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Por Adriana Meyer
 El presidente de la Nación,
el ministro de Economía, el secretario de Finanzas y un influyente
banquero norteamericano fueron acusados de haber conformado una asociación
ilícita para cometer delitos en la operación del megacanje.
El fiscal federal Miguel Angel Osorio imputó a Fernando de la Rúa,
Domingo Cavallo, Daniel Marx y David Mulford de negociaciones incompatibles
con la función pública y malversación de caudales
públicos por las comisiones que el Estado pagó en el canje
de bonos. Osorio impulsó así la denuncia de un abogado vinculado
al justicialismo, pero no accedió a solicitar una medida de no
innovar para frenar el pago de las comisiones a los bancos, como pedía
el letrado. Y quiere que dos periodistas de Página/12 sean citados
como testigos.
La causa se tramita en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 5 que
ocupaba Norberto Oyarbide, ahora reemplazado por Gabriel Cavallo. Una
fuente judicial aseguró a Página/12 que ese magistrado giró
a la justicia civil y comercial federal el pedido del abogado José
Luis Fabris, junto al médico José Andreatta, para frenar
el cobro de las comisiones por parte de los bancos. “Los bancos no
sufren perjuicio si no cobran, el perjuicio es para el Estado si paga
cuando se cometieron delitos”, opinó el abogado ante este
diario. Pero dio intervención al fiscal para que opine sobre el
resto de la presentación. Fabris considera que las máximas
autoridades del Gobierno delinquieron al ocasionarle un perjuicio al Estado
derivado de tres situaciones: el costo de las comisiones, la diferencia
y desproporción entre lo que cobraron los bancos y el hecho de
haber obligado a los bancos Provincia y Ciudad a canjear a través
del sector privado.
Según la denuncia, que adjuntó recortes de artículos
de Maximiliano Montenegro y Julio Nudler –periodistas de este diario–,
no se justifica que la comisión haya sido fijada por decreto en
0,55 por ciento cuando la que se paga en las operaciones en que el Estado
pide prestado en el mercado local de deuda (por ejemplo con la renovación
de Letras del Tesoro) es muy inferior. Será investigada también
la diferencia en los pagos de las comisiones porque algunos bancos “que
aportaron menos se llevaron más y esta desproporción merece
una explicación”. El 15 de junio este diario publicó
que Marx reclamó a los bancos Ciudad y Provincia canalizar la mitad
de los títulos públicos que acercaron al canje esas entidades
oficiales a través de los bancos “creadores del mercado”,
desviando hacia éstos una comisión extra de casi dos millones
de dólares. El secretario de Finanzas justificó su decisión
en el decreto que designó a siete bancos privados como “colocadores
principales” de la operación. El 1º de junio, el presidente
del Ciudad, Roberto Feletti, le envió una carta a Marx solicitándole
que si esa comisión era pagada por el gobierno nacional fuera imputada
a la entidad que dirige, en lugar de ser regalada a los bancos privados.
Ese mismo día, Marx autorizó al Ciudad a canjear la mitad
de su oferta a través del Nación, que operó sin comisión.
Pero determinó que la otra mitad de bonos debía pasar por
las manos de los “creadores de mercado”.
Fabris también tuvo en cuenta el denominado Documento Cafiero,
elaborado por el diputado Mario Cafiero, que considera que el megacanje
es ilegal. Según el legislador, el ministerio de Economía
no tenía facultades para hacerlo y sería necesaria una ley
especial del Congreso para convalidarla. Además, Cafiero sostiene
que el fuerte aumento de los intereses de la deuda obligará a nuevos
ajustes que comprometerán aún más las perspectivas
de crecimiento.
AEROLINEAS
CERCA DE LA CONVOCATORIA
La hora de los bifes
El directorio de Aerolíneas
Argentinas aprobará mañana la convocatoria de acreedores.
Con la medida se abre un nuevo interrogante, ya no si un sindicalista
acepta o rechaza flexibilizar su convenio laboral, sino si la administración
española de la empresa realizará los aportes de dinero fresco
–350 millones de dólares– necesarios para que la convocatoria
no se traduzca en quiebra y la compañía pueda ser transferida
a otro operador. Según el ministro de Infraestructura, Carlos Bastos,
en la reunión de gabinete de ayer Fernando de la Rúa se
mostró interesado por los costos operativos para que la firma continúe
funcionando. La versión de la titular de Trabajo, Patricia Billrich,
continuó con los sindicatos en la mira: “Estamos viendo si
los gremios tienen un acuerdo para antes de la convocatoria” afirmó.
La espera de la convocatoria, que será decidida mañana,
pero cuya documentación tardará algo más en llegar
al juez –deben fotocopiarse 5 juegos con los legajos de todos los
proveedores, lo que suman alrededor de 250.000 hojas– dejó
un tiempo muerto para que continúen las conjeturas. Ayer no faltaban
los que todavía sostenían que “si todos los gremios
firmaban” la convocatoria se suspendería. La verdadera incógnita
era si España aportaría los fondos para que AA siga operando
hasta su transferencia.Bastos hizo poco por despejar las dudas. “No
tenemos la confirmación oficial, pero sí la palabra del
gobierno español”, afirmó.
Lo cierto es que la convocatoria generará algunos cambios cualitativos.
Entre ellos, habrá perdido sentido la prédica gubernamental
que, en línea con la voluntad de la SEPI, atribuyó todos
los males de la empresa a la intransigencia del titular de los técnicos
aeronáuticos, Ricardo Cirielli. También terminará
la excusa de la dirección española de la aerolínea:
la SEPI ya no podrá exhibir el convenio laboral de un solo sindicato
como la razón de su fracaso administrativo. Sin embargo, todavía
continúan las disputas inter e intragremiales. Delegados de la
Asociación Argentina de Aeronavegantes cuestionaron la conducción
de Alicia Castro. Durante una asamblea sus opositores abandonaron el recinto.
La conducción oficial del gremio se había negado a transformar
la asamblea en “resolutiva, para que se firme un acuerdo similar
al de los otros cinco gremios aeronáuticos”.
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