Varios militares que fueron indultados podrían ser juzgados por la desaparición de personas durante la dictadura, si se sigue el planteo expuesto por el fiscal federal Miguel Angel Osorio. Al reclamar la captura internacional y la extradición de cuatro miembros de las fuerzas armadas uruguayas en la causa en la que se investiga el Plan Cóndor, Osorio argumentó que, como los delitos imputados son permanentes, los acusados pueden ser condenados porque el hecho se siguió produciendo aún después del indulto. En el mismo proceso –en el que hoy declarará Jorge Rafael Videla– Alfredo Stroessner estaría dispuesto a hablar ante el juez Rodolfo Canicoba Corral, pero sin ser extraditado de Brasilia, donde tiene asilo político.
“Los efectos del indulto sólo pueden operar sobre el tramo de conducta ilícita cumplida desde la aprehensión inicial de la víctima hasta la fecha del indulto. De ahí en adelante, el autor puede ser plausible de reproche penal”, aseguró Osorio con base en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas que establece que ese delito debe ser considerado continuo mientras no se establezca el paradero de la víctima. Con este razonamiento Osorio solicitó la captura de José Nino Gavazzo, Jorge Silveira, Manuel Cordero y Hugo Campos Hermida.
El argumento presentado por el fiscal había sido elaborado por los abogados Alberto Pedroncini y David Baigun en otra causa, en la que se planteó la inconstitucionalidad de los indultos a militares que estaban procesados –no condenados–. El mismo Osorio le había dado curso a esa denuncia. La desaparición como delito permanente también se tuvo en cuenta en las causas en las que se investiga el robo de bebés durante la dictadura. Pero ahora podría usarse para castigar a indultados –que no fueron juzgados– en casos de delitos cometidos contra personas adultas. En la causa en la que se investiga el Plan Cóndor, el juez Canicoba Corral ya ordenó las capturas del ex jefe de la policía secreta chilena, Manuel Contreras y de Stroessner. El defensor del dictador paraguayo, el abogado Enrique Julio Villareal, se presentó en el juzgado para “ponerse a disposición” del tribunal y obtener un juego completo de fotocopias del sumario que tiene a su cargo el secretario federal Oscar Aguirre. Villareal manifestó que su defendido “estaría dispuesto a someterse a la jurisdicción” argentina, pero no acepta ser extraditado. Es decir, que los investigadores de la causa deberían trasladarse a Brasilia donde Stroessner vive amparado bajo la figura de asilado político.
Este expediente fue abierto a partir de una denuncia de cinco familiares de víctimas del Plan Cóndor: Dora Carreño Araya, cuya hermana Cristina, de nacionalidad chilena, desapareció en Argentina en julio de 1978; Sara Méndez, uruguaya, que es la mamá de Simón Riquelo, que fue secuestrado con ella en Buenos Aires; Idalina Tatter, cuyo esposo Federico nació en Paraguay y fue secuestrado en Argentina en 1976; Elsa Pavón, que reclama por su hija y su yerno, Mónica Grinspon y Claudio Logares, desaparecidos en Montevideo y Claudia y Ana María Careaga, hijas de María Esther Ballestrinos, paraguaya, secuestrada en la Iglesia de la Santa Cruz en diciembre de 1977.
Las periodistas Stella Calloni y María Seoane y el abogado que descubrió los archivos del terror en Paraguay, Martín Almada, aportaron recientemente su testimonio en este proceso. Hoy a la mañana será indagado Videla, que ya está preso por su responsabilidad en la apropiación de menores. El dictador quedaría detenido también por su aporte al plan de coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur.

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