En Argentina el represor Alfredo Astiz sólo fue condenado por apología del delito. Pero la Justicia internacional no se cansa de perseguirlo. Fue condenado en ausencia en Francia y reclamado en España. Ahora, el fiscal italiano Francesco Caporale pidió su detención y extradición, así como la del capitán de fragata Jorge Vildoza, prófugo desde mediados de la década del `80. El ministro de Justicia del nuevo gobierno conservador italiano deberá decidir si tramita la solicitud.
El paso dado por Caporale y el juez Claudio Tortora es inusual para la Justicia italiana, ya que en ese país se puede condenar en ausencia. Así ocurrió el año pasado con el ex general Carlos Guillermo “Pajarito” Suárez Mason, el general Santiago Omar Riveros y otros cinco militares argentinos. Pero en esta ocasión el fiscal y el juez consideraron que existe “peligro de fuga”, de hecho Vildoza se escapó cuando fue citado a declarar por la apropiación del hijo de la desaparecida Cecilia Viñas, que tenía en su poder. Los otros imputados en esta causa son el dictador Emilio Eduardo Massera y los represores Antonio Vañek, Jorge “El Tigre” Acosta y Héctor Febres. Pero ellos no pueden huir, todos están en prisión por su responsabilidad en la apropiación de menores durante la última dictadura.
El “Angel Rubio”, “Gastón” –subjefe del grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada– y sus compañeros son perseguidos penalmente en Italia por la desaparición de tres ciudadanos de ese país en Argentina, Angela María Aieta –madre del dirigente peronista Juan Carlos Dante Gullo– y Juan Pegoraro y su hija Susana, que parió en la maternidad clandestina que funcionó en la ESMA.
Angela María nació en Italia y llegó a Argentina cuando tenía cinco años. Fue secuestrada en su casa el 5 de agosto de 1976. Varios sobrevivientes de la ESMA la vieron en ese lugar pero recién este año la familia pudo acceder a un testigo que estuvo “colchón de por medio” con la mujer y que presenció el momento en que la sacaron del campo, aparentemente, para matarla. Angela María intuyó su destino y pidió que denunciaran que había estado prisionera en la ESMA. “Desde el movimiento de los derechos humanos da tranquilidad poder también reivindicar aquello más cercano. Ahora el Gobierno y la sociedad argentina tienen que poner el hombro”, aseguró a Página/12 Gullo, cuyo hermano Jorge también está desaparecido.
El 18 de junio de 1977 en la estación de Constitución fueron secuestrados Juan y Susana Pegoraro. La mujer estaba embarazada de cinco meses. Su esposo, Rubén Bauer, desapareció el mismo día en La Plata. Los Pegoraro fueron llevados a la Base Naval de Submarinos y Buzos Tácticos de Mar del Plata y en octubre fueron trasladados a la ESMA, donde Susana dio a luz y escribió una carta para que su mamá cuidara de su beba. La niña no llegó con su abuela. Las Abuelas de Plaza de Mayo suponen que es la joven que fue anotada con el nombre de Evelyn por el marino Policarpo Vázquez, pero como ella se niega a hacerse los análisis de sangre esto no se pudo confirmar.
“Tenemos esperanza de que el nuevo gobierno de centro-derecha de Silvio Berlusconi apoye explícitamente a la magistratura, como lo hizo el gobierno pasado, en defensa de sus ciudadanos y del principio de que los crímenes de genocidio no pueden quedar impunes”, aseguró la ex parlamentaria italiana Francesca Rizzo durante una conferencia que se hizo en el Senado de ese país, en la que la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, anunció la decisión de Caporale y Tortora.
Por los crímenes que cometió en la ESMA Astiz nunca fue juzgado en Argentina. En 1990 un tribunal francés lo condenó en ausencia a cadena perpetua por el secuestro y desaparición de las monjas Alice Domon y Léonie Duquet. También se encuentra acusado en el proceso que tiene a su cargo el juez Baltasar Garzón en Madrid y en una causa iniciada en Suecia por el asesinato de la joven Dagmar Hagelin. Vildoza, en cambio, tiene unviejo pedido de captura. El niño que tenía en su poder recuperó su identidad pero, hasta ahora, el represor pudo eludir a la Justicia.

SERVINI DE CUBRIA AVANZA EN EL CASO PRATS
Tras cinco uniformados chilenos

La jueza María Servini de Cubría procesó a cinco ex jefes de la policía secreta chilena (DINA) por el atentado que en 1974 mató en Buenos Aires al general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert. En esta causa también está implicado el dictador Augusto Pinochet, a quien la magistrada interrogaría próximamente en Chile.
Manuel Contreras Sepúlveda, que fue jefe de la DINA, y Pedro Espinosa Bravo fueron considerados por Servini de Cubría jefes de la asociación ilícita que organizó el ataque y responsables de doble homicidio agravado. Los hermanos Raúl y Jorge Iturriaga Neumann y José Octavio Zara Holger, fueron procesados por ser parte de la banda y por haber estado implicados en los asesinatos. Además, Servini de Cubría trabó un embargo para los imputados hasta cubrir la suma de un millón de pesos para cada uno de ellos. Tanto Espinoza Bravo como Contreras están detenidos en Chile por el crimen del ex canciller chileno Orlando Letelier, cometido en Washington, en 1976.
En octubre del año pasado la justicia argentina solicitó la captura internacional, con fines de extradición, de Pinochet, los ahora procesados y de Mariana Callejas, esposa de Michael Townley, testigo protegido de Estados Unidos que aseguró que junto a su mujer colocó y activó la bomba que mató al general Prats y su mujer. En noviembre último, por ese atentado, fue condenado a reclusión perpetua el ex agente de la DINA Enrique Arancibia Clavel.
La defensa de Pinochet cuestionó la investigación que tramita Servini de Cubría con el argumento de que los tribunales argentinos carecen de jurisdicción. Pero la Cámara Federal respaldó las investigaciones que se siguen aquí y a la jueza Servini de Cubría, quien en los últimos meses viajó a Chile junto al fiscal Julio Alvarez Berlanda para interrogar a los cinco procesados. En su fallo, la Cámara consideró que el asesinato de Prats y su mujer era imprescriptible porque se trataba de un crimen de lesa humanidad.
La defensora oficial Silvia Otero Rella solicitó que antes de que la jueza y el fiscal viajen a Chile a interrogar a Pinochet, se reclame a las autoridades judiciales de ese país que “ordene la realización de un exhaustivo examen psico-físico al encausado”, con el fin de “determinar si se encuentra en condiciones de cumplimentar el acto procesal y si no existen algunas de las causales de inimputabilidad prevista en nuestro ordenamiento jurídico”.

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