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OPINION
Por Claudio Lozano*
Criminalización de la crisis
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La población salteña asciende a 1.067.347 habitantes. De ellos, 566.761 se encuentran en situación de pobreza. De ellos, 193.189 intentan sobrevivir en la indigencia. De ellos, 88.590 viven con menos de $ 1 diario. En un contexto de esta naturaleza la provincia de Salta exhibe una administración, por lo menos, dudosa. Del total de recursos públicos de los que dispone, sólo el 16 por ciento son recaudados por la misma provincia, exhibiendo una desidia manifiesta en la recaudación del impuesto inmobiliario, señal expresa de la decisión de no presionar tributariamente sobre los sectores de mayor poder adquisitivo. Asimismo, Salta acumula una deuda que prácticamente equipara los recursos totales de la provincia (representa un 83.6 por ciento), y además tiene comprometidos �retenidos� más del 70 por ciento de los recursos que por coparticipación le transfiere la Nación.
Como si fuese poco, todos los años los habitantes de la provincia observan cómo las petroleras apropian de su subsuelo más de U$S 430 millones anuales, quedando por regalías a nivel provincia sólo U$S 52 millones por año.
Cuando en un contexto como el descripto y frente a un conflicto social concreto, el gobierno nacional comienza a buscar francotiradores, narcotraficantes, guerrilleros o infiltrados, quiere decir que lamentablemente se ha tomado la decisión de �criminalizar la crisis y la protesta social� y avanzar en el camino de la militarización de la democracia.
Los muertos de Corrientes y Salta son resultado de esta definición y constituyen el símbolo letal del genocidio por planificación de la desigualdad que perpetúa la pobreza cotidiana. La causa judicial abierta en los tribunales correntinos en razón de los hechos fatales acontecidos a comienzos del presente gobierno demuestra que los denominados �francotiradores�, lejos de ser piqueteros, son parte de la Gendarmería y configuran una operación tramposa que sólo pretende promover la confusión y legitimar frente a la sociedad la insostenible e injustificable escalada represiva.
* Secretario de Estudios y Formación de la CTA. |
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