|
Por
Eduardo Tagliaferro
 Convencidos
de que el juez Jorge Urso ya tiene decidido el procesamiento de Carlos
Menem, sus operadores desplazaron las presiones hacia la próxima
estación en que parará la causa sobre la venta ilegal de
armas por la que está preso el ex presidente: la Sala II de la
Cámara Federal porteña. Así surgieron las versiones
de que “Carlos Menem sale en 30 días”, que la semana
pasada repitieron todos los medios sensibles al menemismo y algunos eminentes
juristas como el ex miembro de la Corte Suprema y actual auditor Rodolfo
Barra. Pero las presiones sobre la Sala II no provienen sólo del
menemismo. En los últimos días, funcionarios muy cercanos
a los camaristas le comentaron a Página/12 que importantes figuras
del radicalismo –como Raúl Alfonsín o el jefe de la
SIDE, Carlos Becerra, que desmintieron a este diario esa información–
establecieron vías de comunicación con los jueces, tanto
para requerir información sobre la causa como para transmitirles
la preocupación que genera en el Gobierno la situación procesal
de Menem y sus posibles repercusiones sobre la gobernabilidad del país.
“Alfonsín tiene una preocupación lógica, pero
de ninguna manera sus llamados son considerados como un condicionante”,
comentó a Página/12 un funcionario muy cercano a los camaristas
Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Luraschi, quien admite
la existencia de las conversaciones. Aunque reconoce los diálogos,
el funcionario prefiere hablar hipotéticamente, así es que
comenta: “El ex presidente está preocupado por la utilización
de la figura de la asociación ilícita, su demanda se habría
limitado a despejar dudas al respecto y habría pedido una copia
del fallo cuando éste se produzca”. “Oficialmente desmiento
que Raúl Alfonsín se haya comunicado con ningún integrante
de la Sala II, menos para transmitir alguna preocupación”,
respondió a Página/12 el vocero del ex presidente, cuando
este diario le preguntó sobre los llamados a los camaristas.
La preocupación de Alfonsín por analizar jurídicamente
la figura de la asociación ilícita es, sin embargo, un hecho
público, ya que le encargó a un grupo de juristas un trabajo
sobre el tema. Conocedores de los tiempos políticos, en el entorno
de Alfonsín aseguran que no formularán ningún comentario
público sobre la figura procesal que tiene a Menem preso en la
quinta de Don Torcuato hasta que no lo hagan los tribunales.
Cuando Menem fue acusado de ser el jefe de la banda que pergeñó
la millonaria venta de armas, sus seguidores respondieron al unísono
diciendo que “un gobierno no es una organización constituida
para delinquir”. La propia Sala II descartó ese argumento
en el dictamen que confirmó el procesamiento de Emir Yoma. “En
la presente causa no se investiga la gestión de un gobierno en
particular, sino la comisión de delitos”, sostuvo el tribunal
de alzada en aquella ocasión. Allegados a los camaristas, que conocen
bien el expediente, aseguran que si existe alguna causa en que la asociación
ilícita está corroborada es justamente ésta. Pero
los operadores judiciales y periodísticos del menemismo no se rinden
y ahora sugieren que así como los camaristas no dudan de la existencia
de la figura delictiva, vacilarían en que el puesto de Jefe le
corresponda al ex presidente y que por lo tanto podrían decidir
su libertad. Hasta ahora, los camaristas no han hecho comentarios públicos
sobre el tema, pero sus allegados reconocen que las últimas actuaciones
son materia desconocida para los jueces. Un detalle no menor si se tiene
en cuenta que en el último tiempo se han agregado más de
veinte cuerpos a la causa.
Arnoldo Klainer es uno de los juristas radicales más consultados.
Su agenda contiene por igual encuentros con hombres de Fernando de la
Rúa como con el propio Raúl Alfonsín. Nadie desconoce
que suele fatigar los más diversos despachos de los tribunales
y agotar las líneas telefónicas con las consultas más
dispares. Es el propio abogado quien admite sus llamados casi cotidianos
con algunos de los camaristas que entienden en lacausa judicial que tiene
preso a Menem, Erman González, Martín Balza y al menor de
los Yoma, el Emir de la familia. “Somos amigos”, es la explicación
que el letrado radical entrega para justificar sus contactos con los camaristas.
“De ninguna manera el doctor Carlos Becerra participa de reuniones
con hombres de la Justicia, ni tampoco los llama”, comentaron a este
diario allegados al titular de la SIDE cuando se los consultó por
una reunión que habría mantenido con algunos de los integrantes
de la Sala II de la Cámara Federal. Al margen del desmentido, un
integrante del círculo cercano de los camaristas le dijo a Página/12
que Becerra se habría reunido con más de uno de los tres
jueces. En ese encuentro, les habría transmitido la preocupación
del Gobierno ante el escenario que para ellos plantea la detención
del ex presidente. Palabras más, palabras menos, Becerra habría
dicho que Menem preso es un factor de fuerte presión para un gobierno
jaqueado por años de recesión económica, internas
desangrantes y especulaciones financieras y políticas por la salud
del Presidente. Más allá del discutido encuentro, también
trascendieron algunos llamados telefónicos hacia los magistrados.
“El camarista habló con Becerra pero no comentó el
contenido del diálogo”, afirmó un funcionario cercano
a uno de los jueces de la sala II, cuando Página/12 lo consultó
sobre los contactos.
Todavía no existe ningún fallo sobre Carlos Menem, pero
el oficialismo –más allá de las denuncias hipermenemistas
de que el Gobierno estaría detrás de la detención
del ex presidente– ha demostrado ser sensible a las imágenes
provenientes de la quinta de Don Torcuato. Fernando de la Rúa insiste
en calificar la prisión de Menem como una muestra de “la independencia
del Poder Judicial”, pero cada vez más le cuesta disimular
las preocupaciones que le suscita. Las presiones que acumulan los camaristas
de la Sala II son buena prueba de ello.
|
