Cómo cambiar la política

A menos de 100 días de las elecciones legislativas, inéditas en el perfil institucional por la renovación total y directa del Senado, pero con una dimensión de incertidumbre política donde todos los escenarios aparecen verosímiles, muchos continúan pensando que es posible empezar ya mismo con la reforma política para tenerla en funcionamiento antes de octubre. La hipocresía superó otro límite más: la reforma de las instituciones y de las reglas de juego se ha transformado en la carrera para demostrar cuánto se podría mejorar la imagen de los políticos con un puñado de artículos que refieren sólo superficialmente a la reforma.
Hay varias formas de entender la reforma política. Para algunos se trata de eliminar la lista sábana. Este sector suele dar algunas vagas explicaciones sin analizar posibles consecuencias de aplicar otros sistemas electorales. Para otros se trata lisa y llanamente una cuestión fiscal: la política sería demasiado cara. Lo cual se puede traducir como que “desgraciadamente en un régimen democrático como el que tenemos” ciertas medidas económicas no se pueden tomar. ¿Suena familiar, no?
Pero también están aquellos que, con la intención de separar política de lobbies, han propuesto una batería de proyectos sugerentes: acortar campañas, poner topes a los dineros públicos y, sobre todo, limitar el financiamiento privado de los partidos políticos. Claro que, por razones discutibles, no prevén los controles adecuados para que se pueda hacer el intento de garantizar el éxito de la reforma.
Algunos ex funcionarios pusieron toda su buena voluntad, pero enviaron al Congreso un proyecto con las limitaciones al tiempo de campañas y la fijación de topes de financiamiento, o la interna abierta obligatoria con pocos controles, para que fuese tratado antes de concluir el primer año de gobierno. Fue una idea ingenua sobre cómo se tejen los acuerdos políticos. O los interlocutores no eran válidos, o la oposición simplemente hizo valer su peso numérico, o a pesar de sus limitaciones pareció demasiado.
Legislar de apuro, porque las encuestas y muchos medios lo exigen, es ahondar errores y sospechas. Frente a la gravedad de la crisis social sería tal vez más acorde que, con madurez, los dirigentes políticos acuerden una brevísima campaña electoral de un mes. Y que el Gobierno, siguiendo en este punto el ejemplo austero de Chile, no casualmente país que Transparencia Internacional considera entre los países menos corruptos del mundo, designe una “franja televisiva”, a disposición de los partidos con personería electoral, en la que éstos puedan gratuita e igualitariamente tener la oportunidad de publicitar ideas e incorporar debates. De esta manera el costo se reduce drásticamente, como sucede en Gran Bretaña, donde las últimas elecciones fueron las menos costosas de su historia. Y también se reducen el peso de los lobbies, los incentivos a intercambios de favores, el manejo de “cajas” partidarias.
Se trataría de un consenso maduro, que comprende las prioridades de la sociedad. Después de octubre habrá tiempo para debatir seriamente, sin demagogia, para qué la reforma, qué objetivos se buscan, qué sistema reemplazaría a la lista sábana para no hacer desaparecer a los pequeños partidos. Y, finalmente, algo tan poco banal como plantear la legitimación de la política gracias a la eficacia de gobierno y la participación política.

* Ex coordinador general de la Reforma Política de la Secretaría de Modernización del Estado, Vicepresidencia de la Nación.