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 Las abuelas de Plaza de Mayo
anunciaron ayer que recurrirán a la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH), si prospera un proyecto de la Secretaría
Penal de la Corte Suprema que permitiría devolver la libertad al
dictador Jorge Rafael Videla, preso por apropiación de hijos de
desaparecidos. El borrador ya tiene la firma del presidente del tribunal,
Julio Nazareno, de su segundo, Eduardo Moliné O’Connor –que
se sumó ayer- y de Augusto Belluscio, pero no sería discutido
entre los nueve ministros hasta después de la feria judicial. Sea
cuando fuere, si dos jueces más apoyaran la propuesta no sólo
Videla quedaría libre sino que gozarían de ese beneficio
otros procesados por el mismo delito como Emilio Massera, Reynaldo Benito
Bignone, Carlos Guillermo Suárez Mason, Jorge “Tigre”
Acosta, Héctor Febres y Cristino Nicolaides, entre otros.
El principal argumento de la secretaría penal es que el robo de
bebés debe ser considerado “cosa juzgada” y, por ende,
correspondería anular el procesamiento y la prisión preventiva
contra Videla, tal como pidieron sus abogados defensores. Lo curioso es
que, contra los usos y costumbres del tribunal, no se esperó la
llegada de la opinión correspondiente del procurador general de
la Nación, Nicolás Becerra, para empezar a firmar la propuesta.
Becerra, según pudo saber Página/12, firmaría su
dictamen entre hoy y mañana. Dirá que no hay cosa juzgada
y que el delito del robo de bebés es imprescriptible mientras los
niños no sean restituidos a sus familias.
Según el borrador que analizan en el alto tribunal, cuando la Cámara
Federal condenó en 1985 a las juntas militares dispuso que no se
podía volver a juzgar penalmente a ninguno de los acusados en ese
proceso por cuestiones vinculadas a su rol de comandantes en jefes. Un
funcionario de la Corte que conoce el expediente de cerca, explicó
a este diario que, además, el máximo tribunal –en la
época en que aún tenía cinco miembros– ya consignó
ese fundamento en una causa en que estaba en debate la competencia en
un caso en que estaba acusado Massera.
“La Corte podría modificar su jurisprudencia si así
lo quisiera, porque en esta causa están dadas todas las condiciones
para que lo haga”, señaló Alcira Ríos, una de
las abogadas que representa a las Abuelas de Plaza de Mayo. “Para
que haya cosa juzgada, debe haber identidad de partes, de objeto y de
acusación. En el juicio a las Juntas jamás se juzgó
a Videla por la apropiación de menores. Está claro que lo
que haga la Corte Suprema es una decisión mucho más política
que jurídica. Es que en derecho uno tiene una biblioteca que se
puede usar a favor y otra que se puede usar en contra”, dijo Ríos.
En un comunicado las Abuelas dicen: “No se puede sostener desde el
Derecho y la Etica que el tema de los menores víctimas de desaparición
forzada, arrancados a sus madres en los centros clandestinos de detención,
fue materia de análisis en la causa 13/84 y menos aún que
los comandantes fueron juzgados por ello”.
Videla había estado entre rejas, condenado en el juicio a las Juntas
por violaciones a los derechos humanos, pero en 1990 fue indultado. Ahora
está preso por tres causas: el juez Roberto Marquevich y el ex
magistrado Adolfo Bagnasco, ordenaron su arresto por la apropiación
de hijos de desaparecidos; el juez Rodolfo Canicoba Corral ordenó
la semana pasada su detención por su participación en el
Plan Cóndor.
Tanto Bagnasco como Marquevich rechazaron el planteo de cosa juzgada de
Videla, con criterio similar al de las Abuelas. Bagnasco incluso señaló
que el robo de bebés nunca había sido investigado como plan
sistemático y recordó que, como dispone la Convención
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, que Argentina
suscribe, la desaparición forzada de personas es un delito permanente.
Lo mismo dijo, a su turno, la Sala I de la Cámara Federal, que
integran Luisa Riva Aramayo y Horacio Vigliani.
Videla, por lo visto, tenía algún indicio de lo que se tramaba
en la Corte cuando compareció el 20 de junio ante el juzgado de
Canicoba Corral: dijo que se negaba a declarar porque estaba esperando
que el alto tribunal resolviera el recurso en el que pidió la prescripción
y cosa juzgada deldelito de apropiación de bebés. “Aunque
los argumentos no son trasladables de una causa a otra, Videla ya estaba
intentando establecer una conexión”, advirtió Alberto
Pedroncini, abogado querellante en la causa de Bagnasco.
Hasta ayer, el proyecto de la Corte tenía las firmas de Nazareno,
Belluscio y Moliné O’Connor. Con dos votos más saldría
el fallo. Pero ante la protesta de los organismos y la falta de un dictamen
del procurador, los demás ministros se disponen a dejar pasar el
escandalete, leer bien lo que van a firmar y evaluar posibles alternativas.
“Seguramente se dejará pasar la feria judicial (que empieza
el 23 de julio)”, dijeron allegados al tribunal. “Ahora parece
más difícil lograr mayoría”, añadieron.
Las Abuelas, que han ido ellas mismas tras huellas de sus nietos, ya advirtieron
que ante un fallo que favorezca a Videla y, por ende, a los demás
represores, denunciarán el tema ante la CIDH. Ayer los diputados
del ARI también se sumaron a la protesta. Alfredo Bravo y Marcela
Bordenave calificaron la iniciativa surgida en la Corte como “un
agravio más para la búsqueda de la verdad y la justicia,
sumando una nueva provocación a la larga lista reivindicativa de
la represión ilegal a la cual venimos asistiendo desde 1999 con
la asunción del general Ricardo Brinzoni”.
LA
ELECCION DE UN CAMARISTA
Cavallo juega al ascenso
El Consejo de la Magistratura
despejó ayer el camino para que el Poder Ejecutivo designe al juez
federal Gabriel Cavallo como integrante de la Sala I de la Cámara
Federal porteña.
En una disputada votación, los miembros de ese cuerpo elevaron
una terna de postulantes integrada por Cavallo, el juez de tribunal oral
Héctor Magariños y el director de Investigaciones de la
Oficina Anticorrupción Manuel Garrido. El Ejecutivo decidirá
el pliego de cuál de los postulantes enviará al Senado para
que preste el acuerdo correspondiente, requisito previo para la designación.
La oficialización de la terna se logró tras cinco votaciones,
que en un novedoso procedimiento no asignó votos a una terna completa
sino candidato por candidato. Cavallo y Magariños obtuvieron 14
votos cada uno, en tanto que Garrido consiguió 12, pero pese a
eso la terna no irá en orden de mérito al Ejecutivo sino
que será presentada alfabéticamente. Magariños había
obtenido el mejor puntaje durante el concurso. Ahora el presidente Fernando
de la Rúa enviará el pliego de uno de ellos al Senado. Si
Cavallo resulta elegido anunció que se excusará en la causa
de los sobornos en la Cámara alta.
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