Por Fernando Cibeira

Luego de una reunión del presidente Fernando de la Rúa con sus ministros, el Gobierno salió a desactivar el conflicto en Salta. Por la noche, el ministro del Interior, Ramón Mestre, aseguró que la situación en Mosconi era tranquila y que ahora estaban dadas las condiciones para iniciar una negociación con los piqueteros, quienes se mantenían a la vera de la ruta 34 esperando una respuesta. Los momentos tensos del día se produjeron durante el entierro de Carlos Santillán y José Barrios, los dos manifestantes muertos durante la represión, pero luego la situación se apaciguó. Igual, efectivos de Gendarmería y de la policía provincial nunca dejaron de patrullar la zona. Mestre aclaró que ya no tenía sentido hablar de la posibilidad de un estado de sitio, como había hecho el lunes. Eso sí, todavía nadie se hace responsable por las muertes.
El Gobierno no reveló quiénes serían los enviados al lugar del conflicto. Se suponía que había un delegado de Interior y otro de Presidencia. En Salta mencionaban a Eduardo Aparicio, un funcionario que trabaja cerca del secretario privado del Presidente, Leonardo Aiello, habitual negociador de la Rosada en los momentos complicados.
La actitud marcó un cambio de dirección con respecto a la posición que había mantenido el Gobierno desde el comienzo del enfrentamiento cuando sostenían que la negociación debía correr por cuenta del gobierno municipal y del provincial. “La Nación cumplió con todas las promesas que se habían efectuado”, aclaró por las dudas Mestre, en referencia a las soluciones prometidas luego del conflicto de noviembre pasado en la misma zona.
Pero en las reuniones que mantuvieron ayer concluyeron que el Ejecutivo no podía permanecer ajeno al conflicto dado que el gobernador de Salta, Juan Carlos Romero, no parecía dispuesto a apurar alguna salida. Con todo, la Rosada también bajó los decibeles con Romero, a quien responsabilizaban por la falta de respuestas ante un piquete que llevaba más de dos semanas. Ayer, De la Rúa conversó con el gobernador salteño y lo invitó a venir a Buenos Aires para continuar el diálogo.
Claro que el Gobierno siguió sin admitir ningún tipo de culpas. Mestre insistió con sus tópicos favoritos: que la orden de desalojo la dio el juez federal Abel Cornejo –y que del Ejecutivo no partió ningún tipo de indicación– y que al menos una de las víctimas, Barrios, de 17 años, había fallecido con una bala calibre 22 como la que usaron los manifestantes, huecas por dentro, una costumbre de los que practican caza.
El jefe de Gendarmería, Hugo Miranda, fue más allá y dijo que ninguno de los dos fallecidos habían recibido disparos de parte de los efectivos encargados de la represión. El dato sólo podrá comprobarse cuando se hagan las autopsias y se revisen las armas utilizadas.
En el viraje oficial, también hubo una modificación sobre la percepción que se hizo de los manifestantes. Ya no hubo alusiones a supuestos focos guerrilleros ni tampoco sobre los presuntos “infiltrados” de agrupaciones de ultraizquierda. También, hasta como rumores, se abandonaron hipótesis más descabelladas como la vinculación con las FARC colombianas o elementos del narcotráfico. No obstante, Mestre dijo que las heridas que presentaban los 27 gendarmes heridos –en manos, brazos y piernas– revelaban la existencia de tiradores entrenados porque habían evitado desperdiciar balas en las zonas del cuerpo protegidas con cascos y chalecos. “Después de una situación dolorosa, esperamos que esta calma y tranquilidad que tenemos en General Mosconi pueda subsistir y sea definitiva”, dijo Mestre.
La única mención de ese tenor la realizó el vocero Juan Pablo Baylac cuando salió a responderle a la diputada Elisa Carrió, quien había criticado la intervención de la Gendarmería y habló de una situación de violencia social legítima en el norte argentino. Baylac también criticó al gremialista de la Corriente Clasista y Combativa, Carlos “Perro” Santillán, que había admitido que sería capaz de “tomar las armas” para defender sus reivindicaciones sociales.
Con lo que parece ser el primer paso para el fin del conflicto, queda pendiente una explicación oficial sobre la forma en la que ocurrieron las dos muertes y si éstas no se podrían haber evitado. Ayer, el ex ministro del Interior, Federico Storani, sostuvo que el Gobierno había actuado con “imprevisión”. “Porque estando detectado el grupo se podía separar la paja del trigo, no puede desconocerse que existe un caldo de cultivo real”, aseguró Storani. Sus palabras se apoyan en un dato aportado el lunes por la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, quien explicó que su ministerio hacía rato que había dejado de ocuparse del piquete salteño porque pasó a convertirse en un tema de seguridad. Es más, aclaró que ellos conocían a cada uno de los manifestantes y que les habían pasado los antecedentes a todos los organismos de seguridad que se lo habían requerido, entre los que mencionó al Ministerio del Interior.
Ayer, el Gobierno se cuidó de bajar los decibeles y unificar criterios. Después de la reunión de ministros, Bullrich puntualizó que el Ejecutivo “siempre quiere el diálogo”. Aunque luego aclaró que había que distinguir los problemas que se dan en algunas provincias y los problemas que suceden en el resto del país. En el caso salteño, el Gobierno insiste en que se cumplieron con todas las promesas y que la protestas tiene que ver con situaciones locales de las que nadie se quiere hacer cargo.

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