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Por Raúl
Dellatorre
 Las petroleras dominantes del
mercado de combustibles ajustaron ayer, a lo largo de la jornada y a diferentes
horas, los valores en surtidor de sus productos, reflejando estrictamente
las modificaciones en las cargas impositivas dispuestas por el Ministerio
de Economía. El precio de las naftas (común, súper
y ecológicas) fue rebajado entre 10,6 (Repsol-YPF) y 11 centavos
(Shell y Esso) por litro, en tanto que el gas oil y el diesel oil fueron
incrementados en 8 centavos por litro (en todas las marcas). En términos
relativos, representa una rebaja del 9 al 11 por ciento en las naftas
y un aumento del 15 por ciento en el gas oil. Carrefour, en cambio, sólo
aplicó la rebaja en las naftas en las 12 estaciones de autoservicio
que expenden dentro de sus instalaciones. “No quisimos aplicar variaciones
distintas a las resueltas en los impuestos, para que no se diga que nos
quedamos con parte del gravamen”, explicó el vocero de una
de las empresas líderes. “No veo cuál es el mecanismo
para que la rebaja de las naftas beneficie al usuario, con precios libres
y un mercado tan oligopólico y cartelizado que no tardará
muchos días en despojarlo”, expuso, en cambio, un representante
de los expendedores de combustible.
El ajuste surge de una rebaja de 10,6 centavos en el impuesto a la transferencia
sobre las naftas (pasó de 48,65 centavos por litro a 38) y de un
aumento de tres centavos al gas oil, que además deberá pagar
una tasa adicional de cinco centavos destinada al Fondo Vial (la carga
total pasa de 12 centavos a 20 por litro). El sacrificio fiscal por la
rebaja impositiva en las naftas ascendería a 480 millones de pesos,
de los cuales se recuperarían 330 millones por el incremento del
ITC al gas oil, conforme a cifras del año pasado. Sin embargo,
estimaciones de los expendedores indican que la merma en las ventas de
gas oil será más significativa que la suba en el consumo
de naftas, lo que agrandaría la brecha.
“Es un tarifazo liso y llano para el gas oil, que es el combustible
que utiliza la actividad productiva”, opinó Manuel García,
presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio Independientes.
“Lo peor es que se maquilla la rebaja en el ITC a las naftas para
que parezca una medida en favor de la reactivación: esperemos 15
o 20 días para ver qué hacen las petroleras con el precio,
a ver si no hacen lo que hicieron siempre, que es subirlo bajo cualquier
excusa. No hay que olvidarse que el mercado es tan oligopólico
y está tan cartelizado como antes de estos ajustes”, agregó.
La facilidad otorgada a los transportistas (excluidos los taxistas) de
aplicar el aumento del gas oil como pago a cuenta del IVA podría
dejar a más de una empresa con saldo a favor en el impuesto, de
difícil recuperación. Los expendedores también quedarían
expuestos a esa situación, aunque por razones distintas. Carlos
Calabró, titular de la federación que los agrupa, afirmó
que “estamos inventando un sistema tributario distorsivo: el combustible
tiene IVA, el expendedor tiene una percepción de IVA (que retiene
el proveedor del combustible), y además paga el impuesto sobre
los movimientos bancarios que también se puede descontar de IVA;
pero cuando usted hace una venta con tarjeta de crédito, la empresa
emisora cuando le paga también le descuenta el IVA. O sea que,
desde el punto de vista impositivo, esto es un caos”.
Con respecto a la respuesta del consumo a los nuevos precios, Calabró
recordó que “la gente está acostumbrada a cargar por
10, 15 o 20 pesos”. Si por ese precio ahora carga más litros
que antes, no necesariamente va a consumir más, sino que tardará
más días en volver a la estación de servicio. La
conclusión es que consumiría igual pero gastaría
menos, lo cual implica una baja en la facturación. En cambio, el
gas oil para el transportista es un insumo. “El consumo de nafta
es inelástico al precio, pero el del gas oil no, y nunca eneste
país tuvo un precio de 60 centavos de dólar como ahora”,
subrayó Manuel García.
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El debate en Brasil
El canciller brasileño expresó ayer su “solidaridad”
con las medidas adoptadas por el gobierno argentino. “Entendemos
que esas medidas son importantes, exprimen un esfuerzo creativo
importante del gobierno argentino para lidiar con los problemas
que enfrentan y el gobierno tiene nuestra plena solidaridad”,
aseguró Celso Lafer en una conferencia de prensa conjunta
con su par Adalberto Rodríguez Giavarini, desde Brasilia.
En similar sentido se pronunció el titular de Hacienda, Pedro
Malan, quien desde Nueva York señaló que “nos
interesa, como brasileños, que Argentina se recupere”
y agregó que “fue en el marco de ese espíritu
que consideramos las medidas que nos fueron adelantadas” por
Domingo Cavallo en su visita a Brasil de la semana pasada. Sin embargo,
desde la poderosa Federación de Industriales de San Pablo
(Fiesp) salieron a criticar la actitud de la administración
Cardoso de apoyar las medidas de Cavallo y la acusaron de “argentinizar
la industria brasileña”. “Estamos convencidos que
lo que ocurre en Brasil tiene efecto en Argentina y lo que ocurre
en Argentina afecta a Brasil”, dijo Lafer, diplomático,
antes de agregar que la “búsqueda de soluciones convergentes
y un trabajo común es la mejor manera de responder”
a la crisis. Pero el titular de la influyente Fiesp, Horacio Lafer
Piva, salió a cruzarlo: “el gobierno (de Cardoso) está
conduciendo su política industrial de acuerdo a los intereses
de la Argentina y debilitando al sector productivo brasileño”,
disparó, y rechazó el tipo de cambio especial instrumentado
por Cavallo para los exportadores argentinos como una forma de compensar
la devaluación del real.
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ESTUDIAN
LA IMPLEMENTACION DE LAS REBAJAS EN PEAJES
Rutas congestionadas de deudas
Por Cledis Candelaresi
Después de reunirse por
la tarde con el secretario de Obras Públicas, Aníbal Rothamel,
los concesionarios de rutas nacionales por peaje quedaron a la espera
de dos normas clave para su negocio. En primer lugar, la resolución
que ordenará cómo instrumentar en las casillas de peaje
la anunciada rebaja de entre 30 y 60 por ciento promedio en el precio
de los tickets. En segundo término, un decreto de necesidad y urgencia
para que el Estado les pague con bonos hasta el 2007 una millonaria deuda,
que ellos estiman en 300 millones de pesos. Hay un punto, sin embargo,
sobre el que no parece haber incertidumbre: las casillas de cobro no sólo
subsistirán después del 2003 sino que se extenderán
a donde hoy no existen.
Las empresas concesionarias atribuían ayer la prometida rebaja
oficial, del 30 por ciento para autos y camionetas y del 60 por ciento
para transporte de cargas y pasajeros, a “versiones periodísticas”,
eludiendo así la obligación de aplicarla. Después
del encuentro con Rothamel, reconocieron que sólo faltaba una resolución
de Infraestructura que aclare cómo instrumentar esa reducción
que, para llevar el valor promedio de 1,60 pesos cada 100 kilómetros
a 0,75 centavos, hasta podría obligar a desplazar de lugar algunas
cabinas ruteras. Con esa orden en la mano, los adjudicatarios demorarían
“unas quince horas” en ajustar los sistemas para imprimir tickets
con los nuevos precios.
Esta corrección, que estaría en las cabinas antes del fin
de semana, es el punto de partida para que Infraestructura estrene un
nuevo sistema de financiamiento de obras ruteras, que irá aplicando
en etapas. Este tendrá desde las próximas horas una doble
fuente: el peaje (más barato) y un fondo vial, a nutrir con una
tasa especial de 5 centavos sobre cada litro de gasoil consumido, unos
560 millones de pesos al año.
Una parte de estos recursos es para los actuales concesionarios. Otra
parte para los caminos no privatizados, que serán mejorados o pavimentados
a través del sistema inglés o de leasing: un privado hace
la obra con capital propio, y el Estado se la paga en cuotas fijadas de
antemano.
“Mientras respeten la ecuación económica de nuestros
contratos, no hay problema”, aseguraba ayer a este diario Rodolfo
Perales, operador rutero y dirigente de la Asociación de Concesionarios.
Para honrar este compromiso, el Estado detraerá del fondo vial
el dinero que corresponda para pagar a cada grupo empresario según
el tránsito que haya registrado su corredor.
A partir del 2003, cuando expiran las actuales concesiones, las rutas
privatizadas y muchas de las que hoy no lo están volverán
a licitarse, pero sobre un esquema diferente. Los adjudicatarios harán
obras y mantendrán caminos pero no manejarán la recaudación.
Otra empresa, que Infraestructura se dispone a seleccionar mediante concurso,
es la que administrará los recursos.
Esta disociación, según Bastos, permitiría al Estado
desvincularse con mayor facilidad de las futuras operadoras, evitando
costosas renegociaciones. Para las actuales empresas, grupo que integran
las principales constructoras del país, el nuevo sistema entraña
la posibilidad de sostenerse en el negocio rutero, aunque con la desventaja
de no manejar directamente la caja y posiblemente con utilidades bastante
más modestas. Para las empresas, casi tan importante como esa continuidad
es que la Nación emita los prometidos bonos para cancelar una deuda
por subsidios impagos y aumentos tarifarios no autorizados, según
las obligaciones que imponen los contratos vigentes. Pero el decreto aún
no está firmado.
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OPINION
Por Alfredo Zaiat
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El Plan Trabajar de
Cavallo
Domingo Cavallo ha decidido otorgar 350 millones de pesos en el
marco de un nuevo Plan Trabajar y, pese a esa distribución
de recursos, nadie habla de su particular sensibilidad social. Los
beneficiarios recibirán entre 33 y 263 pesos por mes en las
retribuciones que cobrarán a partir de agosto, según
la tarea y responsabilidad que tenga cada uno en su labor. Aquellos
con ingresos más bajos recibirán un monto menor y
así subirá la escala, en un esquema de progresividad
que hace escuela para cualquier hacedor de política económica.
El mediterráneo está seguro de que ese dinero se volcará
inmediatamente al consumo y así, con esos fondos adicionales
en el circuito productivo, se juega a impulsar a la economía
para salir del pozo depresivo.
La originalidad de esa repartija de dinero es que no irá
a parar a los bolsillos de los más necesitados. Esta versión
Cavallo del Plan Trabajar, de montos variables aunque sin superar
las sumas que asigna el tradicional, tendrá como destinatarios
empleados en relación de dependencia que perciben sueldos
de 1500 pesos para arriba. Esos trabajadores con necesidades básicas
satisfechas empezarán a recibir una mejora de sus ingresos
mensuales. Ese beneficio, en un momento de crisis económica,
extensión de la pobreza, piquetes aquí y allá
y expectativas por el suelo, apunta a mejorar el humor de consultores
de la city y periodistas formadores de opinión. Así,
Cavallo no sólo apuesta a revitalizar el consumo con sus
planes Trabajar, sino a ganar aliados para sus iniciativas, estrategia
en la que falló José Luis Machinea al impulsar esas
polémicas modificaciones en el Impuesto a las Ganancias,
que el mediterráneo ahora da marcha atrás.
Simplemente como un ejercicio de cómo se distribuye el ingreso,
y esa medida impositiva resulta muy reveladora, vale la siguiente
comparación. Si esos recursos que pierde el fisco a favor
de sectores medios y altos de la población, se hubieran destinado
al verdadero Plan Trabajar se favorecería a 193.333 jefes
de hogar desempleados, que también consumirían, a
razón de 150 pesos cada uno a lo largo de doce meses.
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Pagarán
los que cobren
Una buena idea de Domingo Cavallo puede resultarle muy cara
al fisco, en el momento más inapropiado. Es la de cambiar el
criterio que gobierna el IVA.
Héctor
Rodríguez, titular de
la AFIP: al organismo le faltará tiempo para adaptarse.
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Por Julio Nudler
Entre el torbellino de anuncios
de Domingo Cavallo, el cambio de criterio en el Impuesto al Valor Agregado
es uno de los más polémicos. En adelante, el hecho imponible
no se configurará como hasta ahora, en el caso de ventas a plazo
de mercancías, con la facturación o la entrega, lo que suceda
antes, sino con el cobro/pago de la operación. De esta manera,
el vendedor no deberá acreditarle el impuesto a la AFIP hasta no
haber cobrado, lo cual tendrá para el fisco dos consecuencias significativas.
Una es que sufrirá un bache en la recaudación, bajón
que un experto como Leonel Massad calcula que podría llegar a unos
600 millones de pesos solamente en el primer mes, y que se haría
sentir, decrecientemente, durante varios meses más. La segunda
consecuencia es que, de hecho, el erario dejará de percibir el
IVA sobre los incobrables, a diferencia de lo que sucede hasta ahora,
en que Impositiva se desentiende, en el caso de este tributo (no así
en Ganancias), de los pagos y las cobranzas entre contribuyentes. Una
tercer fuente de preocupación entre los tributaristas surge de
la precipitación con que quiere implantarse esta reforma, pese
a que exigirá un sensible cambio en los métodos de cómputo
del impuesto, rompiendo una modalidad que viene rigiendo durante un cuarto
de siglo. La ley que estableció el IVA se sancionó en 1973,
y el nuevo gravamen comenzó a regir en 1975.
Como corresponde a la azarosa historia fiscal del país, el doble
criterio actual –facturado o entregado, lo que suceda primero–
fue parido por un fraude: el del célebre affaire Koner-Salgado
y, más exactamente, una cuantiosa operación con televisores
entre la fueguina Talent y la “continental” Radio Serra. Esta
“compró” una gigantesca partida de aparatos, que quizá
le serían entregados por Talent en años, o nunca, pero con
la abultada factura pasó por la ventanilla de la DGI a cobrar el
correspondiente crédito fiscal, que en esa época (mediados
de los años 80) era aún de libre disponibilidad, y no un
mero “saldo técnico” como ahora. Para facilitar la defensa
de esa maniobra, el Congreso sancionó una reforma de la ley del
IVA, estableciendo que con la facturación también se configuraba
el hecho imponible, lo que hasta entonces sólo ocurría con
la entrega. Inspiradora de esa modificación legal fue la tributarista
radical María Asunción (Coca) Salgado, asesora de la Comisión
de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados y esposa del
jefe del grupo sospechado. José María Farré, subsecretario
de Política Tributaria, no parece temer el temporario bache de
recursos que le provocaría pasar del criterio de lo devengado al
de lo percibido. La idea es que la economía argentina, donde escasea
el crédito, opera con plazos de financiación muy breves,
a pesar de la evidente pesadez en los pagos que se siente en todos los
circuitos. Además, en Economía creen que, de todas formas,
si el contribuyente no tiene fondos opta por no pagar el impuesto. Si
el contador le calcula una liquidación que excede las disponibilidades
del empresario, éste le ordena ajustarla a su caja.
Massad señala que algunos especialistas se oponen a la iniciativa
porque para llenar la declaración mensual del IVA dejaría
de serles útil la contabilidad, que está basada en el criterio
de lo devengado, y tendrán que instrumentar todo un cómputo
paralelo. Obviamente para empresas que compran y venden al contado los
dos sistemas resultan iguales. Otros, como los supermercados, que venden
al contado pero compran a plazo, deberían adaptar solamente este
costado de su sistema de información. Adaptarse al nuevo sistema
puede ser relativamente fácil para una empresa con pocas operaciones
mensuales, como una agencia de autos, pero son casos excepcionales. Para
la mayoría será un proceso complejo.
De todas formas, ya hoy rigen diversos criterios, según la naturaleza
de las operaciones. En general, el cobro de una venta o un servicio obliga
a ingresar el IVA, independientemente de la facturación. En el
caso de una locación de obra lo que cuenta es la firma del certificado,
o en ocasiones la mera finalización de la tarea. La principal ventaja
del percibido,según Juan Oklander, uno de los máximos defensores
de este criterio, es que la verdadera capacidad contributiva viene medida
por la posesión de los medios para pagar el impuesto. Mientras
no se percibe el valor de una venta, no se cuenta con los fondos. Por
otro lado, explica que la idea del IVA es que lo pague el comprador, aunque
el responsable ante el fisco sea el vendedor. Y, de hecho, el comprador
no desembolsa el importe del impuesto mientras no abona su compra. Esta
es la concepción francesa, que la ley argentina copió. “Pero
si el vendedor es obligado a ingresar el impuesto antes de haber cobrado
su venta –arguye Oklander–, el criterio del IVA queda desnaturalizado.”
El criterio del percibido no se aplica, sin embargo, en muchos países.
Un lugar donde sí se lo adoptó es Gran Bretaña, aunque
el concepto aparece con mayor nitidez en el sales tax (impuesto a las
ventas) estadounidense.
Pasar del devengado al percibido no siempre favorece a los contribuyentes.
En ocasiones puede ser beneficioso para el fisco, como ocurre en ocasiones
con las exportaciones. Cuando un exportador concreta un negocio, sólo
necesita el cumplido de embarque y otros papeles probatorios de la operación
para presentarse en la AFIP y reclamar la devolución del IVA correspondiente
a las compras vinculadas a su venta externa. Sin embargo, es posible que
todavía no haya pagado esas compras, y por tanto Impositiva no
estaría devolviéndole un tributo sino anticipándoselo.
En el caso inverso, si un vendedor aún no consiguió cobrar
a la fecha del vencimiento del IVA, ¿cuál es la razonabilidad
de que se lo obligue a ingresarlo?
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