Por Irina Hauser

En la Justicia están prácticamente todas las condiciones dadas para que Víctor Alderete salga de la cárcel. El fallo con que la Corte Suprema el mes pasado cuestionó por “arbitrario” y carente de pruebas el procesamiento y la prisión preventiva del ex titular del PAMI por defraudación, está surtiendo efecto como en las mejores épocas del reino de la mayoría automática leal al menemismo. Sujeta a las directivas del alto tribunal, la Sala II de la Cámara Federal ayer dictó una nueva resolución en la que revoca la detención de Alderete por fraude. En poco tiempo la Cámara tendrá que dar el paso determinante y resolver si lo libera en relación a la acusación por asociación ilícita. Allegados a ambas salas del tribunal dijeron a Página/12 que “los cuestionamientos de la Corte condicionarán también el fallo pendiente” sobre el delito que aún tiene al ex funcionario entre rejas.
El sábado pasado Alderete cumplió un año preso como consecuencia de una denuncia que presentó la Oficina Anticorrupción (OA) y que investigó el ex juez Adolfo Bagnasco. Según la OA el ex funcionario lideró una banda que manejó a discreción los contratos más importantes del PAMI y que montó una estructura para eludir controles. Bagnasco –que como socio del abogado Mariano Cavagna Martínez ahora participa en las sombras de la defensa de Carlos Menem– fue quien ordenó la prisión preventiva de Alderete, primero por defraudación y después por liderar una asociación ilícita.
El ex titular del PAMI ahora está preso sólo por asociación ilícita gracias a que la Corte dijo que no había nada que acreditara que hubiera defraudado al Estado y que era arbitrario que estuviera en la cárcel por eso. La OA protestó, sin demasiado éxito, alegando que los ministros se metieron con cuestiones de prueba que no son de su competencia. A la Sala II de la Cámara le tocó reformular el fallo de la Sala I de acuerdo a lo dispuesto por los jueces superiores. “Imagínese, si la Corte dijo que el fraude no está probado la Cámara ahora deberá tener muchos pero muchos argumentos para decir que lideró una banda para delinquir”, coincidieron consultados por este diario dos funcionarios del tribunal de alzada. “Quizá el trámite demore unos meses, pero es probable que no quede otra que soltarlo, aunque siempre puede haber sorpresas”, añadió uno de ellos.
La nueva apelación de Alderete para quedar libre, presentada por su abogado León Arslanian, ya está en la Cámara y se ha convertido en una brasa ardiente. Los tironeos entre las dos salas están a la orden del día: nadie quiere cargar con la responsabilidad de decidir si lo deja o no preso por asociación ilícita. En parte, por la repercusión que ese desenlace pueda tener en la causa de las armas en las que Menem, Emir Yoma, Erman González y Martín Balza están presos por ese mismo delito.
A pesar del reto que recibieron de la Corte, todo indica que la Sala I que integran Luisa Riva Aramayo –autodenominada amiga del ex ministro del Interior Carlos Corach y de Menem– y Horacio Vigliani –de perfil peronista–, será la que termine resolviendo la nueva presentación ya que tuvo el caso asignado desde un principio. En su momento, Riva Aramayo votó por revocar la prisión preventiva de Alderete por defraudación y Vigliani se pronunció a favor de mantenerla. Martín Irurzun, de la otra sala, desempató con una opinión en consonancia con la de Vigliani.
Cuando la Cámara comience a analizar el capítulo de la asociación ilícita, el fallo de la Corte no será determinante pero sí muy influyente, según señalaron las fuentes consultadas. Los jueces tendrán que tener explicaciones sólidas para dejar a Alderete en reclusión por un delito más grave que el que la Corte dijo que no está probado, razonan. Además, sugieren que nadie se querrá arriesgar a ser blanco de otro tamaño cuestionamiento del máximo tribunal. También es cierto, dicen, que aunque la cuestión de la asociación ilícita forme parte de la misma pesquisa es un delito independiente y esto permitiría el desarrollo de una nueva línea argumental. “Pero los camaristas en este caso cuentan con la contra de queBagnasco, que dictó el procesamiento por ese delito cuando estaba a punto de renunciar, dejó un expediente muy pobre”, dijo uno de los informantes.
La resolución firmada ayer por Horacio Cattani y Eduardo Luraschi, de la sala II, revoca la prisión preventiva del ex titular de la obra social de los jubilados recogiendo los argumentos que dieron seis ministros de la Corte (Julio Nazareno, Eduardo Moliné O’Connor, Guillermo López, Adolfo Vázquez, Augusto Belluscio y Antonio Boggiano) en su durísimo fallo del 16 de mayo. Los camaristas intentan dejar en claro que en el texto esas opiniones vertidas en realidad no les pertenecen, aunque no agregan observaciones. “A la Cámara no le queda otra opción que dictar un nuevo pronunciamiento con los fundamentos de la Corte, siempre es así”, explicaron a este diario funcionarios judiciales.
La Corte había dicho cosas tales como que “los jueces de la causa no han tenido por acreditado en autos el perjuicio que habría sufrido el Estado nacional ni cuáles fueron los aportes que éste habría realizado en favor del I.N.S.S.J.P (es decir el PAMI), ni cómo fue su administración”. Incluso señaló la falta de “peritajes contables para determinar el monto de las defraudaciones imputadas o los precios de los servicios involucrados en los contratos cuestionados”.
Cuando salió aquel fallo, una de las principales lecturas que circulaban resaltaba que la Corte no había dicho nada sobre la figura de la asociación ilícita a pesar de que Nazareno, Moliné O’Connor, López y Vázquez cuando intentaron colar apreciaciones sobre ese delito –por ejemplo, que no es aplicable a funcionarios de un gobierno– para favorecer a Menem sentando jurisprudencia. No lo hicieron esa vez, pero está claro que dejaron la puerta abierta. Y dejaron también una fuerte presión sobre la Cámara que ahora está en un brete. Todo esto demuestra, una vez más, que la Corte sigue siendo la salida política para no pocos.

PRINCIPAL