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Por Cristian Alarcón
 Las reiteradas amenazas de
muerte a la defensora oficial de San Isidro, María Dolores Gómez,
motivaron ayer la intervención de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos. El organismo solicitó al Estado nacional que
disponga medidas de protección para la defensora y pidió
informes sobre lo que el Estado argentino ha realizado para garantizar
la seguridad de Gómez, quien ha denunciado persistentemente las
torturas y las condiciones inhumanas de detención de los presos
bonaerenses. La CIDH respondió de esa manera a la presentación
que realizaron el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Centro
por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), que denunciaron la
inacción del gobierno argentino ante la presión que Gómez
recibió por parte del poder político provincial y los planes
para asesinarla que tendrían algunos jerarcas del Servicio Penitenciario
Bonaerense a raíz de sus denuncias ante la Justicia por violaciones
a los derechos humanos.
Las amenazas que María Dolores Gómez recibió comenzaron
el 17 de mayo cuando un preso detenido en la cárcel de Rawson le
avisó que jefes penitenciarios tramaban un plan para eliminarla.
“Dicen que la van a violar y la van a tirar en Pacheco simulando
un asalto”, le dijo. La “bronca” que según el detenido
había dentro del SPB había comenzado por las denuncias que
durante el año dos mil presentó Gómez ante la Justicia.
Primero visitó la Unidad 29, de máxima seguridad, donde
descubrió presos con marcas de torturas y golpizas, encerrados
en los típicos “buzones” de castigo. Los detenidos fueron
trasladados. Luego el relato de uno de sus defendidos la llevó
a visitar la vieja cárcel de Sierra Chica. Allí también
hizo abrir las celdas del pabellón 12, en que se encierra a los
castigados. Los presos vivían a oscuras, con sus excrementos, comiendo
con las manos y eran golpeados salvajemente. Una Cámara de Apelaciones
decidió clausurarlos. A partir de sus denuncias también
fueron desalojadas las celdas de varias comisarías del Gran Buenos
Aires.
Las amenazas que recibió llegaron a través de otros dos
detenidos. Ambos contaron que habían sido contratados por jefes
del SPB para disparar contra uno de los hijos de la defensora a cambio
de que sus informes de conducta recibieran una calificación diez
y de esa manera salieran anticipadamente. Ante la inacción del
gobierno de Carlos Ruckauf –que a través del director de Política
Penitenciaria, Miguel Angel Plo, la había presionado antes de que
comenzaran las amenazas–, el CELS y el CEJIL se presentaron a la
CIDH. “Las agresiones contra la defensora está ligadas a una
política del gobierno bonaerense de interferir en la labor del
Poder Judicial de la provincia”, le dijo Página/12 Andrea
Pochak, coordinadora del área jurídica del CELS. Hasta el
momento la Justicia no ha avanzado en la investigación de las amenazas
a pesar de que ante el fiscal Enrique Ferrari el preso de Rawson entregó
los nombres de los tres detenidos supuestamente contratados y liberados
para “hacer el trabajo”. Ferrari se declaró incompetente
y nunca esas personas declararon en la causa.
Ayer fuentes de la Cancillería, encargada de responder la solicitud
de la Comisión Interamericana, le dijeron a este diario que ya
fueron solicitados informes al Ministerio de Justicia de la provincia,
al director de Asuntos Penitenciarios y a la Procuración General
de la Suprema Corte bonaerense. El gobierno nacional tiene un plazo de
diez días para responderle a la CIDH. Luego el organismo podrá
requerir que la administración de Fernando de la Rúa cumpla
con “medidas cautelares”: que investigue las denuncias por amenazas,
que proteja la integridad física de Gómez y la de los testigos
que se encuentran detenidos en diferentes cárceles provinciales.
“Estos ataques a una funcionaria que provienen de un organismo Estatal
podrían motivar que la CIDH solicite hasta una intervención
del Servicio Penitenciario”, sostuvo Pochak.
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El debate Ruckauf–Ibarra
La polémica de la inseguridad continúa. Ayer, el
jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, y el secretario
de Seguridad, Facundo Suárez Lastra, volvieron a cruzarse
con el gobernador bonaerense, Carlos Ruckauf. El debate siguió
a la polémica desatada por Ruckauf después de proponer
infructuosamente la modificación del Código Penal
durante la reunión plenaria del Consejo de Seguridad. “Viven
dentro de una burbuja”, espetó el gobernador. “Ruckauf
tiene intencionalidad política”, devolvió Ibarra.
Suárez Lastra fue más lejos: “El discurso de
Ruckauf es demagogo, fascista y con eso muestra que es un impotente”.
La polémica –actual, porque no es la primera desatada
por Ruckauf– se inició el jueves pasado, cuando el gobernador
intentó plantear la modificación del Código
Penal, endureciendo las condenas y bajando la edad de inimputabilidad,
durante la reunión plenaria del Consejo de Seguridad Interior.
Debía saber que no tendría eco, porque en el temario
no se había fijado tratar la modificación a ninguna
ley. Y no lo tuvo. Pero Ibarra y el gobernador entrerriano, Sergio
Montiel, rechazaron enérgicamente la propuesta. Ruckauf se
levantó y se fue sin escuchar al resto de representantes.
Al salir, desató la polémica frente a los medios:
“Piensan más en los delincuentes que en las víctimas”,
dijo.
Ayer, Ruckauf insistió. “Viven dentro de una burbuja”,
acusó. Ibarra respondió que “tiene intencionalidad
política. No voy a entrar en discusiones políticas
que después dejan prisionera a la sociedad. Lo que hay que
hacer es trabajar responsablemente”. Más duro fue Suárez
Lastra: “Hizo una propuesta chiquitita. Ruckauf apela al miedo
como un demagogo y eso es de fascista. Eso revela su impotencia
para tratar el tema de la inseguridad”.
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LA
ODISEA DE DOCE PERSONAS TOMADAS COMO REHENES EN TIGRE
“Teníamos en la cabeza lo de Ramallo”
“Por suerte tuvo un final
feliz, pero todos tenemos en la cabeza lo de Ramallo y nadie se lo va
a olvidar jamás.” Así relató su odisea uno de
los doce jóvenes que ayer a la madrugada fueron tomados como rehenes
por dos ladrones, en un pool de la localidad bonaerense de Tigre. Después
de dos horas, los delincuentes decidieron escapar llevándose al
dueño del bar, a una de sus empleadas y a un cliente como escudo.
El desenlace llegó apenas 30 minutos después, en la ruta
197, cuando la policía interceptó a los ladrones. Un agente
y la empleada resultaron heridos durante el rescate.
Damián Martínez, de 20 años, y Mario Rocasalva, de
22, se mezclaron entre las personas que ayer, cerca de la 1, todavía
jugaban al pool en el bar Match-Point, ubicado en Avenida Cazón
y Marabotto. Jugaron un par de partidos, tomaron algunas cervezas y después
de un rato sacaron sus armas para amenazar al dueño del bar. Tras
alzarse con el dinero de la caja, recolectaron las pertenencias de los
clientes, e incluso de los empleados del comercio.
El asunto se complicó cuando un vecino avisó a la policía
que en el bar había problemas. Con el sonido de las sirenas, los
delincuentes perdieron la paciencia. “Empezaron a presionarnos para
que les dijéramos quién llamó al patrullero desde
adentro del negocio, pero de adentro no salió ninguna llamada”,
narró con voz quebrada uno de los rehenes, sin animarse a dar su
nombre. “A uno se le pasan mil cosas por la cabeza cuando ellos tienen
el arma, cuando te intiman a hacer cosas, había mil cosas que ellos
pedían”, agregó.
Mientras tanto, un centenar de policías de la comisaría
1ª de Tigre, la Jefatura Departamental de San Isidro, el Grupo GEO
y el Comando de Patrullas, rodeaban la manzana.
–¿Me van a seguir? –preguntó el delincuente, parado
en la puerta del bar, mientras apuntaba a la cabeza de uno de los rehenes
con su revólver calibre 32 niquelado.
–Nadie te va a tirar un tiro, pibe... No maltratés a la gente
–le contestó un negociador de la policía.
–Por trescientos pesos estás arriesgando la vida de siete
personas, largá el palo, vos no querés a nadie... –seguía
el ladrón–.
La elección de los escudos humanos distaba de ser azarosa: los
ladrones habían elegido como salvoconductos al dueño del
pool (Alfredo Canclini, de 41 años), a una de las mozas (Paola
Forlan, de 18) y al dueño del Fiat Uno estacionado en la puerta
(Sergio Madalena, de 39). Uno de los asaltantes se escudaba en Sergio,
mientras gritaba “¡Sacame el embudo! ¡Sacame el embudo!”,
refiriéndose al operativo de seguridad que había montado
la Jefatura Departamental de Tigre. Su compañero seguía
protestando:
–Yo te la tiro, no quiero ir en cana. No me quiero ir en cana...
¡Que me dejen ir, loco! ¿Por qué no me dejás
ir, guacho? Yo me quiero ir a mi casa, loco, me quiero ir a mi casa a
darle de comer a mi hijo.
Finalmente lograron escaparse, a bordo del Fiat Uno. Pero la policía
de Tigre había dispuesto un cerco de seguridad en un radio de 10
cuadras. En San Fernando, sobre la ruta 197, un móvil interceptó
al auto donde se desplazaban los delincuentes y los rehenes. Los ladrones
respondieron a los tiros. Una bala hirió en el brazo a Paola, otra
destrozó el parabrisas y desató una lluvia de vidrios que
le cortaron la cara a la chica y a Sergio, que manejaba el auto. Un tercer
disparo alcanzó al sargento primero Daniel Beltrame en la mano.
Los delincuentes fueron detenidos y trasladados a dos comisarías
de la zona, donde quedaron a disposición de la jueza de Garantías
Marcela De Langhe. “Estaban muy violentos, yo creo que drogados o
borrachos”, dijo a Página/12 el comisario Alberto Cánepa,
titular de la Departamental de Tigre, quien agregó que ambos delincuentes
tenían antecedentes “por varios robos en la zona”.
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