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Por
Carlos Rodríguez
 Dos
policías, que habrían obtenido un exiguo beneficio de 500
pesos, fueron condenados a 12 años de prisión al ser hallados
culpables del secuestro extorsivo de un hombre ocurrido el año
pasado en Merlo. El fallo provocó polémica, dado que el
denunciante de los policías y presunta víctima del hecho,
nunca se presentó a corroborar su declaración inicial y
se encontraría prófugo de la Justicia. Miguel Racanelli,
defensor de los condenados, afirmó que sus representados fueron
“víctimas de una ‘cama’” producto de una “interna
policial” en la que involucró a los jefes de la Delegación
Departamental de Investigaciones (DDI) de Morón, a la postre los
principales testigos en contra de los acusados. En la audiencia, una comerciante
aseguró que los policías sentenciados, Héctor Sánchez
y José Esteche, habían aclarado varios robos “en una
zona que estaba liberada (por la propia policía) para cometer delitos
y traficar droga”.
“Ni a un asesino le hacen esto”, fue la frase que dirigió
a la prensa la madre del cabo José Esteche, luego de escuchar la
sentencia. Los miembros del Tribunal Oral en lo Criminal número
4 de Morón, Carlos Torti, Rodolfo Castañares y Pedro Rodríguez,
encontraron a los acusados culpables de los delitos de “extorsión,
secuestro extorsivo, tenencia ilegal de armas de guerra y encubrimiento”,
ateniéndose al pedido formulado por el fiscal Andrés Kripper,
quien había solicitado penas de 18 años para el sargento
Sánchez y de 19 años para Esteche. Los familiares de los
policías se retiraron de la sala formulando reproches al fiscal
Kripper.
“Esto es una vergüenza porque no se puede condenar a dos hombres
sin tener las pruebas suficientes y sin la presencia del denunciante,
que nunca los vino a reconocer en sede judicial y que se encuentra desaparecido,
presuntamente prófugo de la justicia”, dijo a este diario
el abogado Racanelli. En la causa está asentado que el único
testigo civil que podía incriminar a los dos policías, nunca
los reconoció en rueda de personas como los dos autores del secuestro
extorsivo.
La causa comenzó por la presentación realizada por Juan
Villalba, quien aseguró en su primera y única denuncia que
el 19 de enero de 2000 había sido interceptado por Sánchez
y Esteche, quienes circulaban en un Ford Fiesta “marroncito”
que en realidad era un Peugeot 306 de color dorado. La acusación
fue incorporada por lectura durante el juicio oral, dado que el denunciante
nunca más apareció.
Los que certificaron la validez de la denuncia fueron los jefes de la
DDI de Morón, Carlos Debonis y Daniel Vega, quien definió
a los acusados como “dos policías que equivocaron el camino”,
pero no aportó datos sobre la extorsión investigada. Según
Villalba, los policías le pusieron droga y armas en el auto, y
le pidieron una coima de 1.500 pesos. Sólo pudo reunir 500 pesos
y los entregó a una tercera persona, a la que sólo identificó
como “El Tano”, a quien señaló como cómplice
de Sánchez y Esteche.
El abogado de los policías sostuvo, en cambio, que el nombrado
–que nunca fue imputado– sería “un informante de
la policía” utilizado por oficiales de mayor jerarquía
para “hacerle una cama a dos perejiles”, tal como él
mismo definió a sus representados. Sánchez y Esteche, en
sus ratos libres, eran representantes de un grupo bailantero que ensayaba
en la casa de uno de ellos. En el juicio, la comerciante Silvia Cepeda
reivindicó a los policías acusados y sostuvo que en Merlo
existía “una zona liberada para delitos y tráfico de
drogas”.
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