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Por
Eduardo Videla
 Más
de la mitad de las multas pendientes por infracciones de tránsito,
en la Ciudad de Buenos Aires, pasaron a la categoría de incobrables.
El gobierno porteño anuló 1,8 millón de actas de
infracción, sobre un total de tres millones, el equivalente al
sesenta por ciento. La mayoría correspondían a faltas que
habían prescripto, mientras que otras estaban mal confeccionadas.
La cifra es el resultado del proceso de depuración de los archivos,
previa a la puesta en marcha del nuevo sistema de controladores, reemplazante
del disuelto Tribunal de Faltas que, en principio, entrará en vigencia
dentro de tres semanas: el 17 de julio. Hasta ese día estará
vigente el descuento del 70 por ciento para el pago voluntario de las
multas, una virtual condonación parcial de las faltas que permitió
el aumento del 80 por ciento en las presentaciones espontáneas
de infractores.
“El trabajo de depuración que estamos haciendo es una tarea
que los jueces de faltas no habían hecho. Las faltas graves prescriben
a los dos años y las leves al año”, explicó
a Página/12 el subsecretario de Justicia y Coordinación
Administrativa, Agustín Zbar. El mismo destino aguarda a la mayor
parte de las 1,2 millones de actas que están pendientes: ni el
gobierno ni la ex Justicia de Faltas tenían, con el sistema viejo,
atribuciones para ejecutar las multas impagas.
Con el nuevo sistema, aprobado por la Legislatura porteña a principios
de mayo, las cosas serán diferentes. “El controlador citará
al infractor y si este no concurre, se le fijará la multa, de oficio,
que podrá ser reclamada por vía judicial por un mandatario”,
precisó Zbar. En cambio, si el infractor concurre, podrá
discutir la infracción con el controlador y, si no está
de acuerdo con la decisión que éste tome, podrá apelar
ante la Justicia Contravencional de la ciudad.
Los controladores serán 50 y el proceso para su selección
está a punto de finalizar. Se presentaron en total 288 abogados,
entre los cuales hay tres ex miembros del disuelto Tribunal de Faltas
y unos 30 secretarios de esos juzgados. El requisito para inscribirse
era tener la especialidad en derecho administrativo y acreditar cuatro
años de antigüedad en la matrícula. El dictamen final
será dado por tres veedores designados por el Colegio Público
de Abogados porteño, la Facultad de Derecho de la UBA, y el procurador
general de la ciudad, Juan Carlos López. Estos controladores durarán
en su cargo no más de 20 meses: sus sucesores deberán ser
designados por concurso.
“Con el nuevo sistema pasaremos del actual archivo manual a uno digital,
que permitirá a los controladores buscar los antecedentes del infractor
desde una PC o confeccionar un legajo en el instante”, explicó
Zbar. Los controladores trabajarán en la sede de Carlos Pellegrini
211, pero el sistema digital “permitirá descentralizarlo,
para poder atender en los Centros de Gestión y Participación,
en cada barrio”.
El gobierno trabaja contra reloj en las reformas edilicias para inaugurar
el sistema el 17 de julio. “Habrá una sala de espera para
600 personas sentadas y un call center, para que la gente llame que llame
por teléfono pueda saber si tiene multas pendientes”, adelantó
Zbar.
Hasta esa fecha, sigue vigente el descuento del 70 por ciento para el
pago voluntario de las viejas multas. No hubo una avalancha de infractores
en busca de regularizar su situación, como esperaba el gobierno,
pero fueron miles los que hasta ahora aprovecharon la oferta: sólo
en la segunda quincena de mayo abonaron 30.782 infractores, el 79,22 por
ciento más que el mismo período del mes anterior. La magnitud
de lo recaudado, sin embargo, no creció, por efecto del descuento:
en el mismo período la recaudación cayó un 4,4 por
ciento.
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