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Por
Victoria Ginzberg
 El
juicio oral por la apropiación de Claudia Victoria Poblete llegará
a su fin el jueves, cuando los miembros del Tribunal Oral Número
5 anuncien la sentencia. Los acusados, el teniente coronel Ceferino Landa
y su esposa, Mercedes Beatriz Moreira, sólo pueden esperar una
condena: la propia defensa consideró durante los alegatos que eran
culpables y que merecían cinco años de prisión. Las
abogadas de Abuelas de Plaza de Mayo reclamaron veinte para el militar
y trece para su mujer.
“Hay que olvidar este pasado para progresar, aunque hoy todavía
hay quienes tienen aires de venganza e intolerancia que sólo nos
conducen a enfrentamientos estériles”, dijo la joven abogada
Gladys Mirta Farrace al comenzar su alegato, que recitó como dando
examen. La defensora –del estudio de Jorge Appiani y el represor
Jorge Olivera– aceptó que “quedó demostrada”
la apropiación de la hija de los desaparecidos José Poblete
y Gertrudis Hlaczik y aunque intentó presentar al acusado como
un simple “contador de las Fuerzas Armadas” que hacía
tareas administrativas, no pudo negar que el militar fue secretario del
Consejo de Guerra Estable que funcionó en el Primer Cuerpo de Ejército.
Tal vez no sorprenda que Farrace intentara otorgarle cierta “legitimidad”
a los tribunales militares alegando que, por ejemplo, se usaron para juzgar
a los anarquistas Severino Di Giovanni y Paulino Scarfò, fusilados
por la dictadura de José Félix Uriburu.
La abogada intentó justificar el crimen cometido por sus defendidos
con la excusa de que actuaron con un “equivocado sentido de piedad”
y afirmó que “el límite de la ética pasa por
otro lado y no por las inscripciones ilegales”. Y como si el hecho
de robar una niña y ocultarla de la familia que la buscó
durante 22 años hubiera sido un incidente menor, Farrace aseguró
que Landa y Moreira “se comportaron por la vida con honestidad, lealtad
y respeto”.
Durante el alegato de Alcira Ríos y María Teresa Sánchez,
de Abuelas de Plaza de Mayo, se resumieron los hechos que fueron demostrados
a lo largo del juicio:
u El 28 de noviembre de 1978 Gertrudis Hlaczik y su hija de ocho meses
fueron secuestradas y llevadas al centro clandestino El Olimpo. Un par
de días después la beba fue sacada del lugar por los represores
conocidos como “Colores” y “El Turco Julián”.
u Mercedes Beatriz Moreira no podía tener hijos.
u El 1º de diciembre de 1978 Landa solicitó la inscripción
tardía de una menor que anotó como Mercedes Beatriz Landa.
En el certificado de nacimiento se falsificaron los datos correspondientes
a la fecha, lugar y nombre.
u Mercedes Beatriz Landa nunca existió. La persona que fue anotada
con ese nombre es Claudia Victoria Poblete.
u Landa y Moreira agregaron los falsos datos de la menor en su libreta
de casamiento, sacaron su documento de identidad y, entre otras cosas,
inscribieron a la niña con la identidad apócrifa en la escuela.
u A mediados de la década del ‘80 Landa fue citado por la
jueza María Servini de Cubría porque sospechaba que la niña
que tenía el militar no era suya. El hombre mintió ante
la Justicia, al defender su paternidad.
Ríos consideró que ambos acusados son culpables de “retención
y ocultamiento de un menor, falsificación de documento público
y supresión de estado civil e identidad” y que merecían
por ello veinte y trece años de prisión. Para Landa reclamó
la pena máxima porque el hombre se desempeñó en el
comando del Primer Cuerpo de Ejército, del que dependía
el centro clandestino de detención donde estuvieron secuestrados
la víctima y sus padres, que fueron sometidos a delitos aberrantes
e imprescriptibles.
La representante de Abuelas solicitó que se tuviera en cuenta la
reforma del Código Penal de 1995, que aumentó el castigo
previsto para estos crímenes, que se siguieron cometiendo hasta
el año pasado cuando Claudia Poblete recuperó su identidad.
En cambio, la defensa reclamó que seutilice el criterio anterior.
Por eso, sorprendió que pidiera cinco años, que es el mínimo
luego de la modificación. Antes de 1995 la pena para la sustracción
de un menor iba de tres a diez años.
Luego de un largo alegato, el equipo de fiscales compuesto por Raúl
Perotti, Mariano Bertolatti y Ariel Basso, reclamó siete años
y siete meses para Landa y siete años para Moreira. Los representantes
de ministerio público consideraron que los acusados deben ser condenados
por “retención y ocultamiento de un menor y falsificación
de documento público” y que debe aplicarse el nuevo código
ya que se trata de delitos continuos. Sin embargo, no sostuvieron el mismo
criterio para la figura de “alteración de estado civil”
por la que no formularon acusación.
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