|
Por Irina Hauser
 La defensora del Pueblo de
la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Oliveira, denunció ante la Justicia
al anterior gobierno de la Ciudad por el desvío de 400 mil pesos.
La irregularidad se habría cometido a lo largo de varias gestiones
en la Secretaría de Promoción Social porteña. También
está bajo investigación la responsabilidad del presidente
Fernando de la Rúa, por entonces jefe de Gobierno. El dinero, según
la demanda, había sido donado por la fundación W.K. Kellogg
para el desarrollo de un programa de voluntariado cuyo objetivo era “la
educación para la solidaridad”, pero no se usó para
eso y su destino es un misterio.
El tema salió a la luz a raíz del reclamo ante Oliveira
de Ana María Dones, porque no le pagaban los 15 mil pesos que le
correspondían como ganadora del concurso “Universidad Solidaria”
convocado como parte del “Programa de Solidaridad y Voluntariado
Uno por Otro”. El certamen invitaba a estudiantes, profesores, graduados
y ONG a presentar propuestas de capacitación de voluntarios. Había
sido organizado por la Secretaría de Promoción Social y
estaba auspiciado por la Fundación Kellogg –que dio el dinero
para los proyectos premiados– y por Unicef.
La protesta de Dones –que preside la ONG Faldad– y de otras
dos instituciones generó una investigación de la Defensoría,
que terminó presentando una denuncia ante el juzgado de Silvia
Ramond, para que los funcionarios responsables fueran investigados por
malversación de fondos.
Los premios, que finalmente se empezaron a entregar desde octubre del
2000 a pesar de que la fecha prometida era el 12 de diciembre de 1999,
no fueron abonados con el aporte correspondiente de la donación
de Kellogg sino con plata del presupuesto del Gobierno porteño,
según detectó la pesquisa comandada por Sergio Delgado.
Más aún, estuvieron a punto de pagarlos con una partida
destinada a dar asistencia a los vecinos pobres de la ciudad, pero frenaron
ese trámite cuando la Defensoría los alertó.
Kellogg informó que entregó la donación en dos pagos:
el primero, en julio de 1997, fue de 249.700, y el segundo, en mayo de
1999, fue de 150.300. Delgado explicó a Página/12 que, al
parecer, en el ínterin “alguien” advirtió que
el Gobierno de la Ciudad “no podía aceptar donaciones sin
la aprobación del Concejo Deliberante”. Un proyecto elevado
finalmente por De la Rúa y el entonces secretario de Hacienda,
Adalberto Rodríguez Giavarini, pedía al cuerpo que avalara
la donación que tenía como destino, decía, “la
creación de un programa que desarrolle el voluntarismo (sic)”.
Más allá del lapsus de poner voluntarismo en lugar de voluntariado,
el proyecto fue presentado el 1º de octubre de 1997, es decir, cuando
Promoción Social ya contaba con la primera tanda de dinero.
Según la denuncia de Oliveira, la Fundación Kellogg envió
un informe donde señalaba que el Gobierno porteño no había
cumplido con los términos del acuerdo que exigía, por ejemplo,
que los fondos estuvieran separados del presupuesto y que se destinaran
sólo a “propósitos caritativos, científicos,
literarios o educacionales”, pero “no para influir los resultados
de ninguna elección a un cargo público...”. Además,
aclaran, Kellogg dijo que nunca pudo establecer dónde terminó
el dinero aportado.
Oliveira recordó que cuando intentaba reconstruir el destino de
la donación, “la secretaría no daba ninguna respuesta
satisfactoria; les pedíamos un estado de cuenta, por ejemplo, y
nos mandaban un montón de papeles, menos lo que necesitábamos”.
“Los responsables serían Cecilia Felgueras, Rafael Kohanoff,
Lidia Satragno, "Pinky" y Daniel Figueroa”, que ocuparon
sucesivamente la secretaría, añadió la defensora.
Felgueras se defendió a través de sus voceros alegando que
existe una auditoría de la Sindicatura General de la Ciudad que
no señala irregularidades. Oliveira contesta: “La sindicatura
me tiene sin cuidado, porque lo que parece que sucede es que leemos el
mismo libro en distinto idioma. El destino del dinero, entiendo yo, no
está justificado y lo que importa es que se haga justicia”.
EL
FISCAL PINZON Y SU ESPOSA
Muerte por intoxicación
El fiscal nacional de Investigaciones
Administrativas Jorge Néstor Pinzón murió ayer en
Mar del Plata, por una intoxicación con monóxido de carbono
que también provocó el fallecimiento de su esposa, Ana Gumercinda
de Pinzón. Habían ido a pasar el fin de semana largo pero
fueron víctimas de un escape emanado de un calefactor que funcionaba
mal.
El funcionario fue encontrado con vida y fue llevado a la Clínica
Pueyrredón de esa ciudad, pero no logró salir del coma en
que había caído. Pinzón se desempeñaba como
titular del organismo destinado a controlar los delitos contra el patrimonio
nacional y encargado de verificar si los miembros de un gobierno cometen
ilícitos. Cuando Nilda Garré era diputada pidió su
juicio político por su nula intervención en la investigación
de los hechos de corrupción durante su gestión. “No
formuló ni una sola denuncia en ocho años”, había
asegurado Garré. Pinzón –de 70 años, ex juez
contencioso administrativo y ex camarista– había sido nombrado
por el ex presidente Carlos Menem, tras la remoción por decreto,
en 1990, de Ricardo Molinas. El gobierno de Fernando de la Rúa
opacó el ya poco brillante rol de esa dependencia con la creación
de la Oficina Anticorrupción. El entierro se realizará hoy,
a las 11, en la Chacarita.
|
