Por Adriana Meyer

La comisión integrada por el ministro de Justicia, el jefe de la SIDE y un juez federal analizó ayer una parte de las cuentas de la SIDE y seguirá haciéndolo hasta el martes. Jorge de la Rúa, Carlos Becerra y Gabriel Cavallo, con el apoyo técnico de un perito contador de la Oficina Anticorrupción (OA), revisaron los comprobantes de los gastos correspondientes a dos cheques por 6 millones 500 mil pesos que los espías cobraron en abril del año pasado, al mismo tiempo que se destrababa la negociación por la Reforma Laboral. Esta medida tuvo lugar en la causa por el escándalo de los sobornos en el Senado y fue posible a partir del decreto presidencial que levantó el secreto de esos movimientos financieros. Los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado, que sospechan que el dinero de las coimas salió de la SIDE, no estuvieron presentes porque se oponían a la participación del perito de la OA.
Ellos habían propuesto que el análisis de esos documentos fuera realizado por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) pero como el juez no accedió pidieron la nulidad de la medida. Cavallo también rechazó la nulidad planteada y ayer los fiscales apelaron. Una vez más, el magistrado disintió argumentando que las medidas de prueba no son apelables. Ahora es posible que recurran en queja a la Cámara Federal. “Si iban estaban convalidando un circo”, opinó un funcionario que conoce el pensamiento de los fiscales. Freiler y Delgado consideran que la OA no debiera estar presente porque ese organismo depende del Poder Ejecutivo, cuyos ex funcionarios están imputados en el caso. Sin embargo, el juez sostuvo que su negativa a la presencia de contadores de la SIGEN tiene que ver con “el restringido marco del decreto presidencial que autorizó el levantamiento del secreto de las cuentas de la SIDE”. En cambio, el ministerio de Justicia, de donde depende la OA, sí está autorizado a intervenir en el procedimiento.
Más allá de estas diferencias, de las que una fuente judicial se lamentó porque sostuvo que “se perdieron la oportunidad inédita de revisar los papeles de la SIDE”, la comisión trabajó entre las 8.35 hasta las 16 en la sede central ubicada en 25 de Mayo 11. El juez explicó que el operativo se realizó porque que su antecesor en la causa, el renunciante Carlos Liporaci, “no se había quedado con copia” de la documentación presentada en su momento por el ex jefe de la SIDE, Fernando de Santibañes.
La tarea consistió en revisar las constancias de cada uno de los gastos realizados con esos 6 millones y medio de pesos. Cada erogación posee un legajo que contiene la rendición del dinero y su respectivo comprobante. Estos datos están siendo chequeados con los asientos contables de los libros de la SIDE. Cuando termine el procedimiento, el perito analizará la evolución de las extracciones de la misma cuenta de donde salieron los cheques para determinar si el monto retirado corresponde a los retiros habituales de dinero. Esto apunta a comprobar si es cierta la explicación que dio en su momento la SIDE: De Santibañes había indicado que ese dinero fue destinado a equilibrar una baja en la caja del organismo, que tiene que estar siempre en el nivel de efectivo establecido.
Cuando el procedimiento haya sido completado, los documentos originales quedarán en la caja fuerte del juzgado de Cavallo. En esas planillas fue tachado el concepto de cada gasto porque ese dato es secreto. Y la SIDE se quedará con copias certificadas. Los investigadores coinciden en que será determinante la segunda etapa de análisis, en la que se verificará la realización concreta de cada uno de los gastos. “La correspondencia entre las rendiciones, los comprobantes y los asientos contables no significa nada si no comprobamos que realmente el dinero se gastó en lo que dicen que lo usaron”, explicó uno de ellos.
Varios testigos declararon en la causa que el dinero de los sobornos habría salido de la central de inteligencia y, aunque esto aún no fue probado, durante la investigación fueron detectadas variadasirregularidades en el manejo de los fondos. Liporaci había dictado la falta de mérito a los once senadores imputados inicialmente, pero los fiscales apelaron la medida en relación a siete de ellos. La decisión depende ahora de la sala I de la Cámara Federal.

PRINCIPAL