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Página/12
en Perú
Por
Carlos Noriega
Desde Lima
 El
Perú fue convertido en un narcoestado por el gobierno de Fujimori,
es la lapidaria conclusión a la que ha llegado una comisión
parlamentaria que investigó las actividades ilícitas de
Vladimiro Montesinos, el gran socio de Alberto Fujimori en el poder. El
voluminoso informe de 1500 páginas de este grupo de trabajo integrado
por cinco congresistas y que preside David Waisman, electo vicepresidente
segundo en la fórmula de Alejandro Toledo, también incluye
graves acusaciones sobre los negociados en la compra de armamento y otras
operaciones delictivas, y ha desatado un conflicto de poderes entre el
Congreso y las Fuerzas Armadas. Han sido denunciadas 222 personas y se
han detectado movimientos bancarios ilegales por 246 millones de dólares.
 A medida
que se sigue destapando la olla de la corrupción organizada por
Fujimori y Montesinos, se descubre que la historia de los negocios sucios
no concluyó en un pasado cada vez más remoto. La Comisión
Waisman también acusa al actual comandante general de la Fuerza
Aérea y presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas,
teniente general Miguel Medina, de traición a la patria por haber
formado parte de una irregular compra de aviones rusos MIG 29 que dejó
millonarias comisiones ilícitas a Montesinos y sus socios. Por
su parte, la Contraloría acusa al general del ejército en
retiro, Daniel Mora, anunciado como ministro de Defensa en el próximo
gobierno de Alejandro Toledo, de haber formado parte de la trama militar
para beneficiarse con comisiones ilegales en la compra de armamento y
pertrechos. En medio de estas denuncias, José Ugaz, procurador
encargado de investigar a Fujimori y a Montesinos, reveló que cuenta
con el testimonio de un “testigo clave” que incrimina al ex
presidente en actividades ilícitas. Sobre la identidad del testigo,
Ugaz se limitó a decir que “es un hombre cercano a la red
de corrupción”.
Luego de escuchar numerosos testimonios, entre ellos el de una informante
de la DEA, la Comisión Waisman llegó a la conclusión
que Montesinos se asoció con el Cártel de Tijuana para instalar
un laboratorio de producción de clorhidrato de cocaína en
Pisco, pequeño puerto pesquero ubicado a unos 250 kilómetros
al sur de Lima. Montesinos, a quien el general norteamericano Barry McCafrey,
zar antidrogas durante la administración Clinton, llegó
a felicitar por sus “importantes acciones en lucha contra el narcotráfico”,
era, según esta comisión investigadora del Congreso, “el
jefe de la mafia del narcotráfico en el Perú”, y como
tal negociaba con sus pares de Colombia y México. “Fayed”
y “Ruben” serían los dos sobrenombres con los que Montesinos
era conocido en el mundo del narcotráfico. Hace algunos meses,
Roberto Escobar –hermano del fallecido capo del Cártel de
Medellín, Pablo Escobar– reveló que su hermano tenía
negocios desde fines de los años ‘80 con Montesinos y que
llegó a dar dinero para una campaña electoral de Fujimori
a cambio de protección en el Perú para sus operaciones.
Además de tener su propio laboratorio de cocaína y su propia
mafia, Montesinos, en complicidad con el ex comandante general del Ejército,
general Nicolás Hermoza Ríos, actualmente preso, cobraba
cupos a los otros narcotraficantes que querían trabajar en el Perú.
El compromiso de las FF.AA. con el narcotráfico llegó a
tal grado que los soldados se dedicaban a cuidar las pistas clandestinas
para las avionetas que llegaban a la selva a recoger droga e incluso se
llegaron a usar helicópteros militares para transportarla. Buques
de la Marina y hasta en el avión presidencial eran utilizados para
llevar cocaína al extranjero. El destituido presidente Fujimori
ha sido acusado de haber indultado ilegalmente a dosprocesadas por narcotráfico.
De otro lado, la procuraduría especial que investiga las actividades
ilícitas de Fujimori y de Montesinos sindica al ex presidente del
Congreso y ex primer ministro del gobierno de Fujimori, Víctor
Joy Way, como la persona encargada de lavar el dinero de las actividades
ilícitas de la mafia de Montesinos.
Pero no sólo los funcionarios del fenecido régimen de Fujimori
son perseguidos por la negra herencia dejada por el prófugo Montesinos.
El actual jefe de las Fuerzas Armadas, teniente general del aire Miguel
Medina, ha sido acusado de haber hecho en 1998, en su calidad de inspector
general de la Fuerza Aérea, un informe en el que presentaba como
“nuevos de fábrica” tres aviones MIG 29 que en realidad
eran de stock, para de esta manera sobrevaluar su precio. Esta operación
de compra le habría dejado a Montesinos y sus socios una comisión
ilegal de 53 millones de dólares. Recordando los tiempos del fujimorismo,
los militares organizaron una conferencia de prensa para desacreditar
el informe del Congreso. La Comisión Waisman respondió a
las presiones castrenses ratificándose en los cargos contra el
máximo jefe militar. “Los militares han mentido cuando han
insistido en decir que los aviones eran nuevos”, contraatacó
Waisman. Y remató: “Por dignidad y ética, el general
Medina debe renunciar”. En medio de este conflicto entre el poder
militar y el legislativo, el presidente del gobierno de transición,
Valentín Paniagua, que enfrenta su segunda crisis militar desde
que asumió el poder en noviembre del año pasado, se ha limitado
a decir que “no hay que apresurarse” para tomar una decisión
sobre el futuro del cuestionado general Medina.
Alejandro Toledo tampoco se ha salvado de ser salpicado por el escándalo.
En su caso, el misil que estalló en el centro de su equipo de gobierno
no salió del Congreso sino de la Contraloría. La acusación
contra el general en retiro Daniel Mora, su voceado ministro de Defensa,
de haber formado parte de la mafia militar dedicada a cobrar coimas en
la compra de armas lo ha puesto en difícil situación. Mora
ha negado los cargos y ha acusado a la contralora Carmen Higaona, funcionaria
nombrada por Fujimori pocos meses antes de su caída, de actuar
con “intencionalidad política”. Hasta su pase al retiro
en 1998 Mora era considerado como un general cercano al ahora detenido
general Nicolás Hermoza. Un pasado que quisiera olvidar, pero que
compromete aún más su posible futuro como ministro.
Esta no es la única crisis que enfrenta Toledo a pocos días
de ganar las elecciones y cuando falta poco más de un mes de asumir
el poder. La revelación de que otro de sus potenciales ministros,
Pedro Pablo Kuczynski, casi seguro titular de la cartera de Economía,
tiene también la nacionalidad norteamericana, ha despertado suspicacias
y temores. El síndrome Fujimori ronda a Kuczynski. Y, por si esto
fuera poco, del pasado ha regresado como un peligroso fantasma: la gestión
de Kuczynski como ministro de Energía y Minas a inicios de los
años ‘80 y las acusaciones que entonces se le hicieran de
favorecer a las transnacionales petroleras con millonarias exenciones
impositivas.
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