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 ”Haz lo que yo digo, pero
no lo que yo hago”. Esa podría ser la frase de cabecera del
sacerdote Jorge Scaramellini Guerrero, que fue denunciado por abusar de
dos adolescentes que estudian en el colegio católico Santa Catalina,
de Corrientes, que él mismo dirige. El punto es que, más
allá de la gravedad del hecho por el que se lo acusa, Scaramellini
había alcanzado notoriedad pública hace poco más
de un mes, cuando expulsó a tres maestras del colegio Nuestra Señora
de Pompeya –anexo del Santa Catalina– por vivir en pareja sin
estar casadas por iglesia: las calificó de adúlteras y no
las consideró moralmente aptas para desempeñar su tarea
en un colegio religioso. En ese momento, el sacerdote argumentó
que “el que no cumple con los diez mandamientos debe ser dado de
baja en la escuela”. El fiscal de la causa adelantó a Página/12
que, después de evaluar las pruebas, iniciará la acción
penal y ahora la Justicia deberá determinar si Scaramellini, que
quiso hacer cumplir a rajatabla la ley divina, está libre de pecados.
Los padres de dos alumnos varones de 16 y 17 años del colegio católico
Santa Catalina de Alejandría, de la capital correntina, presentaron
una denuncia por “abuso deshonesto” contra el coordinador de
ese establecimiento, el sacerdote Scaramellini Guerrero. El presunto abuso
habría, según la presentación, habría ocurrido
entre el 18 y el 20 de junio, pero las denuncias recién fueron
radicadas el jueves último. El fiscal de Instrucción de
la causa, César Sotelo, aseguró a Página/12 que,
después de evaluar las pruebas presentadas, iniciará la
acción penal contra el cura bajo la figura de “abuso deshonesto
simple”, que prevé una pena de 6 meses a 4 años de
prisión.
El padre de uno de los chicos presuntamente abusados –sus identidades
se mantienen en reserva– precisó, en declaraciones radiales,
que los casos “son muchos y venían ocurriendo desde hace tiempo,
aunque nunca salieron a la luz, por el temor de los chicos a ser expulsados
del colegio o ser castigados por el sacerdote”. El indignado padre
instó a “los que les haya sucedido lo mismo, que sabemos son
muchos, tengan el coraje de denunciarlo (a Scaramellini) para que estos
hechos no se produzcan nunca más y esta persona reciba el castigo
que se merece”. Fuentes judiciales consultadas por este diario creen
que el número de denuncias contra el religioso podrían aumentar
con el correr de los días.
Estas denuncias conmocionaron a la sociedad correntina, por involucrar
al mismo cura que el mes pasado aplicó de manera estricta los reglamentos
de la Iglesia contra tres maestras que vivían en pareja sin estar
casadas por el rito católico. En ese momento, Scaramellini decidió
despedir del colegio Nuestra Señora de la Pompeya a Juana Ríos,
Haydée Aguirre y Eva Guidi. Las tres docentes, divorciadas legalmente,
habían vuelto a casarse pero, como la primera vez lo habían
hecho por iglesia, el segundo matrimonio significaba para el sacerdote
“vivir en adulterio”.
El cura justificó entonces su decisión, señalando
que las docentes “no pueden enseñar en la escuela porque han
incurrido en un matrimonio opuesto a los preceptos de la Iglesia”,
y agregó que “no están dando ejemplo público
por no estar de acuerdo con los artículos y reglamentos del colegio,
que se rige por los lineamientos básicos de la Iglesia Católica”.
Cual moderno inquisidor, las condenó públicamente: acusó
a una de ellas de ser “una vergüenza para los alumnos”
y la desalojó del colegio, junto a una de sus colegas, con ayuda
de la policía. A la tercera la echó a los gritos, delante
de otros docentes y un grupo de alumnas, acusándola de haber “cometido
un pecado grave”.
Las maestras se manifestaron públicamente contra la decisión
del director del colegio, que provocó el rechazo generalizado de
la comunidad local. Esa reacción motivó la intervención
del arzobispo de Corrientes, Carmelo Giaquinta, quien revocó la
sanción y ordenó la reincorporación de las tres docentes
en un establecimiento escolar no católico. Sin embargo, esta medida
se demoró en implementarse porque Scaramellini se negaba a firmar
el traslado, hasta que finalmente tuvo que ceder. Una de las maestras
expulsadas, Haydée Aguirre, aseguró ayer, en relación
a la denuncia contra el sacerdote, que sintió “mucho dolor
por esos chicos porque, si sufrieron lo que dicen los padres, van a quedar
marcados para toda la vida”. Aguirre agregó: “También
siento lástima por el padre Scaramellini, porque al parecer no
ha predicado con el ejemplo”.
Fuentes del Arzobispado de Corrientes dijeron a este diario que “se
aguardarán las decisiones de la Justicia” antes de tomar una
medida contra el cura. Mientras tanto, aseguraron, Scaramellini seguirá
desarrollando sus tareas al frente del colegio.
Producción: Hernán Fluk.
OPOSICION
DE LOS LABORATORIOS
Contra los genéricos
Tras una audiencia pública
realizada ayer en el Congreso nacional con el fin de debatir los alcances
de una ley nacional de medicamentos genéricos, quedó al
descubierto la brecha que separa la postura de los laboratorios de la
posición de los diputados que integran la Comisión de Salud
de la Cámara baja, en torno de este tema.
Las principales cámaras del sector criticaron los proyectos presentados
por los legisladores Federico Soñez (Frepaso), Carlos Iparraguire
(UCR- Santa Fe) y Alfredo Neme Scheij (UCR-Tucumán). Miembros de
Cooperala (ente que nuclea a los medianos y pequeños laboratorios
nacionales) afirmaron que “el proyecto de genéricos, en realidad,
reforzaría el monopolio de las patentes”. Por su parte, los
representantes de Caeme (la cámara que reúne a los laboratorios
extranjeros) consideraron que la nueva ley no asegura la protección
de los nuevos fármacos que se desarrollen, y que la actual Ley
de Propiedad Intelectual tampoco lo garantiza.
Los proyectos presentados proponen que la prescripción de medicamentos
se encuentre garantizada por la elección del principio activo,
y no por especialidades de referencia o de marca. La ley también
contemplaría la reglamentación, registro, elaboración,
comercialización y exportación de especialidades farmacéuticas
genéricas.
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