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Por Victoria Ginzberg
 –¿Nombre?
–Claudia Victoria Poblete Hlaczik.
–¿Fecha de nacimiento?
–25 de marzo de 1978.
–¿Nombres de sus padres?
–José Poblete Roa y Gertrudis Hlaczik.
Las preguntas más simples, obligatorias para cualquier testigo,
se convirtieron en las más importantes cuando la joven de 23 años
que creció engañada por el militar Ceferino Landa y Mercedes
Beatriz Moreira, quienes la anotaron como su hija, se sentó ayer
ante el tribunal que está juzgando su apropiación.
Claudia, que fue pedida como testigo por la defensa, prefirió declarar
sin público. Llegó a Comodoro Py discretamente acompañada
por su tío Fernando Navarro y esperó su turno para entrar
a la sala. Tranquila, al menos en apariencia, habló durante quince
minutos y eso alcanzó para hacer algunas definiciones: pronunció
el nombre que recuperó hace un año y medio ante la Justicia,
explicó que ayudó a armar los carteles que anunciaban la
realización de este juicio con la leyenda “Por la verdad y
la justicia” y llamó “matrimonio Landa” a sus apropiadores.
Es que Claudia sabe que no son sus padres, que su mamá y su papá
están desaparecidos.
Pero durante 22 años la joven ignoraba que existían José
Poblete y Gertrudis Hlaczik, que habían sido secuestrados, que
ella misma había estado cuando tenía ocho meses en El Olimpo
y que su familia la estaba buscando. Hasta febrero del 2000 creía
que Landa y Moreira eran sus padres y así lo dijo ante el tribunal.
Afirmó que los quería y que la habían tratado bien.
A pedido de la defensa, ejercida por la abogada Gladys Farrace –del
estudio comandado por Jorge Appiani y el represor Jorge Olivera–,
contó que hace poco tiempo se recibió de ingeniera en sistemas
en la Universidad del Ejército con muy buenas notas y que al llegar
a la mayoría de edad sus apropiadores le dieron algunos bienes
en donación.
“La verdad es que quisiera encontrar las palabras para tantas cosas.
Esto recién empieza, y empieza bien. Quisiera ser capaz de más
por mis padres, que fueron capaces de todo. Dice alguien por ahí
que ‘todo lo que el árbol tiene de florido viene de lo que
tiene sepultado’. Una familia es como un árbol y con semejantes
raíces nuestro árbol tiene un buen futuro asegurado”,
dice parte de una carta que Claudia le escribió a su tío
y que fue publicada en noviembre del año pasado por Página/12.
Este mensaje fue incorporado a la causa ayer, luego de que su autora lo
autorizara.
Las abogadas de Abuelas de Plaza de Mayo, Alcira Ríos y María
Teresa Sánchez, interrogaron a Claudia acerca de la relación
con sus parientes biológicos. La joven contó que decidió
incluir en su nuevo documento su apellido materno como “un reconocimiento
a las dos familias” y que fue a esperar al aeropuerto a su abuelo
que vino a declarar desde Bariloche porque está “construyendo
un vínculo”. También admitió que alguna vez
había dudado de la paternidad de sus apropiadores, pero que nunca
se animó a confrontarlos.
–¿Qué le diría a las abuelas que buscan a sus
nietos?, –preguntó Ríos. Claudia no pudo contestar.
El tribunal consideró que el tema era “inconducente”.
“Estaba muy bien plantada. Con mucha fuerza. Tiene mucho de sus padres,
que eran muy claros en sus convicciones”, describió emocionada
la abuela Buscarita Roa. La mamá de José Poblete cree que
no puede pedirle a su nieta, que convive con Moreira en arresto domiciliario,
“más de lo que hace”. “Como ella, nosotros también
estamos reconstruyendo un vínculo”, afirmó.
“No hubo errores, no hubo excesos, son todos asesinos los milicos
del Proceso”, gritaron con fuerza algunos familiares de Claudia que
tenían una remera con la foto de la niña y sus padres tomada
en 1978, poco antes deque toda la familia desapareciera. Las voces rebotaron
en el pasillo del primer piso de Comodoro Py mientras algunas chicas no
podían contener las lágrimas. Los cantos de protesta, que
hicieron que la policía desalojara del edificio a todos los que
habían estado en la audiencia, estaban dirigidos a cuatro militares
retirados que habían declarado ante los jueces Guillermo Andrés
Gordo, Luis Rafael Di Renzi y Guillermo Federico Madueño.
Edgardo Donadío, Carlos Alberto Landano, Julio César Palacios
y Mario Antonio Romero, todos ex compañeros de Landa en su paso
por el Comando del Primer Cuerpo del Ejército, aseguraron que durante
los años ‘77 y ‘78 el apropiador era jefe de contrataciones
de Intendencia, y se encargaba de manejar fondos para vestuario, equipo
y alimentos. Palacios argumentó que el acusado no había
participado en operativos contra la “lucha antisubversiva” porque
“para eso había tropas especialmente formadas y capacitadas”.
Pero el mismo testigo admitió que él y sus compañeros
sabían que existían “distintos lugares que estaban
destinados a detener personas o investigar”. Landa declaró
que ignoraba que sus compañeros torturaban y mataban, y que creía
que la niña que recibió de manos de un médico militar
había sido abandonada. Pero durante la audiencia de ayer, la abogada
de Abuelas de Plaza de Mayo reveló que el apropiador fue secretario
del Consejo de Guerra Estable Nº 1, destinado a montar una parodia
judicial para algunos casos de secuestros durante la última dictadura.
El lunes será el turno de los alegatos de la acusación y
la defensa.
MILITARES
URUGUAYOS Y EL CONDOR
Captura internacional
El juez federal Rodolfo Canicoba
Corral ordenó la captura internacional de cuatro militares uruguayos
acusados de haber participado en el Plan Cóndor. Se trata de José
“Nino” Gavazzo, Hugo Campos Hermida, Manuel Cordero y Jorge
Silveira, quienes habían sido indultados por el ex presidente Carlos
Menem.
La resolución del magistrado responde a un pedido del fiscal Miguel
Angel Osorio, quien argumentó que como el secuestro y la desaparición
forzada de personas son delitos permanentes, los militares pueden ser
acusados por el hecho que se siguió cometiendo después de
que fueron beneficiados con el indulto. Este razonamiento se podría
aplicar para juzgar a todos los responsables de violaciones a los derechos
humanos que estaban procesados –no condenados– cuando recibieron
el perdón presidencial.
Gavazzo, Hermida, Cordero y Silveira están imputados de haber participado
en el secuestro de Sara Méndez, una ciudadana uruguaya que se encontraba
refugiada en la Argentina. Méndez fue liberada después de
ser trasladada a su país pero su hijo Simón Riquelo, que
fue detenido con ella cuando tenía 20 días, sigue desaparecido.
La justicia argentina había pedido al Ministerio de Justicia uruguayo
informes sobre las misiones que desempeñaron esos militares pero
no tuvo respuesta. Con el argumento de que en 1990 se dictó la
Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, una norma
que decretó la amnistía de los represores, Uruguay se negó
a colaborar.
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