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 Los gobernadores peronistas
le sumaron ayer una nueva complicación a Fernando de la Rúa:
anunciaron que consideran “agotado el diálogo institucional”
con el gobierno nacional a raíz de los incumplimientos de los compromisos
financieros contraídos con las provincias. Los mandatarios justicialistas
destacaron que esa situación provocó “el agravamiento
de la crisis que golpea diariamente a nuestro pueblo” y criticaron
con dureza las últimas medidas económicas, por considerar
que son sólo un intento para equilibrar las cuentas públicas
de la Nación a partir de la reducción de los ingresos coparticipables
en detrimento de las provincias.
Que de la reunión que ayer por la tarde mantuvieron los gobernadores
del PJ en el Consejo Federal de Inversiones saldría un pronunciamiento
crítico a la administración de De la Rúa era previsible:
ya antes del encuentro se sabía del malestar de los mandatarios
opositores –sobre todo de las provincias más chicas–
frente a la falta de pago de las deudas por coparticipación federal,
la paralización de inversiones de infraestructura energética
por 800 millones de dólares y al último paquete económico
al que consideran perjudicial para las provincias.
Lo que sorprendió fue el tenor de la declaración. “Consideramos
agotado el diálogo institucional con el gobierno nacional”,
coincidieron los el santacruceño Néstor Kirchner, el jujeño
Eduardo Fellner y el vicegobernador bonaerense, Felipe Solá, al
abandonar el encuentro. El cordobés José Manuel de la Sota
no descartó, incluso, la posibilidad de que algunas provincias
inicien “acciones legales” contra el gobierno nacional por entender
que no cumplió los compromisos asumidos con las provincias.
Esas palabras no hicieron más que reflejar la declaración
consensuada en la sede del CFI, donde estuvieron también Carlos
Reutemann (Santa Fe); Gildo Insfrán (Formosa); Rubén Marín
(La Pampa); Angel Maza (La Rioja); Carlos Rovira (Misiones); Carlos Manfredotti
(Tierra del Fuego) y Julio Miranda (Tucumán); el vicegobernador
de Salta, Walter Wayar; el diputado por San Luis Luis Luschinio y el ministro
de Economía de Santiago del Estero, Sergio Tagliavini.
“Nos vemos en la lamentable obligación de considerar agotado
un diálogo institucional que hemos intentado permanentemente”,
sostiene el documento. También señala que desde las provincias
“se viene realizando una oposición constructiva frente a las
disputas irresponsables de los partidos de la Alianza gobernante”
y destaca que los gobernadores han sido “un verdadero sostén
de las instituciones, pese a los reiterados incumplimientos del gobierno
nacional de sus compromisos, que originaron el agravamiento de la crisis
que golpea diariamente a nuestro pueblo”.
“Queremos sacar nada más que lo que nos deben”, señaló
Solá, quien recordó que “a la provincia de Buenos Aires
se le debe más de 500 millones de dólares si se tiene en
cuenta lo firmado” y que quejó del “impacto negativo
sobre los gobiernos provinciales” que tiene el último paquete
económico. “Las nuevas medidas pretenden básicamente
impulsar la demanda interna vía reducción de impuestos que
afectan la masa de recursos coparticipable, compensándolo sobradamente
con otros impuestos de apropiación exclusiva por parte de la Nación”,
sostiene
un informe elaborado por los ministros de Economía provinciales
sobre el cual los mandatarios basaron sus críticas.
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