La amenaza de los empresarios de colectivos de suspender los servicios nocturnos quedó en la nada. En parte porque el Gobierno les advirtió que de llevar a cabo el “lock out” sufrirían fuertes multas, pero también porque se comprometió a darles un plan de competitividad. A las 20 de ayer, dos horas antes de que los colectivos dejaran de levantar pasajeros, el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, y el ministro de Infraestructura, Carlos Bastos, se reunieron con las cámaras del autotransporte y lograron desactivar la medida de fuerza. A cambio les prometieron incluir al sector entre los beneficiarios de los planes de competitividad, lo que también evitaría subas en los precios de los boletos.
El aumento del gasoil y la imposición del IVA al autotransporte –a una tasa diferencial, del 10,5 por ciento– provocaron la reacción de los empresarios, que amenazaron con dejar de prestar servicios entre las 22 y las 5. En un primer momento el Gobierno respondió con dureza. La Comisión Nacional Reguladora del Transporte (CNRT) les envió por la mañana una circular a las cámaras y empresas intimándolas a cumplir con su obligación de brindar la totalidad de los servicios diagramados, bajo apercibimiento de multas de entre 5000 y 15.000 boletos mínimos por cada día en que dejaran de operar. Los defensores del pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, y de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Oliveira, también advirtieron que iniciarían acciones legales contra los transportistas.
Durante la tarde, el secretario de Transporte, Ignacio Ludueña, mantuvo negociaciones con los empresarios, pero el acuerdo final quedó para ser definido horas más tarde por Colombo y Bastos. “A pedido del Gobierno hemos decidido levantar la medida, con el compromiso de que a partir de mañana (por hoy) comenzaremos las reuniones necesarias para poder equilibrar la economía del sector y para firmar un convenio de competitividad que coloque a las empresas en condiciones de seguir operando”, anunció Héctor Tilve, titular de la Cámara del Autotransporte de Pasajeros, tras la reunión con el jefe de Gabinete y el ministro de Infraestructura.
Por su parte, Bastos aseguró que “siempre hemos estado dispuestos a escuchar a las empresas del transporte para solucionar sus problemas, y por esto nos pareció que habían tomado una actitud apresurada al anunciar el corte de los servicios”. Además del plan de competitividad, que les permite tomar los aportes patronales a cuenta de IVA, los empresarios plantearon que se les concedan otros beneficios, como postergar el cronograma de renovación de flotas que se dispuso luego del último aumento tarifario.
Después que anunció las últimas medidas, el Gobierno postergó hasta el 1 de agosto una definición sobre una posible suba en el precio de los boletos. Sin embargo, ayer Bastos planteó que las próximas concesiones que dará el Gobierno al sector serán suficientes para mantener las tarifas en los niveles actuales. Los empresarios prefieren esa vía antes que la suba de los boletos, ya que eso los pone en una situación de desventaja frente a otros medios de transporte, como el tren y el subte, y puede ocasionarles pérdidas de pasajeros. De hecho, Tilve sostuvo que “nuestra mayor ambición es continuar los servicios con el mismo cuadro tarifario que tenemos hasta ahora”. De todos modos, si los empresarios no obtienen los beneficios que reclaman, volverán a la carga para que se eleven las tarifas.
Entre los argumentos para justificar la paralización del servicio nocturno, los empresarios habían mencionado la necesidad de hacer un aprovisionamiento de recursos para pagar los aguinaldos y sueldos de junio. “A partir de mañana (por hoy) estudiaremos con el Gobierno la manera de equilibrar nuestras economías de aquí a fin de mes”, señaló anoche Tilve. Para los empresarios, la imposición de IVA al transporte implicaba “un ataque a la subsistencia del servicio público legalmente habilitado”. Además, consideraron que el incremento de 8 por ciento para los insumos importados (por la aplicación del tipo de cambio con factor deempalme) era un agravante “intolerable”. La amenaza del lock out pretendió arrancarle al Gobierno una respuesta favorable a sus reclamos, que en principio consiguieron.

IMPUESTOS CADA VEZ MAS ALTOS COMO PAGO A CUENTA
Cavallo y el cuento del pago

Por Julio Nudler

Con la excusa de considerarlos un arma clave en la lucha contra la evasión fiscal, Domingo Cavallo está multiplicando los impuestos que los agentes privados pueden imputar como pago a cuenta del Impuesto al Valor Agregado. Sin embargo, esta posibilidad no existe para los monotributistas ni para empresas que ya acumulan los llamados “saldos técnicos”, que son sumas a favor del contribuyente (créditos fiscales) que éste no ha conseguido compensar (es decir, detraer de sus débitos fiscales, equivalentes al impuesto cobrado a sus clientes), porque su IVA compras es mayor que su IVA ventas. Para quienes se encuentren en esta situación, decisiones oficiales como la tasa especial al gasoil y el incremento del impuesto a este combustible y de las contribuciones patronales representan aumentos netos de la presión fiscal, que se ven obligados a absorber por un período indeterminado. En todo caso, el efecto de las subas es dispar y Economía carece de datos para saber a quiénes afectan y cuánto.
Cavallo anunció el viernes pasado que la AFIP cancelará su deuda por saldos técnicos del IVA mediante la emisión de certificados, cuya aceptación por los contribuyentes será voluntaria. Pero antes de llegar a ese punto, deberá constituir un fondo fiduciario cuyo activo de respaldo serán las acreencias que el ente recaudador alega tener contra el sector privado y cuya cobranza proyecta privatizar. El día –si llega– en que esta iniciativa se materialice, el fisco cancelará unos 5000 millones de pesos en saldos técnicos (hasta ahora sólo está liquidando los originados en inversiones) y será mucho más probable que los contribuyentes puedan recuperar, vía IVA, otros impuestos desembolsados a cuenta. Mientras tanto, deberán cargar con ellos. Hasta el año pasado, la masa de saldos técnicos acumulados venía creciendo a razón de 700 millones anuales, fogoneada por los regímenes de retención (por parte del que paga) y percepción del impuesto (por parte del que cobra).
Incluso cuando funciona, el pago a cuenta no seduce, como técnica, a los tributaristas. No le ven mucho sentido a recaudar por un lado y perder por otro lo embolsado. Así, cuando entre 1989 y 1991 se permitió tomar el impuesto al cheque como pago a cuenta, la recaudación del IVA caía automáticamente con cada aumento en la alícuota del que era entonces un tributo a los débitos bancarios solamente. En cuanto al pretexto de combatir la evasión, resulta sólo parcialmente creíble. Al elevar la contribución patronal al 16 por ciento del salario, permitiendo descargarla del IVA, no puede considerarse que aquél sea un gravamen menos evadido que éste. Para colmo, el incremento es regionalmente regresivo porque afecta más a los empleadores más distantes del área metropolitana.
Los técnicos tampoco entienden por qué el Impuesto a las Transacciones Financieras servirá para acorralar a los evasores. Si se trata de valerse para ese fin del movimiento de las cuentas corrientes, la AFIP podría conocerlo sin necesidad de gravarlo. Además, al aplicarle una alícuota del 1,2 por ciento (débitos más créditos), vuelve ilusoria para muchas ramas la imputación contra el IVA. Esta sólo será posible, y no en todos los casos, para empresas con fuerte peso salarial en sus costos o amplios márgenes de ganancia; es decir, con alta generación de valor agregado.

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