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Por
Eduardo Tagliaferro
 Carlos
Menem tendrá una segunda oportunidad de explicarle al juez federal
Jorge Urso su “verdadera verdad”, tal como él mismo afirmó,
en el Hotel Presidente, el día anterior a su detención.
La ampliación de la indagatoria le fue notificada personalmente
ayer a su abogado Oscar Roger, en el despacho del magistrado. La declaración
del ex presidente es esperada ansiosamente por los investigadores judiciales,
que tienen más de 500 preguntas para formularle.
En su anterior comparencia, Menem se negó a declarar y se limitó
a dejar en manos del juez un escrito en el que tomaba distancia de la
venta ilegal de armas. Diecinueve días después de su arresto,
por el juzgado se han ido acumulando testimonios y pruebas que complican
la situación procesal de quien está sospechado de ser el
jefe de la asociación ilícita que realizó el negocio
millonario.
La nueva citación se produjo el mismo día en que el menemismo
esperaba ansiosamente el fallo de Urso resolviendo el futuro procesal
del ex presidente. “La citación es a fin de hacerle conocer
todos los elementos que figuran en la causa”, fue la respuesta que
entregaron ayer a Página/12 en el juzgado federal.
“¿Para qué lo llama?”, preguntó Roger al
juez, según allegados de Tribunales. “El doctor Menem tiene
que explicarle al país su verdad”, fue la respuesta. Aunque
se mostró sorprendido por la citación de su cliente, a Roger
no se le escapa que en esta ocasión el ex presidente no puede desaprovechar
la oportunidad de entregar su versión de los hechos. Tampoco desconoce
que en los últimos días se han sumado elementos que lo comprometen.
Entre ellos los testimonios del vicecomodoro Tomás Medina y del
almirante Edmundo Schaer, quienes declararon que en dos ocasiones se entrevistaron
con Menem para concertar una millonaria venta de submarinos a Taiwan.
Funcionarios de Tribunales explicaron que el oficio ordenando la presencia
de Menem en el despacho de Urso tenía su fundamento en el artículo
294 del Código Procesal Penal. También recordaron que en
los seis años de investigaciones no era la primera vez en la causa
que se resolvía ampliar la declaración indagatoria de alguno
de los involucrados. Recientemente sucedió con los casos de Antonio
Erman González y del ex subjefe del Ejército, Raúl
Gómez Sabbaini, pero antes figura el antecedente de Mauricio Muzi,
integrante de la comisión triministerial que autorizaba la aprobación
de los decretos.
Antes de retirarse de Comodoro Py, Roger adelantó que “lo
prepararía a Menem para hablar sobre tres testimonios que lo incriminan”.
Al momento de detallarlos, ubicó entre éstos a los dichos
de Esteban Caselli, actual secretario del gobernador bonaerense Carlos
Ruckauf; de Luis Sarlenga, ex interventor en Fabricaciones Militares,
y de los militares Medina y Schaer. Cuando se enteró de que nuevamente
era llamado a indagatoria por Urso, la primera reacción del ex
presidente fue la de presentarse a la audiencia tan sólo con un
escrito y negarse al interrogatorio del fiscal Carlos Stornelli y del
juez. A última hora sus hombres más cercanos intentaban
convencerlo de que aceptara declarar frente a los funcionarios judiciales,
a la vez que trabajaban sobre el escrito que dejarían en el expediente
(ver aparte).
Más allá del compromiso de su letrado, entre quienes siguen
de cerca la causa persistía la duda de si finalmente el ex presidente
se allanará a responder la larga lista de interrogantes que tienen
los investigadores para formularle. Tampoco podían dilucidar si
sobre los tres items sobre los que se explayaría, el ex presidente
aceptará que le formulen preguntas. Sobre dos de ellos, la defensa
ya había avanzado en la presentación realizada el jueves
último. En ese escrito los abogados desacreditan las declaraciones
de Caselli, quien reconoció que fue Menem quien le ordenó
transmitirle al ex ministro de Defensa Oscar Camilión “que
mantenga a Sarlenga en su puesto”.
Cuando Caselli dijo que Menem había respaldado la continuidad de
Sarlenga en Fabricaciones Militares, el ex presidente perdió la
línea y lo calificó como “pinche de décima”.
Para invalidar las declaraciones de Caselli, los defensores usan los argumentos
utilizados por un viejo enemigo del menemismo: Domingo Cavallo. En este
punto argumentan que en el libro “El peso de la verdad”, Cavallo
señala que detrás de la venta de las armas se encontraban
el propio Caselli y Alberto Kohan. Esto los induce a sostener que Caselli
sería parte interesada en ocultar la verdad. Como subproducto de
esta presentación comprometen a uno de los incondicionales del
ex presidente como es el caso de Kohan. Cuando se les señala esta
contradicción, los abogados de Menem no dudan y responden: “el
único a salvar en esta causa es nuestro cliente”. El hecho
pone de manifiesto que en la prehistoria discursiva del menemismo fueron
enterrados argumentos como “el visto bueno de los Estados Unidos
para venderle armas a Croacia” y la existencia de un “hecho
político no judiciable”. En el juzgado se encargaron de transmitir
que “no se investigan actos políticos, sino hechos delictivos”.
Tanto en el juzgado federal como en la fiscalía se viene trabajando
a marcha forzada. En las oficinas del cuarto piso, donde tiene su despacho
Urso, el pasado sábado y domingo fue un día laboral más.
Incluso un poco más de lo normal. Muchos de los empleados adscriptos
al juzgado, el domingo se retiraron de los tribunales pasadas las 23.
Aunque no están pendientes del operativo policial que se montará
alrededor del traslado de Menem, en el juzgado federal ayer los funcionarios
evidenciaban cierta preocupación porque no podían comunicarse
con el responsable de la custodia del ex presidente. Eso impulsó
a Urso a telefonear al jefe de la Policía Federal. “Mañana
a las 10 de la mañana, quiero al doctor Menem sano y salvo en mi
despacho”, se limitó a ordenar el magistrado.
Por
un puñado de dólares
Si
algo preocupa a Carlos Menem tanto o más que la causa que lo
tiene detenido, es la investigación por enriquecimiento ilícito
que se impulsa desde los tribunales federales. Los defensores Oscar
Roger y Mariano Cavagna Martínez presentaron la semana pasada
ante el juez federal Jorge Urso un escrito para que se abstenga de
continuar con la pesquisa. Ayer, Roger se quejó por la demora
en resolver la cuestión. La reacción se produjo luego
de que Urso librara más de 100 oficios a reparticiones públicas,
intentando conocer el patrimonio real del ex presidente y de sus familiares
directos. El juez Juan José Galeano instruye una causa para
esclarecer si el ex presidente se enriqueció ilícitamente
en su paso por la gestión pública. Aunque Urso está
en la búsqueda de la coima que rodeó la maniobra, en
1996 el fiscal Carlos Stornelli había pedido investigar el
posible enriquecimiento de “Luis Sarlenga, y demás funcionarios
que resulten involucrados”. Esta definición sería
la base de una futura competencia legal que tendrían que resolver
los tribunales de alzada. |
EL
PRESIDENTE LOS DESECHO
Los
indultos, descartados
 “Para
estos casos los indultos no corresponden”, reiteró ayer el
presidente Fernando de la  Rúa
en relación a la posibilidad de conceder un perdón excepcional
a Carlos Menem, que cumple arresto domiciliario en la quinta que le facilitó
su amigo Armando Gostanian. De la Rúa, dicen en su entorno, es
un hombre reacio a conceder indultos en cualquier caso. Días atrás
le llegaron consultas de un grupo de colaboradores del ex presidente que
trabajan sobre esa posibilidad para salvarlo. Lo cierto es que a Menem
tampoco lo convence insistir demasiado en esa dirección porque
implicaría reconocer su culpabilidad y la falsedad de los decretos
que permitieron el envío ilegal de armas a Ecuador y Croacia. De
la Rúa formuló declaraciones en San Juan (foto), un viaje
en son de paz con el ministro de Desarrollo Social, Juan Pablo Cafiero.
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OPINION
Por Mario Wainfeld
Una
defensa a la defensiva
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Hace un
par de semanas, algunos de los hombres de mayor confianza de Carlos
Menem, con el senador Eduardo Bauzá a la cabeza, hicieron
una ronda bastante reservada con varios de los penalistas más
afamados de la Argentina. Más allá de la inusual importancia
del caso y del cliente, las preguntas más importantes eran
las que cualquier persona complicada en un expediente penal formula
a un letrado a quien podría llegar a contratar: una prospectiva
de las posibilidades de condena y una estimación de honorarios.
Las respuestas variaron un poco, pero tuvieron denominadores comunes:
- La situación del ex Presidente es comprometida.
- Para mejorarla es preciso conocer al dedillo un expediente que
acumula decenas de miles de fojas y que la defensa casi no estudió.
Eso inevitablemente implica que:
- Es necesario que unos cuantos profesionales de primer nivel trabajen
full time para recuperar el tiempo perdido.
- Habrá que desembolsar honorarios fastuosos.
Parece que ese último detalle enfrió la actividad
de los operadores menemistas, acicateados porque casi todos ellos
advierten y resienten que, por razones variadas, han descuidado
el costado técnico legal de la defensa del Jefe (partidario,
se entiende). El entorno menemista reprocha falta de actividad (“no
laburan”) a los actuales defensores del ex Presidente, Mariano
Cavagna Martínez y Oscar Roger. En Comodoro Py se comparte
esa visión, subjetiva de todos modos.
Activa o abúlica, la defensa jurídica de Menem hizo
una primera apuesta, compartida con el núcleo más
duro del entorno ex presidencial (en especial Alberto Kohan y Eduardo
Menem) que fue plantear que la supuesta venta ilegal de armas era
una cuestión política, no judiciable. El argumento
se embellecía explicando que había sido no ya bendecida
sino inducida por los Estados Unidos. Esa línea defensiva
–que Menem hizo doctrina en el programa “Sabado Bus”
de Nico Repetto– fue desbaratada por el propio Departamento
de Estado. Fue también la única argumentación
del escrito que la defensa acompañó el 7 de junio,
día en que Menem fue detenido. Presentación marcadamente
pobre desde el punto de vista técnico: muy breve, con apenas
un par de citas legales, desnuda de menciones de jurisprudencia
o de tratadistas de derecho. Fuentes del estudio de Cavagna Martínez
aseguraron a este diario que el escrito fue concebido por el ex
juez federal Gustavo Literas. No le da muchos motivos para ufanarse
y –si se mide por sus resultados– no le habrá obligado
a mucho trabajo. Varios párrafos del opus, por su grandilocuencia
y ciertos lugares comunes, sugieren que Menem participó en
su redacción. Sin duda tienen su copyright la alusión
a “la política exterior (tendiente) a insertar a la
Argentina en el concierto de las grandes potencias del mundo”
y la afirmación “siempre alenté el esclarecimento
total y absoluto de los hechos acá investigados”.
Más allá de ripios, la caída de esa trinchera
defensiva forzó un cambio de táctica. El jueves pasado,
se presentó un escrito burilado por Oscar Roger. Más
completo que el anterior, más dotado de razonamientos legales,
invocando precedentes de jurisprudencia y autores prestigiosos.
Muchos son sus argumentos y –como cuadra a cualquiera que se
defiende de una acusación penal– transitan desde la
alegación de inocencia hasta el pedido del encuadramiento
más piadoso. En verdad, casi todo el texto se endereza a
derrumbar el cargo de asociación ilícita. Esto es,
a tratar de evitar el encuadre cuya aplicación dejaría
preso a Menem.
Leyendo entrelíneas esa presentación se intuye que
evitarle la cárcel será el afán principal –si
se elige decir de otro modo, la postura de mínima– de
la defensa del ex Presidente. Una sensible reducción de las
pretensiones: hace menos de un mes era evitar que se lo juzgara,
ahora apenas ahorrarle la prisión. Una condena excarcelable
sería acogida con alivio (¿en triunfo?) por los hombres
del ex Presidente, como suele acontecer a los acusados en un juicio
penal. Más preocupación por el pleito, búsqueda
de alternativas profesionales, menos soberbia respecto de la eventual
sentencia: todos datos que indican que en Don Torcuato se percibe
que –también en este tema– el poder pasa por otro
lado.
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