Por Marta Dillon
Desde General Mosconi, Salta

La disputa de la que ellos parecen ser el pato de la boda sucede muy lejos de allí, pero esa plaza es su pequeño escenario y mantener la vigilia su elemento de presión. “Ya sabemos que hay diferencias entre el gobierno nacional y la provincia, pero nosotros somos optimistas, creemos que por una vez tiene que haber justicia.” Juan Carlos “Hippie” Fernández, la voz más clara en las conversaciones con el secretario de Pymes, Enrique Martínez, defiende ese diálogo como la única balsa existente después de un naufragio. Pero no da el brazo a torcer. Anda con sus carpetas y sus planos, dispuesto a presentar decenas de proyectos, pero primero lo primero: el desprocesamiento de quienes participaron en el corte de ruta de este mes en Gral. Mosconi. Martínez deberá seguir ejercitando su paciencia. “No puedo intervenir en la Justicia, pero me comprometo a buscar en el más alto nivel del Gobierno una calificación política de los hechos que diferencien esta pueblada de un motín carcelario”, fue su promesa. Mientras tanto, el gobierno provincial prepara su llegada masiva para el jueves citando por radio y televisión a “todo aquel que tenga algo que decir al gobernador” que ya anunció que no tratará con “violentos”.
La soga del diálogo entre la comitiva que encabeza Martínez y los piqueteros de Gral Mosconi se tensa como un elástico, pero todavía no hay voluntad de cortarla. En la plaza se teme el desgaste y en asamblea abierta los que se convocaron allí deciden medidas para sostener el ánimo popular. Mañana habrá una marcha en la que participarán sindicalistas salteños. Hoy será día de paro; difícil de medir por cierto, el 60 por ciento de la población está desocupada y son muchos los que dicen que no se animan a ocupar sus puestos de trabajo porque temen ser apresados por la Gendarmería en cuanto se acerquen a la ruta donde se realizaron los cortes, la misma que es necesario cruzar para llegar a las empresas petroleras. De todos modos son pocos los ocupados allí, la mano de obra golondrina es más barata y una de las exigencias de los piqueteros es que se privilegie a los mosconenses en las obras de la zona. “Yo tengo un oficio y lo ejerzo, soy técnico mecánico, hace dos semanas que no puedo salir a la empresa porque me pillan”, Sergio Fernández se siente un rehén en su propio pueblo, eso es lo que le planteó a Martínez, que hay una lista de 40 personas que la Gendarmería confeccionó con fotos incluidas. Sin perder tiempo, el secretario de Pymes se entrevistó con el Comandante del área, Puccio, para que confirme o desmienta esta versión. Sería la última gestión del día para aclarar el estado de la causa que se abrió después del último corte de ruta. Antes había hablado con el jefe de la Policía Federal a nivel Nacional, Rubén Santos, con el juez Abel Cornejo y hasta con el mismo Juan Carlos Romero, quien, inflexible en su calificación de los hechos de Mosconi, prometió colaborar con las gestiones de Martínez. En Gendarmería nacional existen once pedidos de captura, hubo antes una lista con más de treinta pedidos de allanamiento, pero fue desestimada por el mismo juez.
“Los cargos son sedición en grado de motín, intimidación pública e incitación a la violencia colectiva”, dijo el juez Cornejo a este diario, “pero los pedidos de captura son porque se los citó a declarar y nunca se presentaron”, agregó. ¿Por qué no se hacen efectivas estas detenciones cuando todos saben dónde están los supuestamente buscados? “Si se hiciera volveríamos al estado de conmoción y no es el juez el que resuelve esta situación. Hay cosas que todavía no están claras.” Cornejo decidió subordinar su orden de arresto a una decisión política que no dice quién tomara. Lo que todavía no está claro, según él, es quién ordenó la represión. Cornejo no fue, es más, ni siquiera fue una represión apenas una maniobra preventiva de la posible toma de la planta petrolera Refinoren la que intervinieron 160 efectivos. “Lo que pasa es que la Gendarmería fue atacada.” ¿Quiere decir que la fuerza actuó en defensa propia? “Eso es lo que no está claro, pero por otra parte los delitos que se le imputan a los acusados son excarcelables, no veo cuál es el problema de presentarse a declarar.” Cornejo parece estar esperando también esa calificación de los hechos que busca Martínez a través de la mediación de Juan Pablo Cafiero. “Si se confunde esta pueblada con un motín carcelario quiere decir que este pueblo es apenas una cárcel abierta”, dijo a los pobladores de Mosconi en un plenario corto en el que se pidió, a través de Hippie Fernández, la presencia de alguien del Ministerio de Interior, justo donde la calificación política del corte de ruta encuentra grandes coincidencias con la hecha por Romero. “Si el gobierno no se pronuncia monolíticamente el núcleo más duro de la problemática de la zona estaría trabado. Y estaríamos desatendiendo un exponente muy definido de la situación social y a los movilizadores de la atención nacional sobre Salta”, se lamentó el secretario.
A pocos kilómetros de Mosconi, en la ciudad de Tartagal, la comitiva del Ejecutivo nacional seguía con su agenda de reuniones con las empresas petroleras –ya se prometieron multas sobre los daños ecológicos que genera el mal tratamiento de los residuos– y con “las fuerzas vivas” de los municipios de la zona, haciendo base en Tartagal y convocando también a Aguaray, Ballivián, Vespucio, etc. Se destrabó también el tendido de una red de gas domiciliario para 1400 familias, aprobado y adjudicado hace años y frenado por la falta de Estado en Mosconi que dejó sin firma los últimos trámites. A las cinco de la tarde, Martínez volvió a poner la cara oficial frente a los piqueteros y logró esquivar las cachetadas colocándose como único nexo posible. El olor de la coca que se mastica con bicarbonato y el de las mandarinas que se recogen de los árboles urbanos de Mosconi se mezclaron en la biblioteca pública. No había mucho que decir, aun cuando Martínez tenga toda la semana, la ansiedad de los piqueteros y la inminencia de la llegada del gabinete completo y del gobernador de Salta –algo que algunos en la plaza de Mosconi ven como una provocación– hace volar el tiempo como tierra en la estación seca. Allí se medirán algunas fuerzas, o al menos eso parecen creer los operadores de Romero que ya enviaron una avanzada. Toda la tarde la radio y la televisión de la provincia pasaron un mensaje de Sonia Escudero, comisionada del gobernador –un puesto creado por Romero que equivale a ¿vocera? ¿representante?–, a la población a convocarse en la municipalidad de Tartagal a todo aquel que tuviera “algo que decir al gobernador”. En el mismo momento en que Martínez se reunía en un frío salón de conferencias apenas revocado con representantes de Pymes de Tartagal, abajo, en el galpón donde todavía se ven las marcas de las quemaduras provocadas por las protestas populares, más de 400 personas se habían reunido indignadas porque nadie las atendía. Lo que tenían para decirle al gobernador y a su comisionada era caótico y siempre urgente: colchones, comida, trabajo, un crédito hipotecario, becas para los chicos etc, etc. “Soy una compañera más, he trabajado para la campaña”, decían las mujeres. En el galpón abundaban los gorritos que decían: “Sonia Escudero, senadora”. La llegada triunfal de la senadora, rodeada por la gente como el flautista de Hamelin, parecía ser una primera demostración de fuerza del gobierno provincial para la comitiva nacional.

CAFIERO Y MOREAU CONTRA ABA PERO BAYLAC A FAVOR
Cuando la banca puede ser punto

El ministro de Desarrollo Social, Juan Pablo Cafiero, salió a responder al titular de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), Eduardo Escasany, quien había pedido mayor dureza al Gobierno frente al reclamo de los piqueteros. “Estos banqueros tendrían que mirar para adentro un poquito lo que han hecho con el país, antes que pedir que se aplique con tanto rigor la ley a la pobre gente que está sin trabajo, sin medicamentos, que hace colas de horas para conseguir una bolsa de comida”, aseguró.
Las declaraciones del titular del Banco Galicia, Eduardo Escasany, provocaron diferentes reacciones en el oficialismo. El presidente de ABA, que nuclea a los principales bancos extranjeros que operan en el país, había dicho el lunes que “vivimos inmersos en un clima de violencia cotidiana, por el auge del delito, y por el hecho de que cualquier reclamo se expresa vulnerado el derecho de los demás (cortes de ruta, de aeropuertos, de calles, etc.)”.
Ayer Cafiero le respondió en términos inéditos hasta ahora para un ministro de la Alianza. Sin que lo consultasen específicamente sobre el tema, durante una entrevista radial, embistió contra “las declaraciones de ABA” y pidió un examen de conciencia al sector del establishment que representa Escasany. Luego de trazar un sombrío panorama sobre la situación de los pobladores de General Mosconi, en Salta, ratificó su polémica frase en el sentido de que si el oficialismo recibe a los corruptos, con más razón debe recibir a los piqueteros. “Creo que hay una percepción general de que hay una justicia desigual, que hay una reacción desde los gobiernos, desde siempre, que pareciera que al que tiene poder económico se lo puede escuchar, se lo puede atender, se lo puede recibir en un despacho oficial o se le puede conseguir que pague en cuotas lo que debe”, afirmó. Y agregó que, por el contrario, “cuando queremos aplicar la vara de la ley, la rigidez de la ley a alguien que ha hecho un piquete para pedir por trabajo, parece que ahí sí, todos nos ponemos, nos enfurecemos, decimos ‘no’”.
También Leopoldo Moreau disparó contra Escasany. “Es verdaderamente tragicómico que los banqueros que financiaron y participaron de las más desastrosas privatizaciones del planeta y que cobran tasas de interés del orden del 18 al 20%, teniendo como respaldo el seguro de cambio que significa la convertibilidad, reclamen por el clima de la violencia social cotidiana, originada en la pobreza, la marginalidad y la desocupación”, manifestó a través de un comunicado el titular del Comité de la Provincia de Buenos Aires del radicalismo. Por su parte, la ex ministra de Educación de Menem, Susana Decibe, sostuvo que Escasany debe comprender que “los temibles piqueteros –entre comillas– en Argentina sólo claman por trabajo” y que “los dirigentes financieros son responsables en gran medida del problema”.
En cambio, Baylac se mostró contemplativo con el reclamo de los banqueros respecto de la incertidumbre que generaría la lluvia de denuncias sobre lavado de dinero, encabezadas por la diputada Elisa Carrió. Admitió que “en muchos casos” en esas denuncias, “hay mucho de política”.

“Nadie salió contra Juampi porque
De la Rúa lo hubiera defendido”

Por Fernando Cibeira

Pasó la reunión de gabinete y nadie desautorizó la gestión del ministro de Desarrollo Social, Juan Pablo Cafiero, con los piqueteros de General Mosconi, con lo que quedó instalada una moderada sensación de triunfo a su alrededor. Es más, Cafiero realizó un extenso informe acerca de su incursión salteña y, si bien el clima no daba como para aplausos, el resto lo escuchó en respetuoso silencio. Incluso, la intervención de la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, no fue para reprocharle sus declaraciones acerca de que en el Gobierno se recibían a “corruptos y traficantes de armas”, sino para dar detalles sobre la distribución de los planes Trabajar. Resultado: el presidente Fernando de la Rúa ratificó su “total respaldo” a Cafiero y dio instrucciones para que la política social se convierta en breve en uno de los caballitos de batalla del gobierno.
La gente de Cafiero tenía las expectativas puestas en lo que sucediera ayer en el encuentro, en donde se encontraría frente a sus compañeros de gobierno, algunos de los cuales se sentían ofendidos –mucho más que por el viaje inconsulto– por las declaraciones que el ministro del Frepaso hizo a Página/12. La única que llegó a expresar en público ese enojo fue Bullrich pero poco después fue el apoyo presidencial a todo lo realizado por Cafiero y las críticas en voz alta fueron reemplazadas por las quejas en privado. Pero ayer no hubo de lo uno ni de lo otro. Además, el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, convocó a sus dirigidos a trabajar con más sentido de equipo. “Nadie salió a hablar en contra de Juampi porque el Presidente iba a salir a defenderlo”, explicó un vocero de la Rosada.
El tema social se llevó gran parte de la reunión de gabinete. Cafiero explicó que las demandas con las que se había encontrado en Mosconi eran diversas y que no tenían una única solución. También aclaró que no había recibido reproches referidos a la distribución de los planes Trabajar que, supuestamente, están llegando tal como se prometió. Como muchas de las demandas estaban vinculadas a la falta de trabajo productivo, Cafiero se mostró confiado en que el enviado oficial, el secretario de Pymes, Enrique Martínez, dé las respuestas necesarias con sus proyectos de reactivación.
A partir de ahí se abrió un debate acerca de la necesidad de incluir a estos sectores marginados dentro de lo que se denominan sectores con “ingresos económicos” sacándolos de la supervivencia gracias a los “ingresos sociales”. La diferencia tiene que ver con contar un trabajo que genere ganancias genuinas y no subsistir con la ayuda oficial que, además, provoca un gasto presupuestario. De la discusión participaron Cafiero, Bullrich y Domingo Cavallo.
Otro ítem fue la centralización de la distribución de los planes Trabajar, una idea que debería terminar de cristalizar cuando comience a funcionar la Agencia Social, una propuesta de la que se dejó de hablar pero que supuestamente debe comenzar a funcionar a principios del año que viene. Para demostrar que el Gobierno comenzará una política más activa en la cuestión, De la Rúa convocó a una reunión del gabinete social para que se apure el debate, un anhelo por el que venía bregando Cafiero pero en el que hasta ahora no había conseguido quórum.
En definitiva, Colombo, Cafiero, Bullrich, el ministro de Educación, Andrés Delich, y el de Salud, Héctor Lombardo, volverán a reunirse en breve para discutir sobre el tema social. La expectativa es que se haga un relevamiento completo de las zonas más castigadas del país y la ayuda que está disponible para ser enviada de inmediato. La intención es que no se repitan situaciones como la de Mosconi al tiempo que en el año electoral el Ejecutivo muestre una actividad más visible en el campo social.

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