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Por Laura Vales
 Diputados del ARI, el Frente
para el Cambio y el Frepaso, jubilados de la Multisectorial de la Tercera
Edad y trabajadores del PAMI pidieron la renuncia del ministro de Salud,
Héctor Lombardo. El argumento central es que el ministro “impulsa
la privatización” de la obra social, a la que pretendería
poner a competir en el mercado de la salud “como si se tratara de
una empresa más”. El pedido de renuncia se formuló
cuatro días después de que Federico Polak dejara la intervención
del PAMI tras denunciar “presiones” de ese ministerio, y en
medio de una fuerte pelea entre Lombardo, Economía y la Jefatura
de Gabinete por el control de la obra social. Una de las consecuencias
de esa puja es la demora en anunciar quién será el sucesor
de Polak. Lombardo desmintió anoche de manera tajante tener en
estudio la privatización del Instituto, un fantasma que vuelve
una y otra vez, con diferentes vestidos, a los pasillos de la obra social.
El temor a un eventual desguace del PAMI se funda en dos cuestiones básicas:
por un lado, se trata de una obra social dueña de un enorme mercado
cautivo (tiene casi tres millones y medio de afiliados), que maneja un
presupuesto de dos mil cuatrocientos millones de pesos por año.
En segundo término está la cuestión de su normalización
(es decir de la devolución del gobierno de la obra social a los
jubilados), una promesa que se renueva año a año, pero nunca
se cumple.
Cada vez que, como ahora, el gobierno de turno debe designar a un nuevo
interventor, resurge la pregunta sobre el modelo a implementar con los
servicios de salud y por la continuidad de sus prestaciones sociales.
Entre otras cosas, el PAMI entrega a los grupos de jubilados más
vulnerables bolsones de comida, subsidia a los que no tienen dónde
vivir y organiza actividades de recreación. Los especialistas en
Tercera Edad alertan que ninguna empresa privada estaría dispuesta
a cargar con esos servicios de rentabilidad cero y señalan que
los afiliados de menos recursos quedarían desprotegidos.
El pedido de renuncia de Lombardo fue impulsado por los diputados María
América González (Frepaso), Alfredo Villalba (Frente para
el Cambio) y Alfredo Bravo (ARI). En una conferencia de prensa realizada
en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara baja, los
legisladores consideraron que el ministro “es portador de un proyecto
que desregula la salud de los jubilados y pensionados”.
Según explicó María América González
a Página/12, dentro del Gobierno circula un proyecto de Ley Nacional
de Salud (que la diputada atribuyó a Lombardo) “que no es
otra cosa que el plan de privatización de la salud que quiso implementar
Domingo Cavallo y no pudo”.
El proyecto, según detalló la diputada, cambia las reglas
de juego del sistema de obras sociales, convirtiéndolas en Administradoras
de Recursos de Salud (ARES) que recibirán los aportes y darán
servicios médicos, compitiendo entre sí. El PAMI se sumaría
a este esquema como una administradora de salud más.
Para González, el modelo rompe con el contrato intergeneracional
que sostiene al PAMI, en el que todos aportan un porcentaje para cubrir,
sin distinciones, las necesidades de salud de todos, sean ricos o pobres.
Su par Alfredo Villalba, de Frente para el Cambio, coincidió en
el diagnóstico.
De la conferencia de prensa también participaron el ombudsman de
la Tercera Edad, Eugenio Semino, trabajadores de la CTA y el MTA y distintas
organizaciones de jubilados, como el Foro de los Jubilados, la Mesa Coordinadora,
la Federación Nacional y la Multisectorial del PAMI.
En la reunión se anunció que habrá una marcha el
próximo 4 de julio a la Casa de Gobierno para entregar al presidente
De la Rúa una propuesta alternativa para el PAMI. Lombardo negó
anoche que se analice cualquier proyecto que implique una privatización
del PAMI. En un comunicado de prensa el ministro señaló
su “identificación con el sistema solidario y equitativo de
salud”.
El comunicado no ratifica ni desmiente la autoría del proyecto
que cuestionan los diputados. Pero excluye “cualquier intencionalidad
que se le atribuya” para “destruir, privatizar o impulsar otra
actitud que signifique no permitir que todos los argentinos puedan acceder
al cuidado de su salud”.
CERRARON
LA CAUSA DE LOS MALETINES
Alivio para Leiva
Por Irina Hauser
Mientras el Consejo de la Magistratura
sigue debatiendo qué hacer con las denuncias en su contra, el juez
de Mendoza Luis Leiva –el que ordenó la captura del banquero
Raúl Moneta cuando lo investigó por el vaciamiento del Banco
Mendoza– recibió una buena noticia: la Justicia Federal determinó
que no había cometido ningún delito en una causa en la que
se lo investigó, a pedido de la Corte Suprema, por el supuesto
contrabando desde Chile de 40 maletines que se repartieron en un encuentro
nacional de jueces del fuero penal celebrado en 1995.
El juez de Mendoza Juan Carlos Aguinaga, quien tuvo que analizar el caso
de Leiva por decisión del alto tribunal, sostuvo que no había
ningún delito que investigar y ordenó archivar el expediente.
Dijo que le causó una “sensación de irrealidad estar
decidiendo sobre un presunto contrabando de maletines cometido por un
juez federal con competencia penal para obsequiárselos a otros
colegas suyos con la misma competencia y a raíz de un encuentro
académico”.
En el Consejo de la Magistratura, Leiva tiene varias denuncias. En una
de ellas, Moneta aseguró que le pidió una coima para no
acusarlo; en otras, se lo responsabiliza, por ejemplo, de favorecer a
imputados por contrabando o mantener a un menor detenido en una cárcel
para adultos.
El predicamento del banquero menemista se ha hecho sentir en el órgano
encargado de sancionar y remover a los jueces, donde las posiciones están
divididas en relación a la culpabilidad de Leiva en los expedientes
en los que está acusado. La causa de los maletines tiene su historia
y significado. Estaba bajo discusión de la Corte, que contaba con
un informe de sus auditores, cuando un dictamen acusatorio contra Leiva
llegó al plenario del Consejo a fines de febrero. Como los consejeros
detractores del juez mendocino no conseguían los votos para comenzar
el proceso de remoción, impulsaron que el expediente volviera a
la Comisión de Acusación a la espera de una resolución
del máximo tribunal. Y lo lograron.
La Corte resolvió después enviar la causa de los maletines
a la Justicia, pero no lo sancionó. En el ínterin, el consejero
Mario Gersenobitz, de Acusación, elevó un dictamen que propone
desagregar las denuncias contra Leiva (las que hizo Moneta quedarían
en un grupo, y las restantes en otro) para que quienes no quisieron acusar
a Leiva por temor a quedar asociados a la figura del banquero, tuvieran
la libertad de hacerlo. Lo apoyaron los diputados menemistas Miguel Pichetto
y Lelia Chaya y por el senador del PJ Augusto Alasino. Pablo Fernández
(Frepaso) presentó una propuesta para reconsiderar esa posición,
que apoyarían los otros dos consejeros. Pero aún el tema
no está resuelto.
Al analizar el caso de Leiva, Aguinaga cuestionó que la Corte,
que no encontró delito alguno, haya extendido de oficio su pesquisa
a verificar cómo se usó el presupuesto para todo el encuentro.
Además, señala, el propio tribunal recogió testimonios
que muestran que el ingreso de los maletines estuvo a cargo de la Gendarmería
y que no pudo existir contrabando porque esos maletines no se comercializaron
sino que fueron regalados.
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