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Por Maximiliano
Montenegro
 La ministra de Trabajo, Patricia
Bullrich, admitió ayer que “va a haber alguna suba” en
la tasa de desocupación de mayo, que el Gobierno difundirá
oficialmente en la primera quincena de julio. Pero las cifras que manejan
en el Indec revelan que tal suba no sólo no es despreciable sino
que sería una de las más importantes de los últimos
tiempos. Según los datos preliminares, a los que accedió
Página/12, el desempleo superaría el 16 por ciento, frente
al 14,7 de octubre pasado. Más aún, en el Gran Buenos Aires
llegaría al 17 por ciento. Semejante aumento significa que en apenas
seis meses, entre octubre y mayo, más de 200 mil personas pasaron
a revistar en el ejército de desocupados, que en números
absolutos alcanzaría un pico histórico.
Los técnicos del Indec ya procesaron el 70% de la encuesta permanente
de hogares de mayo, de donde surgen los datos de la desocupación.
Un informe preliminar fue acercado a Domingo Cavallo personalmente por
el titular del Indec, Héctor Montero, que, fiel a su estilo, se
trasladó días atrás hasta el despacho del ministro
en el quinto piso del Palacio de Hacienda y le entregó en mano
una hojita con los resultados provisorios.
Patricia Bullrich, en cambio, no tiene línea directa con Montero.
Pero recoge información de los propios sondeos de Trabajo y sus
asesores ya la pusieron al tanto de los números que circulan en
Economía. “No tengo números del Indec, tengo seguimientos
del Ministerio de Trabajo, y la información nos da que va a haber
alguna una suba, pero no sabemos de cuánto”, dijo ayer. Y
agregó que “por las encuestas del Ministerio se puede ver
la realidad que no ha habido crecimiento del empleo entre octubre del
año pasado y mayo último, sino que ha habido un decrecimiento”.
La realidad es que el salto de la desocupación sería mayor
al esperado. Los resultados preliminares son los estos:
 Con el 70 por ciento de los
datos de la encuesta procesados, la tasa de desocupación en mayo
tendría un piso del 16 por ciento, pero lo más probable
es que sea mayor. En octubre último había sido del 14,7
por ciento y en mayo del año pasado del 15,4 por ciento. Para encontrar
un nivel similar hay que remontarse cinco años atrás, a
mayo de 1997, cuando todavía persistían las consecuencias
devastadoras sobre el empleo de la recesión del ‘95.
Semejante incremento se explica
por el fuerte salto de la desocupación en el Gran Buenos Aires
(GBA), donde llegaría al 17 por ciento. En octubre había
sido de 14,7 por ciento y en mayo del año pasado, del 16%.
Para las cuentas de la Secretaría
de Programación Económica, el aglomerado GBA pesa más
que para el Indec. El dato es importante porque mientras el Indec calcula
las “tasas” de desocupación, empleo, etc. para 28 aglomerados
urbanos, Programación se encarga de estimar, sobre esa base, la
cantidad de personas desocupadas para todo el “país urbano”.
Así, entre octubre y
mayo, habría, como mínimo, 200 mil desocupados más.
De otro modo, el número de desempleados superaría los 2,2
millones de personas, un record que supera el pico de 1996, tras la crisis
del Tequila.
En Economía se esperanzaban
con que el procesamiento de las encuestas de los que no contestan la primera
vez que aparece el entrevistador del Indec (los “no respondentes”,
en la jerga), ausentes del hogar bajo el supuesto de que están
trabajando, modifique en algo la tendencia. Sin embargo, a esta altura
parece más una expresión de deseos que otra cosa.
Según los técnicos, las cifras anteriores son todavía
más alarmantes de lo que parecen. La razón es que, después
de tres años de recesión, el “efecto desaliento”
–es decir, los que abandonan la búsqueda de empleo y no son
considerados desocupados– debió haber sido importante. Y si
fue así, la destrucción de puestos de trabajo sería
enorme.
LOS
ESPAÑOLES ESTAN INFLEXIBLES CON AEROLINEAS
No habrá aportes de capital
Funcionarios del Gobierno y
de la SEPI continuaron ayer sus encuentros para discutir las perspectivas
de que Aerolíneas Argentinas continúe operando con la mayor
normalidad posible hasta tanto aparezca un interesado firme. Fuentes del
holding español confirmaron que éste ya no hará ningún
aporte de capital, ni siquiera el necesario para garantizar la operatividad
de la línea de bandera, lo que hace mucho más incierto su
futuro inmediato. Incluso abre un eventual conflicto gremial al momento
de los pagos de los salarios.
Patricia Bullrich y Carlos Bastos continuaron ayer la ronda de reuniones
con los representantes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales,
quienes presionan al gobierno de Fernando de la Rúa para que les
ayude a encontrar una manera de retirarse lo antes posible de la compañía,
aún en el caso de que no haya aparecido un comprador. Los funcionarios
locales, en tanto, intentaron en vano arrancarles el compromiso de que
garantizarán la operatividad de la empresa, cuya caja está
muy afectada por el escaso nivel de ocupación de los vuelos.
Anoche la ministra de Trabajo se reunió con Ricardo Cirielli, líder
de la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico,
presuntamente para ponerlo al tanto de las discusiones con los españoles,
aunque seguramente discutirán también acerca de cuál
es el marco laboral vigente.
Aún no está muy claro cuáles son las consecuencias
de la convocatoria de acreedores para los empleados de Aerolíneas,
ya que si bien ésta supone que cayeron todos los convenios vigentes,
existe un reciente dictamen judicial que ordena a la empresa mantener
sin variantes las condiciones laborales de todo el personal.
Lo que está fuera de duda es que, al menos por ahora, no hay recursos
garantizados para pagar los salarios que se adeudan y que más allá
del negativo impacto que esto tiene en la economía y el ánimo
de los empleados, éstos no están previendo una medida de
fuerza para reclamar el pago, por ahora.
La decisión de la SEPI de no desembolsar más dinero fue
advertida por Bullrich a su colega de Infraestructura, cuando Bastos acordó
en Madrid que aceptaría la decisión de los accionistas españoles
de ir a convocatoria de acreedores. “Si los gremios hubieran firmado
el Plan Director, se hubiese evitado esta salida y los españoles
habrían aportado 350 millones de dólares”, protestó
la ministra. Sin embargo, las prerrogativas laborales cayeron con el concurso
de acreedores, y los accionistas hispanos siguen renuentes a aportar un
dólar.
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