La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales planteó ayer al Gobierno su afán de irse cuanto antes de Aerolíneas Argentinas, aun sin que esté garantizado el sucesor. El planteo fue formulado por los directivos de la Sepi a la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, y el ministro de Infraestructura, Carlos Bastos, quienes evitaron hacer pública esta renovada presión ibérica por partir, al margen de la suerte que corra la convocatoria de acreedores, que se está resolviendo en la Justicia. La empresa ayer operó con absoluta normalidad, luego de que en la víspera España impartiera la orden y posterior contraorden de suspender los vuelos, argumentando falta de seguridad. Funcionarios argentinos y españoles siguieron debatiendo hasta bien entrada la madrugada.
Según aseguró el vocero de Presidencia, Juan Pablo Baylac, el encuentro habría sido promovido por Fernando de la Rúa, para conocer con precisión cuál es la estrategia prevista por los españoles en esta incierta coyuntura. Gurbindo Gutiérrez y Emilio Cabrera, los funcionarios de Sepi radicados en Buenos Aires, habrían reiterado durante el encuentro organizado en la Jefatura de Gabinete el afán del holding español de retirarse cuanto antes. Este apuro es, justamente, uno de los motivos de preocupación del gobierno argentino, que aspira a reprivatizar la compañía al mejor y no al primer postor.
El otro desvelo oficial es que la Sepi efectivamente garantice los recursos necesarios para que Aerolíneas se mantenga operativa, provisión de fondos que debería incluir el pago de los sueldos atrasados. Ayer la Asociación del Personal Aeronáutico anunció que mantendrá los campamentos apostados en Ezeiza y Aeroparque hasta tanto la empresa honre esta obligación.
Por el momento, los gremios no prevén medidas de fuerza a pesar de los sueldos impagos. Lo que promovieron es una presentación judicial contra Fernando de la Rúa y la conducción de la empresa por presunto incumplimiento en los deberes de funcionario público y desobediencia judicial. La denuncia, radicada en el juzgado de Gabriel Cavallo, se funda en el hecho de que ni el gobierno argentino ni los administradores de AA habrían respetado el fallo impartido por el juez Martín Silva Garretón, quien ordenó a uno y a los otros abstenerse de modificar cualquier condición de la explotación y garantizar las prestaciones tal como estas fueron previstas en el momento de la privatización.
La orden de Silva implica que la empresa debería restituir los vuelos al exterior suspendidos y que no puede modificar las condiciones de contratación de su personal, cambio que se da automáticamente con la convocatoria de acreedores, ya que ésta derrumba los convenios vigentes. Justamente, el dictamen del juez está fundado en una cautelar autónoma interpuesta por la azafata y diputada Alicia Castro con el propósito de evitar que Aerolíneas ingrese en el concurso de acreedores.
Mientras en los Tribunales se dirime ese caso, el Gobierno discute si respetar el pedido parlamentario de confiar a un negociador la búsqueda de una salida al tema Aerolíneas, tarea para la que se autopostuló Rodolfo Terragno. Si bien el ex funcionario radical tiene el respaldo de gremios y legisladores, aún no hay acuerdo dentro del Gobierno respecto a si asignarle a él esta estratégica misión. Tampoco hay consenso sobre si ésta debe ser asumida por una persona o por un grupo, en el que la Sepi podría nombrar un representante.
A la defensa que hasta ahora hizo de su gestión en Aerolíneas Argentinas el propio Estado español, ayer se sumó el respaldo expreso de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales. Su titular, José María Cuevas arremetió contra el ministro de economía, Domingo Cavallo, a quien responsabilizó de haber cedido el gerenciamiento de la compañía a American Airlines, cuyo paso por la línea de bandera es un mal recuerdo.
Sin embargo, esa gestión se concretó cuando el Estado argentino ya habíaresignado su acción de oro y poco podía influir en los destinos de la aerolíneas que Sepi dominaba absolutamente a través de Iberia.

LETES MAS CARAS Y EL RIESGO PAIS SUBIO A 981
Los mercados no dan respiro

Los mercados siguen mirando con desconfianza al plan Cavallo. El Ministerio de Economía colocó Letras del Tesoro (Letes) por 350 millones a 91 días, para lo cual tuvo que pagar una tasa del 9,10 por ciento anual, superior a la de dos semanas atrás. El riesgo país subió levemente para quedar instalado en 981 puntos, un nivel altísimo incompatible con la reactivación. Y la Bolsa local cayó 1,2 por ciento.
El Gobierno debió pagar ayer el costo extra de la desconfianza que provocaron en los mercados las últimas medidas anunciadas por Domingo Cavallo. Pidió crédito en dólares a tres meses de plazo para renovar el vencimiento de Letes y el selecto grupo de bancos internacionales que operan en la plaza local le facturaron una tasa del 9,1 por ciento. Cabe recordar que en la última licitación de Letes, también a 91 días, realizada el 12 de junio pasado, poco después de concretado el megacanje, la tasa había sido del 7,89 por ciento anual. Poco importó que esos bancos, llamados “creadores de mercado”, hayan sido los organizadores del megacanje, por el cual no sólo lograron repactar sus bonos en cartera a una tasa de interés sustancialmente más alta sino que encima cobraron jugosas “comisiones administrativas”, que hoy están siendo investigadas por la Justicia. Tampoco sirvió para bajar la tasa que a ese grupo de entidades financieras privilegiadas en el negocio de prestarle al Estado haya sido incorporado recientemente David Mulford, vicepresidente del Credit Suisse First Boston y amigo del ministro Cavallo.
“La tasa no podía ser más baja, porque las Letes se negocian a esos valores en el mercado secundario”, se atajó el broker de uno de los bancos “creadores de mercado”. Desde esa perspectiva, la tasa que debe pagar el Gobierno surge automáticamente de lo que rinde los papeles que se comercializan en el mercado entre los operadores privados. Si los bancos aceptaran prestarle al Gobierno a una tasa menor, argumentan, deberían contabilizar inmediatamente una pérdida en sus balances que no están dispuestos a asumir. De otro modo: para ellos, el Gobierno debe pagar la tasa que surge del cálculo del riesgo país.
Justamente el riesgo país –la tasa de interés que debe pagar el gobierno por su deuda por encima de lo que paga el Tesoro norteamericano– ayer subió levemente, para seguir instalado en niveles siderales: 981 puntos básicos.
Sea como fuere, la gran expectativa de los operadores financieros, locales y extranjeros, está centrada en lo que haga hoy la Reserva Federal (banca central estadounidense). Los expertos confían en que la FED vuelva a rebajar aún más las tasas, para evitar que la economía norteamericana caiga en recesión. Pero no se ponen de acuerdo en si el recorte será de 0,25 puntos porcentuales o de 0,50 puntos.
Una rebaja de medio punto podría tener un efecto positivo para los países “emergentes”, como Argentina. Porque cuanto menor sea el rendimiento financiero ofrecido en los países centrales, mayor la posibilidad de que los inversores más audaces apuesten en estas latitudes, tentados por las altas tasas de interés. Pero además, esa baja de tasas suele repercutir en una reducción de los interés a pagar por el gobierno por su deuda, una porción de la cual está emitida a tasa variable. Antes del megacanje, el cálculo era que por cada medio punto de baja de la tasa norteamericana el Estado argentino se ahorraba 130 millones de dólares anuales. Sin embargo, como el megacanje significó trocar bonos a tasa variable por otros a una alta tasa fija, el ahorro sería ahora menor, aunque en Economía dicen que todavía no hicieron el recálculo.

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