|
Por Adriana Meyer
 “¿Cómo puede
ser?, se indignó una señora en el colectivo mientras leía
que María Julia Alsogaray es asistida por una defensora oficial
en la veintena de juicios que la jaquean. Como todo ciudadano tiene derecho
a la defensa, y esa asistencia es gratuita, pero sólo para quienes
no tienen recursos. La señora no sabe que Alsogaray, en caso de
ser condenada, debería pagar las costas, tal como establece la
Ley de Ministerio Público. La intención de la ex polifuncionaria
menemista era ejercer su propia defensa, pero como no es abogada la Justicia
no se lo permitió. Por eso tuvo que confiar su representación
a Perla Martínez de Buck. Pero también escucha los consejos
de su sobrino abogado, Francisco Alsogaray.
En febrero, el juez Rodolfo Canicoba Corral le indicó que estaba
obligada a designar un abogado o sería asistida por un integrante
de la Defensoría General de la Nación (DGN). Fue en la causa
que podría llevarla a la cárcel, en la que está acusada
de haber integrado una asociación ilícita, aunque el magistrado
todavía no decide si la llama a indagatoria. Alsogaray llegó
con su planteo hasta la Cámara Federal, pero no le permitieron
ejercer su defensa. “Es ingeniera, no abogada”, comentó
a modo de explicación una fuente judicial. Pero la ex secretaria
de Recursos Naturales llevó su inquietud a la Cámara de
Casación. Quienes conocen la situación afirman que sólo
es para ganar tiempo. Mientras tanto, ya acudió al despacho de
Martínez de Buck para coordinar y planear la estrategia con que
afrontará los procesos. Buck debutó con Alsogaray en la
reciente indagatoria que le tomó el juez Jorge Urso en la causa
en la que está acusada de pagar de más a empresas proveedoras
de la ex Entel.
Todo comenzó cuando renunciaron sus abogados Oscar Ravinovich,
Roberto Eliosoff y Pablo Slonimsqui. A fines del año pasado, estos
profesionales hicieron para su clienta un cálculo de honorarios
en base a la complejidad de las causas y al progresivo incremento de las
mismas, que a ella le pareció demasiado alto. Además, Alsogaray
quería un manejo más político y mediático
de su defensa. La ex funcionaria pensaba poner un abogado sólo
en la causa en la que está acusada de presunto enriquecimiento
ilícito. Consultó al actual defensor de Carlos Menem, Mariano
Cavagna Martínez, pero los dos penalistas de su estudio, Adolfo
Bagnasco y Gustavo Literas, dicen que se negaron a aceptar. Alsogaray
fue procesada en esa causa y apeló la decisión.
El artículo 63 de la ley 24.946 establece que “el imputado
en causa penal que, a su pedido o por falta de designación de defensor
particular, sea asistido por un Defensor Público Oficial, deberá
solventar la defensa, en caso de condena, si cuenta con los medios suficientes”.
Entonces, el tribunal regulará los honorarios de la defensa. El
juez pedirá un informe socio-ambiental y si el imputado es indigente
resultará eximido del pago. Lo recaudado va a los fondos de la
DGN. Puede ocurrir que alegue no tener recursos en ese momento, y en tal
caso la responsabilidad de cobrarle a futuro recae en la AFIP.
La aplicación de este artículo no tiene demasiados antecedentes,
desde la sanción de la Ley del Ministerio Público, en 1998.
Aunque la norma existe no se ha generalizado su uso en la Justicia. En
el fuero federal hay un solo caso en el que un querellante que perdió
un juicio por calumnias e injurias tuvo que pagar las costas de su abogado
y las de la defensa oficial (ver aparte). Pero en la DGN informan que
hay 55 expedientes abiertos que reflejan la implementación del
cobro. Alfredo Astiz también fue asistido por Martínez de
Buck y resultó condenado por apología del delito pero el
represor recurrió en queja a la Corte. Por lo tanto, aún
no se puede hablar de los honorarios.
No sólo acuden a los defensores oficiales quienes no pueden pagar
un abogado. Algunos acusados en el fuero federal los prefieren porque
consideran que son más eficientes e independientes. Entonces, ¿María
JuliaAlsogaray tendrá que pagar? Sí, pero solo en caso de
ser condenada en alguna de las causas, si su defensor oficial lo pide
y el tribunal oral que la juzgue así lo establece.
UN
PRECEDENTE EN TUCUMAN
Musalem pagó las costas
Por A. M.
Hace cuatro años la Defensoría
General de la Nación (DGN) cobró 3000 pesos en un juicio
ganado por uno de sus integrantes. El condenado fue el ex inspector de
Justicia de Tucumán, Alfredo Musalem, que había querellado
por calumnias e injurias a Ramón Luna.
En setiembre de 1994, Musalem se sintió agraviado por expresiones
de Luna en publicaciones y cartas documento donde lo acusaba de “hacer
la vista gorda” en un delito de estafa y lo acusaba de incumplimiento
de los deberes de funcionario y encubrimiento. Luna llegó al juicio
oral y su defensor, Gustavo Kollmann logró su absolución,
con costas y publicación de la sentencia. Y solicitó que
se investiguen los delitos que podría haber cometido Musalem. Kollmann
pidió al juez Gustavo Literas la regulación de honorarios
en función de la Ley de Ministerio Público y la resolución
754/98 de la DGN, que le correspondía cobrar a ese organismo “por
la actividad que le cupo en la representación de Ramón Luna,
imponiéndole el pago de los mismos a la contraparte”, es decir,
el querellante Alfredo Musalem, hombre vinculado al menemismo.
|
