Por Horacio Verbitsky

La idea de que Carlos Menem padece una persecución política del gobierno bajo guisa de causa judicial ha producido tanta perplejidad en Olivos como delicia en La Plata. La Unión Cívica Radical y el gobierno nacional están preocupados y no eufóricos. En parte, porque la investigación ha puesto en foco la actividad del Grupo Macro. Entre sus directivos se contaron nada menos que el jefe de gabinete Chrystian Colombo y quien fuera íntimo colaborador de José Luis Machinea, desde el Banco Central hasta el ministerio de Economía, Roberto Eilbaum, dos fieles de la eminencia gris oscuro del radicalismo, Enrique Nosiglia. En cambio, el gobernador Carlos Rückauf ha aprovechado la salida de pista de su ex compañero de fórmula para reforzar su campaña proselitista, a horcajadas de la histeria colectiva por la inseguridad.

Macroinquietud

El Banco Macro hizo su ingreso espectacular a la causa con el testimonio de Rubén Weizman, contador de la firma Elthan Trading, quien suministró un detalle de los 36 millones de dólares transferidos desde esa empresa fantasma al Yoma Group, 14 de ellos en 1996 a través del Banco Macro. Esto no implica ningún cargo penal contra Colombo, quien no formó parte del Banco sino de su financiera Macrovalores, a la que ingresó después de aquellas transferencias. Pero sí demuestra una promiscuidad de negocios que atraviesa las fronteras partidarias.
Por mucho menos, el financista Pedro Stier tuvo que decidir entre colaborar con la investigación o mudarse a una celda de la Gendarmería. Su empresa Multicambios fue canal para transferencias similares de Elthan Trading a Yoma, por seis millones. El fiscal Carlos Stornelli y el juez Jorge Urso juegan al límite de lo que permiten los códigos argentinos, que no contemplan el plea bargaining de los procedimientos federales en los Estados Unidos, donde el acusado puede negociar su situación con el instructor, a cambio de las pruebas que le aporte. Luego de 45 días de tira y afloje y asesorado por el ex viceministro de Interior, Ricardo Gil Lavedra, Stier escogió el mal menor. La semana pasada asestó un golpe de knock-out a la defensa de Yoma y Menem, al declarar que aquellas operaciones fueron “compras de transferencias” ordenadas por Emir Yoma y no “remesas desde una entidad de Hong Kong”, como había declarado el riojano. Traducido al porteño: Yoma no ganó la grande; compró el billete premiado para blanquear ingresos inconfesables.
Macro también aparece en las investigaciones de la comisión parlamentaria sobre el lavado de dinero. El propio Colombo es investigado por el juez federal Claudio Bonadío, como eventual partícipe en una estafa de 12,5 millones de dólares cometida por el Grupo Yoma, en beneficio del Banco Macro y en perjuicio del Banco Nación, cuando Colombo lo presidía. La Jefatura de Gabinete tardó un mes más de lo establecido para responder cuatro preguntas sobre Macro formuladas por las legisladoras del Frepaso Graciela Ocaña e Irma Parentella. La demora se debió a la obsesiva revisión de cada palabra emprendida por el propio Colombo. La respuesta incluyó un anexo con los principales deudores del Banco Macro. Entre ellos figuran el amigo presidencial Fernando de Santibañes; el banquero de la fallida rrrelección menemista, escribano Raúl Juan Pedro Moneta, su tío Benito Jaime Lucini, varias empresas de las que ambos son accionistas, el CEI, el Citibank y la propia Macrovalores que condujo Colombo.

Alter ego

Por estas y por otras razones, la actitud oficial no es equívoca. El ex presidente Raúl Alfonsín cuestionó la figura de la asociación ilícita, que eriza los nervios de toda la clase política. “¡¿Cómo se puede acusar de asociación ilícita a un presidente de la República, sosteniendo que él y sus ministros se confabulaban o fueron nombrados para cometer delitos en forma indeterminada?!”, preguntó Antonio Cafiero durante la sesión del Senado del miércoles 13, luego de comparar la situación de Menem con la de Juan D. Perón luego del golpe de 1955. Ningún radical alzó la voz para refutar ese disparate, que la Cámara Federal ya había triturado al confirmar la prisión preventiva de Emir Yoma: “No se investiga la gestión de un gobierno en particular, sino la comisión de delitos los que, consecuentemente, se presentan con absoluta independencia de las posibles funciones públicas que podrían o no haber desarrollado los presuntos implicados”.
El presidente Fernando de la Rúa se encargó de que fuera público su disenso con el otro artículo del Código Penal que empleó Urso para recluir a Menem en el campo de concentración con piscina que Natalio Botana I erigió en Don Torcuato: el de la inclusión de datos falsos en los decretos de exportación de armas, para encubrir el destino real de los embarques. Recurrió para ello a su alter ego jurídico, Miguel Angel Almeyra, quien fue durante años su adjunto en la cátedra de Derecho Procesal y es asesor del Ministerio de Justicia. De la Rúa le tiene tanta confianza que lo eligió como defensor de la Juventud Antoniana y del Infante Aíto cuando una grabación clandestina y una investigación periodística pusieron en duda la legitimidad de los exámenes universitarios de ambos hijos presidenciales.

Una falsedad sobre la falsedad

Al referirse a la situación de Menem, Almeyra recordó que la última dictadura había arrestado al jefe de la penúltima, Alejandro Lanusse, por falsedad ideológica del decreto del Poder Ejecutivo que aprobó el contrato con la empresa Aluar. Según el vocero presidencial para esta materia, la Cámara Federal admitió el argumento de la defensa, de que la falsedad ideológica “sólo puede cometerse en instrumentos fedatarios, un acta de nacimiento o de defunción, una escritura pública, pero jamás en un decreto presidencial, que es un acto de administración gubernamental, de la misma manera que no puede cometerse en el texto de una ley”. Pero el adjunto de De la Rúa leyó al revés la decisión que adoptó entonces la Cámara Federal: también son documentos públicos las actas de los expedientes judiciales, los administrativos, las sesiones legislativas “y los decretos del Poder Ejecutivo”, afirma el fallo. Añade que en el sistema constitucional argentino los decretos del Jefe de Estado pueden dar lugar a actuaciones penales por falsedad ideológica, debido al principio constitucional de igualdad. Es cierto que la Cámara dejó en libertad a Lanusse, pero la razón fue que no encontró en aquel decreto “afirmación alguna que importe una falsedad”. No puede decirse lo mismo de los decretos para la venta de armas firmados por Menem y sus ministros, entre ellos Domingo Cavallo. Esos instrumentos dijeron que los envíos eran para Venezuela y Panamá pero las armas salieron rumbo a Ecuador y Croacia. Precisamente sobre este punto, puede encontrarse otra referencia de actualidad: los camaristas objetaron la decisión del juez Eduardo Francisco Marquardt, quien procesó a algunos firmantes del decreto y no a otros, aunque todos estaban “en similar situación desde el punto de vista objetivo”. Almeyra se cuida de citar este tramo del fallo, porque De la Rúa busca ayudar a Menem, no hundir a Cavallo, quien también firmó los decretos para la exportación de armas.

Quién es quién

El juez, el fiscal y dos de los tres integrantes de la Cámara de Apelaciones fueron designados por Menem. Urso ocupó un cargo jerárquico de la administración municipal de Carlos Grosso y fue apoderado de la lista electoral encabezada por Erman González. Stornelli abrazó sonriente al ahora huésped de Armando Gostanian, como se observa en la simpática fotografía distribuida esta semana por el despechado entorno menemista, y su nombre también apareció al abrirse la caja de Pandora de las agendas de Emir Fuad Yoma, atesoradas por Lourdes Di Natale. Stornelli ha desarrollado un eficaz estilo para relacionarse con la prensa, cuyas preguntas acepta o rechaza según convenga o perturbe al expediente. No parece haber advertido que actos propios como los encuentros con Menem y Yoma fuera de tribunales, no pueden quedar cubiertos por la misma discrecionalidad.
Pero, además, las principales pruebas que condujeron a la detención de Menem, de su cuñado y de su ex ministro González son documentales (es decir que no tienen partido) o provienen de testimonios de ex funcionarios del propio gobierno menemista. La investigación, iniciada bajo el gobierno anterior, tenía ya más de 40 procesados, entre ministros del Poder Ejecutivo y funcionarios de Fabricaciones Militares, cuando el ex director del Banco de La Rioja Luis Eustaquio Sarlenga apuntó hacia Yoma y González. Sarlenga fue sometido a la misma disyuntiva que Stier, con un agravante: llevaba ya dos años preso. La presión con la prisión preventiva para obtener declaraciones no es un invento argentino: también se utilizó en el idealizado mani pulite italiano y en las investigaciones por la corrupción política en Francia. En ambos casos, esto dio lugar a reformas legislativas más cuidadosas de las garantías individuales, cosa harto improbable en cualquier parlamento de Subamérica, aunque no en todos sus tribunales de justicia.
Más importante aún para la ruina del ex presidente fue el testimonio de Esteban Caselli, quien vinculó a Menem con lo investigado hasta ese momento. Caselli dijo que fue Menem quien le ordenó imponer al ex ministro de Defensa Oscar Camilión la inamovibilidad de Sarlenga en Fabricaciones Militares. En 1998, cuando Camilión lo contó por primera vez, Caselli lo desmintió. Pero ahora, Rückauf anunció que le había ordenado confirmar los dichos del ex ministro. De allí a la detención de Menem restaban un par de pasos, que el jinete Urso cubrió de un salto, cuya solidez probatoria debe fundamentar antes de volver a pisar tierra firme. Caselli no es el único tránsfuga de las filas menemistas que emigró al rucufismo. Junto con él desertó Ricardo Klass, el ex secretario de justicia y ex abogado personal de Menem, en la causa por la muerte de su hijo. Klass fue quien refutó en nombre de Menem la hipótesis de Zulema Yoma sobre un atentado en contra del helicóptero, hasta que Menem negoció adherir a la versión de su exposa, en la que nunca creyó, para apaciguar un frente demasiado peligroso. En consecuencia, Klass es tan conocedor como Caselli de la intimidad del ex presidente. Es decir, de sus puntos vulnerables. Ya se verá qué planes tiene Rückauf para él.

Todos contra todos

Menem ha carecido hasta ahora de una aceptable defensa jurídica. El único del equipo que ha leído el expediente es Mariano Cúneo Libarona, lo cual tipifica la indefensión del ex mandatario. Oscar Roger ve a Mariano Cavagna como un falso noble italiano y es visto por él como un chusco cordobés. Ni siquiera en el despacho del juez ocultan la antipatía que se profesan. La semana pasada, Roger lisonjeó a Urso: “La idea de recusarlo la planteó este viejo chocho, pero ha sido desechada”, le dijo, a un metro de Cavagna. Los ex jueces Adolfo Bagnasco y Gustavo Literas “son ursólogos. Asesoran sobre cómo explotar el carácter efervescente de Su Señoría, que ama disparar con ametralladora en su campo, para sacarlo de sus casillas y hacerlo tropezar”, ironizan empleados federales. Urso acumula una docena de nulidades dispuestas por tribunales orales que recibieron sus expedientes. Pero nadie en el bando menemista está estudiando ese aspecto. Menem llegó a considerar la posibilidad de una fuga del país, para lo cual hasta se estudió el alistamiento de un helicóptero. Dos testigos de primera mano e independientes entre sí contaron la misma historia: fueron el abogado Roger y el ex ministro del interior Carlos Corach quienes lo disuadieron. Roger, que fue su profesor en la Facultad de Derecho de Córdoba, usó argumentos personales. Corach le hizo ver que el justicialismo lo abandonaría y debería dar por concluida en forma ignominiosa su carrera política. Aunque al cabo de una docena de días los nervios se hayan apaciguado, el Hermano Eduardo advierte que la politización de la causa es necesaria pero insuficiente y está tratando de fortalecer el enfoque jurídico. Para eso ha consultado a Carlos Arslanian, quien desde hace años atiende los asuntos del Senador. El ex ministro de Justicia respondió que le encantaría tomar el caso, pero que no está dispuesto a compartir la defensa con ningún otro abogado, lo cual por ahora ha congelado las tratativas.

Ineficacia y violencia

Mientras Menem paseaba por el jardín con Napoleón, Rückauf retomaba su ofensiva monotemática. “La cuestión de la seguridad es gravísima y no tiene ninguna solución posible. Por eso, lo único que puedo hacer es impedir que me aplaste, como le ocurrió a Duhalde. Cuanto más fascistas sean las medidas que yo proponga, más gente habrá a quien echarle la culpa por oponerse a ellas”, fue su respuesta a un asociado político incómodo con su campaña de mando dura. Dejando de lado el cinismo del planteo, el peligro es que no haya tanta resistencia como presume Rückauf y que la escalada autoritaria progrese sin obstáculos.
El breve debate del miércoles en el Senado antes de la sanción de la ley que otorgó a la Policía Federal facultades de improbable constitucionalidad, sobre un proyecto del rucufista Dámaso Landaburu, fue revelador. De nada sirvieron los esfuerzos de Amnistía Argentina, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Cordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), que recorrieron los despachos con un sólido documento impugnatorio del proyecto. Ese texto no sólo reivindica principios básicos de la convivencia democrática. También demuestra la ineficacia de los “mecanismos autoritarios como las detenciones indiscriminadas o los operativos masivos de control”. De acuerdo con investigaciones realizadas en la Ciudad de Buenos Aires, “de 1700 personas detenidas por mes, sólo en el 1 por mil de los casos existían razones para la detención”. Por otra parte, “tanto las investigaciones de los delitos simples como de los más graves, como el atentado contra la AMIA o el asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas, se obstaculizan no por la falta de facultades policiales, sino justamente por las irregularidades y los delitos cometidos por funcionarios policiales”. La nueva ley aumentará la discrecionalidad de una policía caracterizada por la “falta de respeto por la ley, las redes de ilegalidad y corrupción, y la resistencia a los controles políticos, judiciales y ciudadanos”. Con mayores facultades policiales aumentarán la discriminación y la conflictividad social, ya que la policía selecciona como objetivo para operativos de control de tipo militar “a los jóvenes, los pobres, los desocupados, los inmigrantes, los solicitantes de asilo y sectores minoritarios por su identidad sexual”. El estado de inseguridad “abarca, entre otros aspectos, la inseguridad laboral, la inseguridad salarial, la inseguridad previsional, la inseguridad sobre la salud y la inseguridad sobre nuestro futuro. En este contexto, reducir el problema de la inseguridad a un debate sobre las atribuciones de tal o cual fuerza, constituye una negación del problema real”.

Sólo una ilusión

El único argumento que opuso el puntano Jorge Agundez, quien preside el bloque radical, fue que “tenemos necesidad de aprobar esto, porque somos oficialistas”. Agundez consignó su personal oposición a lo que votaría dada “la historia que han tenido la Policía y las fuerzas de seguridad del país” y añadió que la norma no era “la panacea; seguramente habrá que hacer otras cosas importantes, como preparar mejor a la policía”, tema crucial al que ni él ni el cuerpo asignan ninguna urgencia. Su comprovinciana justicialista, la ex fiscal de Estado Liliana Negre de Alonso dijo que tampoco compartía el proyecto y confesó sin vueltas que sólo “respondemos a la ilusión y requerimiento de la ciudadanía”. Dijo que el país asistía a un “estallido social” y que la criminalidad obedecía a problemas estructurales, como la desocupación y las crecientes “diferencias entre los habitantes de este país”. Pero a continuación comunicó su apoyo a la ley que permitirá revisar y detener a los ciudadanos sin orden judicial y allanar sus viviendas sin testigos, sin molestarse por explicar qué incidencia tendrán los previsibles abusos policiales en los índices de desempleo. Sólo el justicialista riojano Jorge Yoma votó en contra. Antes, adujo que el permiso de allanar sin la presencia de testigos equivale a “declarar el estado de sitio en el país” y recordó que por usar estas prácticas “hemos destituido al juez Hernán Bernasconi”. También repitió una pregunta crucial que nadie contestó: “¿En qué contribuye a la eficacia en la lucha contra el delito, el hecho de que alguien esté incomunicado diez horas en lugar de seis?”. El vergonzante silencio tiene una explicación: todos los senadores saben que esa es la forma de encubrir los apremios ilegales o la tortura de los detenidos, cuyas confesiones serán incorporadas luego al expediente judicial como “testimonios” de los policías que interrogaron al detenido “en el lugar del hecho”. La policía de Buenos Aires tiene desde hace un año las facultades que ahora obtuvo la federal. La cantidad de presos creció en forma vertical, pero eso no mide una mejora en la seguridad, ya que también creció el número de delitos cometidos.

El contrato roto

Mucho más rico había sido el debate en la Cámara de Diputados, dos semanas antes, gracias a la descollante intervención de la radical Elisa Carrió. “Hay un sector que no tiene nada que ganar respetando la ley, porque lo ha perdido todo. No obtiene ganancia por su participación en el contrato social, en términos de Rousseau, ni en los de Totem y tabú de Sigmund Freud”, explicó. En esas condiciones, “el que todavía obtiene una ganancia de ese contrato social se convierte en enemigo”. No “los ricos, los que se robaron este país y viven tan asegurados que nada les pasa”, sino los que tienen “alguna mínima participación en el rédito social”, como un almacén o una farmacia. De este modo comienza “la impugnación social anómica” que deriva en una “guerra de víctimas” en la que “otros pobres que tienen algún rédito y trabajan como policías, reprimen a los pobres que están fuera del sistema”. El aumento de facultades policiales sólo incrementará esta violencia social, “porque el policía que tiene el arma también está angustiado”. Así “no hay salida, porque la gran cuestión moral en la Argentina es la economía y la cuestión social”. Carrió destacó que el tema de la inseguridad, siempre aparece “en los meses de mayor violencia social” e instó a no incrementarla, para no degradar la democracia y quedar todos como rehenes. El socialista Jorge Rivas recordó palabras pronunciadas en la misma cámara por Alfredo Palacios “cuando sostuvo que el Derecho Civil, el derecho de propiedad, sólo es aplicable a los ricos y el Derecho Penal es sólo aplicable a los pobres”. Con sus claroscuros y sus ambigüedades, la investigación por la venta de armas contradice esa maldición y apunta en la dirección propuesta por el bloque que integran tanto Rivas como Carrió: Argentinos por una República de Iguales.

PRINCIPAL