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Por Cristian Alarcón
 –¿Qué era
lo que le merecía a ustedes la confianza sobre un “buche”
que nunca antes les había dado datos? –le preguntó
ayer el fiscal a uno de los policías acusados de extorsionar a
un comerciante de Barracas, que los grabó con una cámara
oculta.
–Es que el hombre está en el tema. Si la charla la tengo con
Rififí sobre tráfico de joyas, sé que la fuente es
idónea –respondió con exageración el capo de
la brigada de la Comisaría 30.
El ejemplo dejaba clara la estrategia que ayer un cuerpo estelar de abogados
de los policías puso en marcha para, a falta de pruebas, desacreditar
de entrada a la víctima, Desiderio Meza, apelando a las causas
penales por delitos menores que figuran en su casi cómico prontuario.
El caso tiene sus paradojas: es una trama en la que amenazando con inventar
una causa extorsionan a una persona. A su vez, dos de los defensores de
los acusados de extorsión fueron secretario y juez, pero terminaron
presos, uno por inventar causas y el otro aún no juzgado, por contrabando.
Lo cierto es que ayer desde una especie de diagnóstico criminal
del barrio, hasta las causas judiciales de sus hijos valieron para intentar
combatir la historia que tiene a los policías en la cárcel
hace 14 meses, y al borde de una condena de hasta doce años.
La sala de audiencias del juicio oral por la extorsión de la brigada
de la comisaría 30 ayer fue toda una pintura. Una pintura, en el
sentido del cuadro que con las declaraciones indagatorias de los acusados
y luego con la del propio Desiderio, se fue armando de cómo son
las relaciones y el funcionamiento de los policías que integran
una brigada de la Federal, sea cual fuere la decisión final de
los jueces. Por un lado, la historia policial, que apunta a negar absolutamente
todo lo que ha dicho la víctima, basados en que “es el más
ladrón de los ladrones” –según el cabo Mona–
y que como tal los hizo caer en una trampa, atrayéndolos con “datos”
sobre un robo que había ocurrido poco antes del 11 de abril del
99, el día que Meza fue golpeado y amenazado frente a su hijo de
tres años en la comisaría 30.
Una pintura también por los detalles del relato de Meza, en base
al cual están procesados los cinco policías, incluido el
subcomisario, y que dan cuenta de un modus operandi que resulta verosímil.
“Cualquiera puede pensar que éramos una banda delincuentes”,
se horrorizó el inspector Mario Machado, el primer hombre que declaró
ayer poco después de las diez.
Podría decirse también que la sala de ayer fue a su manera,
o de diferentes maneras, no sólo una pintura sino también
una pinturita: el elenco de abogados tenía lo suyo. A un lado,
con los policías, el mediático Mariano Cúneo Libarona
y su hermano Martín; los socios –uno ex secretario y el otro
ex juez– Roberto Schlagel y Carlos Branca, más otros dos letrados
no tan famosos. Del otro lado las abogadas de la Coordinadora contra la
Represión Policial (Correpi), representantes de la víctima,
María del Carmen Verdú y Andrea Sajnovsky, quienes tantas
veces tuvieron frente a ellas a policías acusados. Eran las dos
únicas mujeres del otro lado del cerco de madera que separa a los
protagonistas del juicio del público. Las restantes, sentadas una
al lado de la otra, eran todas familiares de los policías y no
cesaron a lo largo de la jornada de hacer comentarios sobre la impertinencia
de las preguntas de Verdú y el fiscal, y de reírse del estilo
definitivamente campechano de Desiderio.
El día fue en definitiva el cruce entre esos dos sectores, los
policías atacando a la víctima, y luego la víctima
recordando paso a paso –de a ratos con la precariedad de quien no
dispone de todas las palabras, pero sin titubeos– cómo fue
extorsionado y cómo decidió conectarse “con los derechos
humanos” para “buscar justicia”. Si bien fueron tres de
los cinco acusados los que aceptaron declarar (se abstuvieron el suboficial
Jorge Fernández y el subcomisario Edgardo Cejas) el protagónico
fue de Chamorro, a cargo el 11 de abril de la Brigada de la 30. Asesorado,
junto al cabo Roque Mona, por los hermanos Cúneo Libarona, llevó
sobre sus hombros laresponsabilidad de bajar la línea policial.
Para ello largó con una introducción antes de pasar a los
hechos: “El 90 por ciento de los detenidos por delitos en la jurisdicción
de la comisaría son gente de la zona. Con esto quiero decir que
el trabajo de la brigada consiste en conocer a estos personajes. Uno sabe
dónde viven, dónde paran, qué tipo de delitos acostumbran.
Con respecto a Meza, tiene varias entradas en la 30”. La historia
que refrendaron luego los testimonios de sus compañeros de tarea,
el cabo Roque Mona y el sargento Diego Castiglione, intenta colocar allí
donde la víctima dice que le pegaron, que lo amenazaron, que lo
extorsionaron, hechos opuestos. Por ejemplo, el día que Meza dice
que lo llevaron a la comisaría con su hijito, los policías
sostienen que lo detuvieron por averiguación de antecedentes y
que nunca vieron un niño. El día 12 de abril, cuando Meza
dice que lo interceptaron cerca de su casa para recordarle que al día
siguiente debía entregar los dos mil pesos, ellos aseguran que
él les propuso un trato de “buchón”. Darles la
dirección de un fabricante de ropa que falsificaba marcas y a los
responsables de un robo a Oca. “Tengo una punta, les puedo conseguir
dónde viven los tipos estos, y hasta dónde está la
mercadería que se llevaron”, dicen que les propuso. “Caímos
en una trampa para la que el se valió de un medio de prensa, de
la justicia y de la propia Policía Federal”, dijo Chamorro,
mientras se movía de un lado a otro en su silla de acusado.
Sobre el día que Desiderio finalmente se encontró con ellos
en un bar de Osvaldo Sanz y Montes de Oca para hacer entrega del dinero,
los policías juraron que fue para que él los llevara a ver
las direcciones de los ladrones a los que “batía”. Sin
embargo cuando uno de ellos subió a la camioneta del hombre y le
revisó el abdomen, descubrió “la sorpresa y media”:
una cámara. Enseguida le quitaron la campera y rompieron la grabación.
Con la desgrabación de lo poco que se salvó el viernes Meza
intentará a pedido del fiscal reconstruir con más detalle
el momento final de la extorsión policíaca.
EL
ROL DE ROBERTO SCHLAGEL COMO ABOGADO
Un condenado que expulsó a otro
Por C.A.
El ex secretario del juez preso
Hernán Bernasconi, el pequeño Roberto Schlagel, se la pasó
bastante callado durante el juicio oral de ayer, para ser éste
su caso más resonante en la segunda etapa de su carrera, después
de tres años de cárcel por haber integrado una asociación
ilícita que inventaba causas por drogas a famosos. Hasta cerca
del final del día, cuando sacó sus garras y sus mañas,
que las tiene. Se había ido una periodista que dejó un asiento
libre. Entonces pudo entrar uno de los doce hijos de Desiderio Meza, que
esperaba desde temprano, y en el día de su cumpleaños, para
presenciar la declaración de su padre. No alcanzó a respirar.
Cuando Schlagel lo vio salió al cruce: “Su Señoría
la persona que entró no puede estar en la sala porque ha sido condenado”,
dijo.
Estaba “escrachando” a Eduardo Meza por un robo por el que lo
condenaron cuando era menor. El muchacho, de saco azul, y el pelo largo
atado como para sala de audiencias, salió murmurando imprecaciones
contra la policía. No sabía, dijo después, que el
hombre que había invocado el artículo 364 del Código
Procesal era el mismo que estuvo preso, que está bajo libertad
condicional, a la espera de que se cumplan los ocho años de condena
que debe pagar. Es cierto: el código impide que un menor, un condenado
o un procesado presencien un juicio. Pero no prohíbe que un abogado
en esas mismas condiciones, pero con la matrícula intacta se siente
allí, entre los jueces, del lado de la ley. “Es una cuestión
de clases y de que los policías saben de la vida privada de los
Meza más que yo”, lanzó ayer María del Carmen
Verdú, de Correpi.
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