “iba a seguir viviendo en Miami” y que la sentencia era fruto de una “maniobra”. Ayer, después de tres años de vivir fuera del país, otra imputación lo dejó preso en una dependencia de la Prefectura.

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