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Por Victoria Ginzberg
 Los que lo vieron sentado en
una silla en el pasillo de la secretaría federal de Oscar Aguirre,
en el cuarto piso de los Tribunales de Comodoro Py, dicen que ayer Jorge
Rafael Videla era la imagen de la soledad y la decadencia. Flaco, envuelto
en un sobretodo, el dictador esperó que comenzara la audiencia
de la causa en la que se investiga el Plan Cóndor y luego se negó
a declarar. De todas maneras, en el expediente hay pruebas suficientes
para que Videla sea procesado.
Videla fue trasladado por la mañana desde su departamento del barrio
de Belgrano, donde cumple con el arresto domiciliario por su participación
en el plan para apropiarse de hijos de desaparecidos durante la última
dictadura militar. Ayer, el dictador iba a ser interrogado sobre su participación
en el plan de coordinación represiva de las dictaduras del Cono
Sur durante la década del ’70. En esta causa, que lleva adelante
el juez Rodolfo Canicoba Corral, sería procesado por asociación
ilícita, privación ilegal de la libertad y torturas.
El acusado –que fue asistido por Carlos Tavares y Alberto Rodríguez
Varela– entró al despacho de Aguirre nervioso, sacó
un papel y leyó con tono de comunicado :“Por las presentaciones
que hicieron mis abogados este acto es nulo y me niego a declarar”.
El dictador se refería a los escritos que sus representantes hicieron
en la causa por robo de bebés. Allí Tavares y Rodríguez
Varela defendieron a Videla alegando prescripción de los delitos
y cosa juzgada. Estos argumentos ya fueron rechazados por el ahora ex
juez Adolfo Bagnasco y por la Cámara Federal porteña. Ahora
debe expedirse el procurador Nicolás Becerra y luego la Corte Suprema.
Becerra no apoyará al dictador.
Canicoba Corral ya ordenó las capturas internacionales del dictador
paraguayo Alfredo Stroessner y del ex jefe de la policía secreta
chilena Manuel Contreras. Además, el fiscal Miguel Angel Osorio
reclamó la extradición de cuatro militares uruguayos que
fueron indultados por el ex presidente Carlos Menem: José Nino
Gavazzo, Manuel Cordero, Jorge Silveira y Hugo Campos Hermida. Osorio
expresó que como la desaparición forzada de personas es
un delito que se sigue cometiendo hasta que no aparezca la víctima,
los acusados pueden ser imputados porque el delito existió aún
después del indulto.
Cristina Carreño Araya, de nacionalidad chilena, desapareció
en Argentina el 26 de julio de 1978. Federico Tatter, paraguayo, también
fue secuestrado aquí el 15 de octubre de 1976. Sara Méndez
nació en Uruguay y fue detenida ilegalmente en Buenos Aires junto
con su hijo Simón, que tenía veinte días; Sara salió
en libertad pero Simón sigue desaparecido. Los argentinos Mónica
Grinspon, Claudio Logares y su hija Paula fueron secuestrados en Uruguay,
la niña fue recuperada en Argentina pero aún no se conoce
el destino de sus padres. María Esther Ballestrino de Careaga era
paraguaya y desapareció el 8 de diciembre de 1977 en la operativo
de la Iglesia de la Santa Cruz. Estos cinco casos son los denunciados
en esta causa, en la que Videla sería procesado en poco tiempo
y en la que también están siendo investigados los dictadores
Emilio Eduardo Massera y Augusto Pinochet.
LA
JUSTICIA RECHAZO LA EXTRADICION A LA ARGENTINA
Cavallo, muy cerca de Garzón
Por V. G.
Las esperanzas del marino Ricardo
Miguel Cavallo de recibir ayuda de la Justicia argentina para eludir su
juicio en Madrid se esfumaron ayer. El juez federal Rodolfo Canicoba Corral
rechazó la solicitud de extradición que había presentado
el abogado José Scelzi en nombre de “Sérpico”.
El represor de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) preso
en México está ahora a un paso más cerca del juez
español Baltasar Garzón.
Cavallo fue detenido en México el 24 de agosto del año pasado
luego de que el diario Reforma revelara que el director del Registro Nacional
de Vehículos (Renave) era en realidad un represor argentino conocido
por sus víctimas como “Sérpico”, “Marcelo”
o “Miguel Angel”. Luego, el juez mexicano Jesús Guadalupe
Luna Altamirano expresó que el represor debía ser trasladado
a España, donde está acusado de “genocidio, terrorismo
y torturas”. Ante este panorama, nada agradable para su defendido,
Scelzi se presentó ante el juez Adolfo Bagnasco y solicitó
que el marino sea trasladado a Argentina para juzgarlo por los mismos
hechos que se le imputan en Madrid. Además de apelar al principio
de territorialidad y a diferentes pactos sobre derechos humanos, el abogado
argumentó que las personas que podrían declarar a favor
del represor no están en condiciones de viajar a España,
porque serían arrestadas al cruzar las fronteras argentinas.
El hecho de que la presentación de Scelzi no se efectuara ante
la Cámara Federal, que la hubiera sorteado, sino ante la Policía
Federal, que la remitió al magistrado de turno, es decir Bagnasco,
despertó ciertos recelos. El ex detenido Juan Gasparini denunció
que el juez se había prestado a una maniobra del Gobierno y planeaba
reclamar la extradición de Cavallo. Bagnasco lo negó y dejó
su cargo sin cerrar el caso. El magistrado que lo reemplazó rechazó
ayer la pretensión del represor.
Para fundamentar la resolución, Canicoba Corral se hizo eco del
dictamen del fiscal Paulo Starc, quien había expresado que “no
existiendo orden judicial argentina alguna que requiera la captura de
Cavallo por los hechos que su letrado pretende sea extraditado, se entiende
que debe rechazarse la solicitud de extradición y archivar los
autos sin más trámite”.
“Sérpico” también había intentado que el
gobierno argentino, al que no le gusta el principio de “extraterritorialidad”,
interviniera oficialmente en su caso. Sin embargo, el marino tampoco tuvo
éxito en esa jugada. En su momento la Cancillería afirmó
que “no es el Poder Ejecutivo quien debe tramitar las extradiciones,
son los jueces los responsables de actuar en tales circunstancias”.
Actualmente Cavallo sigue detenido en México, donde se está
tramitando un recurso de amparo que interpusieron sus representantes en
ese país para intentar evitar, o al menos dilatar, su viaje a Madrid,
donde lo espera Garzón. El juez español acusó al
represor de tener responsabilidad en 264 desapariciones (16 de ellas de
mujeres embarazadas) y 110 secuestros. En su escrito, el magistrado señaló
que Cavallo fue “uno de los pocos oficiales que pasó por todas
las áreas represivas de la ESMA” y que por ende tuvo una “posición
prevalente en cada una de las acciones allí cometidas”. Cavallo
también fue interrogado en México por orden del juez francés
Roger Le Loire por su participación en los secuestros de las monjas
Alice Domond y Leonie Duquet, que estuvieron cautivas en la ESMA.
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