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Por
Fernando Cibeira
 Las
graves consecuencias del conflicto de Salta provocaron ayer un ejercicio
al estilo gran bonete entre las partes involucradas. Lo inició
la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, quien temprano aclaró
que el piquete hacía rato que había dejado de ser responsabilidad
de su cartera para convertirse en una cuestión de seguridad, ya
que conocían “uno por uno” a los manifestantes. El secretario
de Seguridad, Enrique Mathov, centralizó las culpas en los piqueteros.
“Hay grupos de personas perfectamente entrenadas, no cualquiera es
un francotirador”, remarcó. Su jefe, el ministro del Interior,
Ramón Mestre, desplegó la estrategia de reparto del Gobierno:
reiteró que la orden del desalojo la dio el juez federal salteño,
que la solución a los piqueteros la tienen que dar en primer término
el gobierno local y luego el provincial, que el gobernador Juan Carlos
Romero había desaparecido, que uno de los dos muertos fue herido
con una bala de los manifestantes y que la situación continuaba
siendo peligrosa por los tanques llenos de combustible que hay en la zona.
Por último: no descartó el estado de sitio si el conflicto
se agravaba. De lo que nadie habló fue acerca de alguna posibilidad
de error.
“En el Ministerio de Trabajo se conoce exactamente, uno por uno,
quiénes son y cómo se han organizado, qué tipo de
actividades tienen, y eso ha sido informado a los distintos organismos
que lo han pedido”, reveló Bullrich, en el tiempo que le dedicó
al conflicto salteño en medio de las negociaciones por Aerolíneas.
“Se le ha informado al Ministerio del Interior, a la secretaría
de Seguridad y al gobierno de Salta. Hace un tiempo largo que esto no
era cuestión de Trabajo, pasaba por una cuestión de seguridad
porque había un objetivo diferente”, agregó.
Además de deslindar culpas, las palabras de Bullrich fueron testimonio
de que el Gobierno estaba al tanto del cariz que podría tomar el
corte de la ruta 34 que ya llevaba dos semanas. En general, los funcionarios
que salieron a hablar hicieron hincapié en el carácter supuestamente
violento de los manifestantes. Aunque nadie mencionó la palabra
“guerrilla”, dejaron sobrevolar la idea de que en Tartagal existía
el embrión de un grupo armado integrado con integrantes de la Corriente
Clasista y Combativa y Movimiento Teresa Rodríguez. También
destacaron el apoyo del Polo Social del sacerdote Luis Farinello, quien
ayer fue a la Rosada a dejar una nota (ver recuadro aparte).
Interior hizo el siguiente relato del enfrentamiento: dijo que el juez
federal Abel Cornejo dio la orden al grupo antidisturbios de Gendarmería
de desalojar la ruta 34, que pese a estar desarmados los efectivos recibieron
una andanada de parte de los piqueteros que dejaron nueve gendarmes heridos,
que recién ahí aparecieron en escena los efectivos armados
y se generó la balacera. Que uno de los muertos, José Barrios,
murió por una bala calibre 22 hueca y que no es el armamento que
utiliza la Gendarmería. Para que no quedaran dudas sobre cómo
habían sucedido los hechos, Interior repartió las listas
de la treintena de gendarmes heridos, pero no distribuyó sus nombres
“para no alertar a sus familias”.
“No creo que exista guerrilla como la hemos conocido, es totalmente
diferente”, dijo ayer Mathov. “Estamos volviendo a escuchar
este canto de sirena, como en algunos tiempos, respecto de que utilizando
las armas se iban a resolver los problemas políticos del país”,
insistió. El jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, se sumó
a la teoría del foco sedicioso al evaluar que las armas utilizadas
por los manifestantes fueron robadas en noviembre pasado en la localidad
de Mosconi. “Parte de este grupo es el que le ha hecho la emboscada
a Gendarmería”, siguió.
En contra de su costumbre, Mestre ayer no esquivó los micrófonos
y dio dos ruedas de prensa. A la mañana, hizo un llamado a la paz
y dejó los detalles en manos de Mathov. Por la noche, delineó
la estrategia de repartir responsabilidades: juez, gobierno municipal
y provincial. Justo cuando salía de la sala de prensa de la Rosada
junto al viceministroLautaro García Batallán, recibió
en su celular un llamado de respuesta del gobernador Romero quien debió
haber escuchado las quejas del ministro en directo a través del
cable. Según quienes presenciaron la conversación, el diálogo
fue en buenos términos y quedaron en seguir en contacto hoy hasta
que se descomprima el conflicto, aunque nadie sabía decir cómo.
Mestre terminó su ajetreado día –se mantuvo en contacto
permanente con el presidente Fernando de la Rúa– visitando
al gendarme Mario Bravo que continúa internado en terapia intensiva
en el Hospital Militar. Bravo fue trasladado el domingo a la noche a Buenos
Aires porque su estado era el más delicado de todos los gendarmes
heridos: una bala le entró por el rostro y se alojó en la
columna vertebral. Ahora deben esperar que se desinflame la zona para
operarlo pero su vida no correría peligro.
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