Entre los senadores volvió a circular ayer un anónimo, aunque esta vez no referido al pago de sobornos a cambio de la aprobación de leyes, sino con los nombres de las personas y empresas que supuestamente figuran en las ocho cajas enviadas por el Senado norteamericano para la causa en la que se investiga las operaciones de lavado de dinero. Se trata de una lista que recibieron varios peronistas –“legisladores incorruptibles de nuestro Parlamento”, según se los califica en el mismo anónimo– foliada con un sello de la Policía Federal. “Es de (Juan José) Galeano”, denunció sobre la procedencia de la nómina la diputada Elisa Carrió, a propósito del trabajo conjunto que el magistrado viene realizando en el marco de la investigación con la Federal. El menemismo había tratado sin éxito de dar a publicidad la identidad de los mencionados en los documentos que llegaron de los Estados Unidos, sin distinciones. Galeano deslindó su responsabilidad en la filtración de los datos.
El listado que recibieron los senadores del PJ –entre ellos el titular de esa bancada, José Luis Gioja– es de 12 carillas y contiene una serie de nombres que hasta ahora estaban guardados bajo siete llaves: el de las “personas jurídicas y personas físicas que surgen de las fotocopias de extractos de cuentas bancarias, desde noviembre de 1996 en adelante”, según anuncia el texto que llegó a varios despachos de la Cámara alta. Las cuentas a las que hace referencia pertenecen a la entidades financieras de los banqueros Raúl Moneta y Aldo Ducler, que quedaron bajo la lupa de los investigadores del lavado de dinero.
La denuncia de Carrió de que la nómina “es de Galeano, que está trabajando con la Policía Federal” tiene razón de ser: los papeles que llegaron a manos de los senadores no sólo están foliados con un sello de la Federal –cuya autenticidad, de todos modos, no pudo ser corroborada–, sino que además llevan en su dorso otro sello de esa fuerza de seguridad y dos firmas personales con sus correspondientes sellos al pie. Según indican estos últimos, las rúbricas pertenecen a un inspector y un comisario.
“Le enviamos a Ud. los listados que contienen la información consolidada, en orden alfabético, de los clientes de los bancos República Argentina y American Exchange, la cual fue realizada por orden del ministro de Justicia, Jorge De la Rúa, a partir de la información contenida en las ocho cajas remitidas por el subcomité de Investigación del Senado americano”, se explica en la nota a los senadores.
Entre los cerca de 900 nombres que aparecen en el anónimo, figuran los de la mayoría de los bancos que operan en el país, incluidos los de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes y Neuquén, entre otros. También están mencionados Moneta, el ministro de la Corte Suprema Enrique Petracchi y empresas como Aerolíneas Argentinas, Acindar, Advance, Alpargatas, Pérez Companc, Telecom, Telefónica e YPF.
El o los remitentes anónimos de la nómina destacaron también que “nuestra Nación no debe ni puede ser vista, injustamente, por el mundo como un paraíso del lavado de dinero y del narcotráfico a partir del mediático trabajo de algunos deformadores de la realidad” y no ocultaron sus intenciones: “Dar a conocer a la opinión pública toda la verdad contenida en las cajas remitidas por el Senado de los Estados Unidos”, dice primero la nota. Más adelante insiste en que “deseamos que todos los ciudadanos puedan conocer el real contenido del listado de las cajas”.
El objetivo es bastante similar al que se planteó el menemismo, que tras el arribo de la información sobre lavado de dinero desde los Estados Unidos propuso dar a publicidad los nombres contenidos en las cajas del Senado norteamericano y cargarlos en Internet, con el argumento de que así se contribuía a transparentar el caso y su investigación. La diputada Ana María Mosso llegó, incluso, a exponer esa idea en el recinto de la Cámara baja cuando se abordó el tema, pero fracasó en su intento.
Carrió y Gutiérrez siempre consideraron que la finalidad de los menemistas con esa propuesta no era otra que licuar la responsabilidad delos realmente involucrados en el lavado de dinero, de quienes siempre se sospechó que tienen fuertes vinculaciones con el menemismo. Lo que ambos sostienen es que el dinero que muchos de los que aparecen mencionados en el informe norteamericano tenían depositado en el extranjero no era ilícito, sino que a lo sumo podía no haber sido declarado a la AFIP ante la cual debían ser denunciados en ese caso. Por esa razón, la comisión investigadora del tema en Diputados que los tiene a los dos por protagonistas nunca reveló nombres.
Tanto la chaqueña como el mendocino visualizaron la aparición del anónimo en el Senado como una maniobra en ese sentido y coincidieron en responsabilizar a Galeano. “Se intenta desviar a la comisión, pero no lo van a conseguir”, evaluó Carrió, quien aclaró que “nosotros esa información no la tenemos”. Gutiérrez señaló que Galeano debe “dar explicaciones sobre su amistad con un vocero de Moneta”.
El jefe de la Delegación Unidad de Investigación Antiterrorista de la Federal, Jorge Palacios, negó que las listas hayan sido enviadas por miembros de esa fuerza. “Vamos a investigar de qué organismo nacional se filtró la información”, dijo Palacios, y precisó que “esas notas se cursan en el marco de una investigación judicial y desde algún organismo nacional las fotocopiaron y las distribuyeron”.

DOS JUECES FAVORECEN AL DENUNCIADO JUEZ GALEANO
El denunciante, procesado

Por Raúl Kollmann

El juez federal Juan José Galeano, sobre la base de la declaración de uno de sus secretarios, fue denunciado por numerosas irregularidades en la causa AMIA. Lo curioso es que a toda velocidad su par, el juez Jorge Urso, procesó al secretario denunciante por “violación de secretos”, mientras que el magistrado que debía investigar esa acusación contra Galeano –el juez Claudio Bonadío– ni siquiera llamó a declarar a los secretarios y empleados del juzgado en el que se cometieron las irregularidades. Esta situación fue denunciada ayer por los letrados de Memoria Activa, Alberto Zuppi y Pablo Jacoby, quienes, en un escrito dirigido a Bonadío, alertaron que “todo esto contribuye a potenciar el clima de encubrimiento y sospecha en el caso AMIA”.
En verdad, la historia se inicia con la aparición pública del ex secretario de Galeano, Claudio Lifchitz, quien hizo una serie de denuncias gravísimas contra el magistrado:
Con la venia del juez, se le habrían pagado 400.000 pesos al imputado Carlos Telleldín para que declarara en la causa.
Se habrían preparado testigos, mostrándoles qué fotos debían señalar en un reconocimiento fotográfico.
Se omitió denunciar a la SIDE, que habría hecho desaparecer 600 cassettes de escuchas telefónicas. También se señala que la SIDE tenía, antes del atentado, una investigación avanzada sobre la operación que se venía y que ocultó toda esa información.
Hubo falsedad ideológica en numerosos documentos que se aportaron como pruebas.
Se le daba información a alguna de las partes y se le negaba a otras.
Cuando el ex secretario Lifchitz apareció en el programa televisivo Punto.doc hubo una denuncia contra él por haber revelado datos supuestamente inéditos. En realidad esa información ya había aparecido tiempo antes en Página/12 o en varios libros sobre el tema, pero igualmente el juez Jorge Urso se apuró a procesar a Lifchitz por “violación de secreto”, un delito del que se puede imputar a un funcionario público.
Ahora, los abogados Zuppi y Jacoby de Memoria Activa señalan que en la denuncia sobre irregularidades en la causa ya estaba imputado el juez Galeano, que incluso había designado abogado defensor, pero que Bonadío no sólo no avanzó en la investigación, sino que retrocedió señalando que no hay ningún imputado en el expediente. Además, sostienen que “no disponer de inmediato el cumplimiento de las medidas urgentes e impostergables ya propuestas hace meses, destinadas a demostrar la veracidad o falsedad de las imputaciones realizadas (contra Galeano), contribuye a potenciar el clima de encubrimiento y sospecha”. Por lo tanto Memoria Activa reclama que se convoque a los testigos ofrecidos –entre ellos el personal del juzgado de Galeano– y se hagan, si son necesarios, los careos para que se esclarezcan las irregularidades en el caso AMIA.

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