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“Exterminator 2”, nueva producción
de Bush en la prisión de Indiana

Ocho días después de la ejecución de Timothy McVeigh, el mexicano Juan Raúl Garza, responsable de tres homicidios, se convirtió en el
segundo prisionero federal que
recibe la inyección letal desde 1963.

La ejecución de Juan Raúl Garza, como fue vista por la prensa mexicana, ayer.

Por Javier Valenzuela
Desde Washington

De los 20 habitantes del corredor de la muerte de la prisión federal de Terre Haute (Indiana), sólo 2 son blancos; los otros (14 negros, 3 hispanos y 1 asiático) pertenecen a minorías raciales o culturales. Esta extraordinaria desproporción fue subrayada ayer por los enemigos de la pena capital con motivo de la ejecución en Terre Haute de Juan Raúl Garza, para el que habían negado clemencia la noche anterior tanto el presidente George Bush como el Tribunal Supremo de EE.UU. Antes de recibir la inyección letal, Garza, de 44 años, pidió perdón “por todo el dolor y sufrimiento” que reconoció haber causado.
Garza, nacido en México pero nacionalizado estadounidense, nunca negó su responsabilidad en tres asesinatos cometidos a principios de los años ‘90, en el marco de ajustes de cuentas en el seno de la red de tráfico de marihuana que él dirigía en Texas. Pero, como informó el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, una organización abolicionista de
Washington, muchos otros delincuentes blancos cumplen condenas de cadena perpetua por hechos semejantes. Al jurado que sentenció a Garza a vérselas con el verdugo nunca se le planteó la alternativa de condenarlo a vivir el resto de sus días entre rejas.
Tras una moratoria que duraba desde 1963, el gobierno federal de EE.UU. se ha sumado al entusiasmo de 38 Estados de ese país en la aplicación de la pena federal. En tan sólo ocho días el gobierno federal ha ejecutado en su penitenciaria de Terre Haute a dos condenados: el terrorista de ultraderecha Thimoty McVeigh y el narcotraficante Garza. Aún más inquietante, la gran mayoría de los que están en capilla en Terre Haute son miembros de minorías.
En setiembre de 2000, en el último tramo de la presidencia de Bill Clinton, el Departamento de Justicia de EE.UU. reconoció que los acusados eran negros o hispanos en el 80 por ciento de los casos en los que sus fiscales solicitaron a los jurados sentencias de pena de muerte en los últimos cinco años. La entonces titular de Justicia, Janet Reno, se declaró “amargamente perturbada” por este dato, pero Clinton se negó a proponer la abolición de la pena de muerte a escala federal, o establecer una moratoria en su aplicación. El político de Arkansas se limitó a aplazar las ejecuciones más inminentes, empezando por la de Garza. Le dejó la papa caliente a su sucesor y éste terminó siendo un Bush, célebre por el récord de ejecuciones que estableció como gobernador de Texas. A comienzos de este mes, el muy derechista John Ashcroft, titular de Justicia con Bush, rechazó que exista racismo en la pena de muerte. Según Ashcroft, si hay muchos negros en los corredores de la muerte es porque esta minoría está más implicada que otros grupos en asuntos de drogas.
Como McVeigh, Garza murió con los ojos abiertos. Su última comida consistió en un bife con aros de cebolla y papas fritas, y una bebida gaseosa. En sus últimos momentos se mostró tranquilo y estuvo acompañado por un sacerdote católico, pero reiteró que hubiera preferido ver su sentencia conmutada por la de cadena perpetua. Garza tenía dos hijas y quería ahorrarles el vivir el resto de sus días con el horror de la ejecución de su padre.
Sólo 50 personas se manifestaron ayer contra la pena capital frente a la penitenciaria de Terre Haute, de donde habían desaparecido por completo los 1.400 reporteros y las decenas de camiones con antenas parabólicas que cubrieron el “circo” de la ejecución de McVeigh. México, donde había nacido Garza y que lo extraditó en 1992 a EE.UU., tuvo una reacción moderada. “Garza”, señaló el ministro de Exteriores Jorge Castañeda, “era ciudadano norteamericano”. En cambio, el presidente Vicente Fox reiteró su preocupación por el destino de Gerardo Valdez, un compatriota cuya ejecución en Oklahoma ha sido aplazada hasta el 16 de julio. Comoocurrió con el español Joaquín José Martínez y muchos otros extranjeros detenidos en EE.UU., la policía estadounidense no respetó la Convención de Viena en la captura de Valdez y no le informó que tenía derecho a entrar en contacto con su consulado.
El apoyo a la pena de muerte sigue siendo mayoritario en EE.UU., pero se está erosionando de modo significativo. Otra polémica en el candelero es la relativa a la ejecución de retrasados mentales. Jeb Bush, hermano del presidente y gobernador de Florida, firmó hace poco una orden prohibiendo que en su Estado sean ejecutadas personas con evidentes minusvalías mentales. Pero Rick Perry, el nuevo gobernador de Texas, acaba de vetar la introducción de esa misma medida en su territorio. EE.UU. es el único país democrático que envía a la silla eléctrica o la inyección letal a gente que ni siquiera comprende los crímenes que cometió.

 


 

EL BRAZO POLITICO DE ETA RADICALIZA SU DIRIGENCIA
Los más puros y duros de los duros

Ante la derrota electoral de mayo pasado, el brazo político de ETA tenía dos opciones: o radicalizar su posición o acercarse a la de los partidos nacionalistas vascos. Todo indica que ganó la línea más dura. El sábado, Herri Batasuna (HB) concluirá un proceso de renovación interna al proponer una nueva dirección dominada por los sectores más jóvenes y radicales. La nueva ejecutiva de HB pasará a llamarse Batasuna (“unidad” en lengua vasca). Estará compuesta por 32 miembros (siete más que en la actualidad) y coordinada por Joseba Permach, concejal de San Sebastián y ex integrante de la organización juvenil Jarrai (prohibida por las autoridades españolas que la consideran “semillero” de ETA).
Batasuna, nombre que previsiblemente también será la nueva marca electoral de la coalición independentista (en la actualidad es Euskal Herritarrok, EH), actuará en los países vascos español y francés y en Navarra. Es decir, en todos los territorios en los que la organización armada independentista vasca ETA pretende crear un estado independiente. La prensa española coincidió ayer en valorar la refundación de HB como un triunfo de las posiciones más radicales de la coalición, que, estiman, cierran sus filas en torno a ETA y arrinconan a las corrientes favorables al fin de la violencia.
Arantxa Urkaregi, una de las responsables del proceso de renovación de la coalición independentista, explicó que en la elección de la nueva ejecutiva se presentará el sábado una única candidatura, que refleja las “distintas sensibilidades” de la formación política. En esa candidatura, que previsiblemente aprobarán los militantes, repiten 13 de los 25 miembros de la actual dirección, entre ellos Arnaldo Otegi, quien podría ser elegido de nuevo como portavoz de la coalición. Sin embargo, estarán ausentes algunos de los integrantes de la anterior dirección que tenían más peso político e histórico, como Karmelo Landa, Floren Aoiz, Gorka Martínez, José María Olarra o Rufi Etxeberria.
Diecisiete miembros de la dirección ya fueron designados. Los otros están siendo elegidos por aproximadamente 300 asambleas locales del partido. Los resultados oficiales de la elección serán divulgados el sábado en Pamplona, capital de Navarra. Como el nuevo partido representará a toda Euskal Herria, contará con representantes de las tres provincias del País Vasco francés. EH, coalición cuyo principal partido es HB, obtuvo el 10,1% de los votos el pasado 13 de mayo en las elecciones regionales al Parlamento vasco. Esto significó que la formación independentista radical perdiera siete de sus 14 escaños en la Legislatura saliente.

 

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