Por Cledis Candelaresi

El fiscal general de la Nación, Maximiliano Rusconi, formalizó ayer ante la Justicia una denuncia contra Aerolíneas Argentinas por presunta subversión económica. La nueva causa, que será competencia del juzgado federal de Jorge Ballestero, conseguirá centralizar y, al mismo tiempo, revitalizar, otros varios trámites dispersos en los tribunales, en los que se investigan a la conducción de la empresa privatizada pero en base a otras figuras delictivas como vaciamiento o administración fraudulenta. Para su flamante presentación, la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos Tributarios y el Contrabando (Ufitco) detalló decisiones administrativas adoptadas desde el primer momento de la privatización, como la de haber cargado al balance con las deudas contraídas para comprarla. Pero la jerarquía de esta denuncia puede dar al gobierno argentino una herramienta adicional de presión para negociar con los accionistas españoles, que aspiran a irse cuanto antes de línea de bandera sin aportar un duro más.
La subversión económica es una figura penal creada por la ley 2840 de la dictadura, pero pulida luego por el Congreso de la Nación a través de la ley 23.075, que suprimió los artículos que habilitaban la represión estatal. A los ojos de los fiscales de la Nación, ese tipo delictivo ofrece al menos dos ventajas. Una, es que puede fundarse en una serie de hechos que, en sí mismos, pueden no ser delitos, pero que resultaron lesivos para la salud patrimonial de la empresa (por ejemplo, haber vendido toda la flota para rearmarla, luego, con leasing). Otra, es que, los delitos incluidos en el encuadre de subvertir no prescriben.
Según la definición legal, existe subversión económica cuando “los directivos” de una empresa toman decisiones “con ánimo de lucro o maliciosamente” que ponen en riesgo “el normal funcionamiento” de esa firma. También considera subversivo al que “indebida o fraudulentamente enajenare o disminuyera el valor de máquinas, equipos y bienes de capital o comprometiere injustificadamente su patrimonio (el de la empresa)”. Esta falta está agravada, “si afecta el normal suministro de servicios de uso común” o “si condujere al cierre, liquidación o quiebra del establecimiento”.
Sobre esta base, la Ufitco hizo un rápido recuento de aquellos hechos que durante los diez años de la privatización menguaron los activos de Aerolíneas. El detalle contiene alguna información precisada en otras denuncias, que el fiscal federal Carlos Ríbolo comenzó a centralizar. Salvo las causas de evasión, competencia del fuero penal y económico, el resto de los expedientes podrían alimentar al que se acaba de abrir en las oficinas de Ballestero y que alude, entre otros tantos indicios de subversión, a los siguientes:
En el primer balance de Aerolíneas se cargaron las deudas que el accionista contrajo para comprar la empresa. Como agravante, esas obligaciones fueron garantizadas con los propios aviones de ARSA (Aerolíneas Argentinas Sociedad Anónima).
En ese primer estado de cuentas aparecen 70 millones de pesos en “gastos de organización” que, a juicio de los fiscales, no tiene justificativo alguno pero que compromete el patrimonio de la sociedad.
Otros gastos injustificados son los costosos trabajos de mantenimientos encomendados a talleres del exterior, cuando ésta tarea podría haberse realizado en la propia empresa y a un precio muy inferior.
En 1994 el estado argentino cedió su acción de oro y, por consiguiente, su derecho de veto, a favor de Iberia –recientemente privatizada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales–. Como contrapartida, la firma hispana debía realizar un aporte de capital de 500 millones de dólares, finalmente eludido a través de una compleja maniobra técnica. Según interpretan los fiscales, ese aporte habría surgido de la propia Aerolíneas.
Aerolíneas pagó 500 millones de dólares a Interinvest –sociedad creada por los accionistas españoles para administrar su paquete accionario– a través de un pagaré firmado por Manuel Morán quien presidía, al mismo tiempo, una y otra empresa. Para los investigadores, más inquietante que esta coincidencia es no haber encontrado ningún documento que respalde aquella acreencia.
Un informe de la Auditoría General de la Nación, aconsejaba en 1996 la rescisión del contrato de privatización, fundándose en incumplimientos de su accionista mayoritario. Ese informe de AGN, incluido en la presentación de la Unidad, puntualiza algunas irracionalidades como la de haber seguido utilizando aviones obsoletos, enfrentando mantenimientos casi tan costosos como la compra de otros nuevos, amén de haber ignorado el plan de inversiones comprometido por contrato.
Aerolíneas contrató servicios informáticos de Indra (empresa de la Sepi, parcialmente privatizada), pero antes le transfirió su know how y más de 140 empleados propios.
Si la denuncia de la Ufitco prosperase, a los responsables de la supuesta subversión económica podría corresponderle entre 2 y 9 años de prisión. Por el momento, este riesgo involucra a los administradores de la empresa, es decir, a los directores, síndicos, eventualmente gerentes, y a quienes se hayan desempeñado como titulares de Aerolíneas.
En esta instancia, la responsabilidad del Estado, dueño del 5 por ciento del paquete accionario, es difusa y sólo le cabe directamente a los representantes que tuvo en el directorio. Pero si la investigación consiguiera profundizarse, la imputación podría alcanzar a los ministros de Economía que tuvieron competencia en las renegociaciones contractuales llevadas a cabo con el accionista español o en el control de la empresa privatizada: sólo en esta circunstancia el actual titular del Palacio de Hacienda, podría ser acusado de incumplir con sus deberes de funcionario, por haber comprometido la integridad de una empresa dedicada a la prestación de un servicio público y en la que el propio estado tiene interés.
Los fiscales, sin embargo, hacen una imputación muy concreta contra los administradores públicos. “El Estado no utilizó los controles que tenía a su disposición”, sentencian. Este es, quizás, el camino para que la Justicia incrimine a funcionarios o ex funcionarios que tenían por misión controlar la ejecución del contrato de privatización. Ese que la Auditoría General de la Nación comandada por el radical Enrique Paixao, hace más de cinco años ya denunció como un documento vulnerado y, por lo tanto inválido. Pero entonces el gobierno de Carlos Menem se negó a dar por caída la primera y más controvertidas de sus privatizaciones.

SOLO HAY FONDOS “PARA UNA SEMANA”
Aterrizaje forzoso

Mientras el Gobierno y la SEPI ya evalúan los costos de una liquidación versus una reprivatización ordenada, sectores gremiales presentarán hoy un nuevo plan de rescate de Aerolíneas Argentinas basado en su reprivatización. Creen que ésta es la única manera de evitar el camino de la quiebra. En tanto, desde la propia Aerolíneas se reconoce que, en las actuales condiciones y sin aportes de fondos frescos, la empresa podrá seguir funcionando apenas una semana más. En tal caso, la probabilidad de un pedido de quiebra por parte de la fiscalía de la cámara será inevitable.
“Una empresa paralizada, con 1000 millones de deuda y 7 gremios en la calle, no la quiere nadie”, evaluaba realista un funcionario del Gobierno. “Es claro que la evaluación ahora pasa por cuánto cuesta reprivatizarla y cuánto liquidarla, con las indemnizaciones incluidas”. El funcionario se refería así a la incompatibilidad que existe entre el compromiso del gobierno español de mantener operable a Aerolíneas hasta que se consiga un comprador y la decisión de venderla en 30 días. “Cualquiera que sepa un poquito de negocios sabe que vender una empresa en el estado actual de Aerolíneas requiere tener una estrategia clara e insume mucho más que un mes”.
Desde los gremios –donde consideran que el único camino para asegurar la continuidad de los puestos de trabajo es la reprivatización– creen que “no se puede dejar el salvataje de Aerolíneas en manos de la indecisión crónica de Fernando de la Rúa”. Afirman también que “quedó claro que la solución no vendrá de España”. Por ello, hoy propondrán un rescate basado en la reprivatización de la línea aérea y que se designe para ello a un negociador. “Tenemos que aprovechar que ya existe consenso tanto en el parlamento como entre los gremios aeronáuticos de que ese negociador sea Rodolfo Terragno”, dijo a Página/12 la titular de Aeronavegantes Alicia Castro. La también diputada nacional consideró que para que la empresa sea vendible “se necesita un plan estratégico, con lineamientos claros y propuestas consensuadas” y es este plan el que divulgarán hoy. Aunque Castro no quiso revelar si se había conseguido un nuevo inversor dispuesto a capitalizar la firma, afirmó que debe “evitarse el camino que quiere Cavallo, que es Cielos Abiertos, o el de un insolvente como (el empresario Eduardo) Eurnekian, que le debe 130 millones al Estado por cánones atrasados y cuyo proyecto es la creación de un monopolio del cabotaje”. Tampoco las empresas de los países vecinos, como Lan Chile o TAM son una solución como socios, pues “seguro que en ese caso terminará en un take over (absorción)”, concluyó.
En Aerolíneas también están preocupados. Saben que si no se realizan nuevos aportes de fondos la empresa dejará de funcionar completamente en no más de una semana. “Esto se incendia la semana que viene”, reconoció sin eufemismos a Página/12 uno de sus directores. En ese caso, si la compañía se encuentra parada, “se corre el riesgo de que la fiscalía de cámara pida directamente la quiebra de la empresa”, agregó. Y si la quiebra es el final, no son pocos los temores que rondan el directorio, en particular a sus miembros argentinos. El principal es que la quiebra sea considerada “fraudulenta” por la justicia. Pero además, que la medida cautelar dictaminada por el juez Martín Silva Garretón, que impedía la votación de la convocatoria e indicaba retomar los vuelos abandonados, termine en una acusación por “desacato”.

Con bronca y sin planes frente al mayor desempleo

Tanto desde Trabajo como desde Economía se puso el acento en el aumento del trabajo en negro, aunque no hay acuerdo en los métodos para promover la creación de empleo. De la Rúa expresó su “bronca” porque la economía no crece. Viqueira reclamó más recursos para los hogares indigentes. Horacio Viqueira, secretario de Empleo, y una pulseada con Economía.

El Gobierno no pudo, ni intentó, ocultar ayer su preocupación por la elevación del índice de desempleo que se anunciaría en las próximas semanas, pero que ya fue anticipado por la titular de Trabajo, Patricia Bullrich. “Vengo con bronca, porque se ve la resistencia a bajar del desempleo y a darse el crecimiento”, manifestó contrariado el presidente de la Nación, Fernando de la Rúa, mientras anunciaba un nuevo acuerdo de competitividad, esta vez para el sector plástico. La tasa de desocupación se encontraría por encima del 16 por ciento en el promedio de los conglomerados urbanos nacionales, y en torno al 17 por ciento en el Conurbano bonaerense. Horacio Viqueira, secretario de Empleo, admitió que el fenómeno se ve agravado por la creciente precarización del trabajo para aquellos que lo conservan.
“Lo que era trabajo asalariado con cobertura de seguridad social se ha transformado en trabajo en negro, trabajo precario sin ningún tipo de cobertura de salud ni de seguridad social, y muchas veces con salarios muy por debajo de lo que corresponde por ley”, señaló Viqueira, al describir en una entrevista radial el actual cuadro laboral. “Este es para mí el fenómeno más grave, porque no hay una destrucción masiva de empleo, si bien existen casos de empresas en crisis; lo que existe es que en muchos casos hay empresas o actividades que van saliendo de la economía formal y se transforman en una parte más de la economía en negro de la Argentina.”
Pese al dramático diagnóstico oficial, el Gobierno sigue sin encontrar respuestas adecuadas al problema, más allá del lamento presidencial porque el crecimiento “se resiste” a aparecer. “Tengo fe en que los acuerdos de competitividad generarán más puestos de trabajo y crecimiento para la Argentina”, manifestó ayer De la Rúa, un día después que en el seno del gabinete el reclamo de una partida de 60 millones de pesos para planes de empleo generó una disputa entre sus ministros de Trabajo y Economía.
Viqueira se refirió ayer también a estos planes y al tironeo por los fondos con el Palacio de Hacienda. “Lo que estamos planteando nosotros (el Ministerio de Trabajo) es la necesidad de atender a aquellas personas que están desocupadas –apuntó el secretario de Empleo–, y esto no es contradictorio, al contrario, puede ser complementario con el impulso a programas de desarrollo”, como el que propuso la Secretaría Pyme para la zona de Tartagal y Mosconi, en Salta. “Estamos planteando la necesidad, como programa, de que haya un ingreso social mínimo dirigido por lo menos a unas 200 mil familias en la Argentina que tienen hijos menores a cargo”, reclamó.
También aludió a la rebaja en el impuesto a las Ganancias para las personas en relación de dependencia, que generará una devolución de gravámenes retenidos junto a las remuneraciones correspondientes a julio. “El tema es en qué sectores ponemos las prioridades, (porque) el Estado está haciendo un esfuerzo importante con muchas de las medidas que se están adoptando, pero me parece que lo que no hay que hacer es dejar de lado la situación de aquellos millones de personas, o inclusive de familias, que están en situaciones prácticamente de indigencia total, porque no tienen ingresos: me parece que a esta situación hay que atenderla, tanto por el clima existente en el país y porque creo que, además, la falta de ingresos de estos sectores dificultan el proceso de reactivación económica.”
Los resultados de un sondeo de opinión realizado por el Centro de Estudios Nueva Mayoría, divulgados ayer, muestra que más de la mitad de los que tienen trabajo, el 56 por ciento, tiene temor a perderlo. Con respecto a una encuesta similar hecha por la misma institución dos años atrás (junio de 1999), dicho índice aumentó en 8 puntos. Cuanto mayor es la edad de las personas, mayor es el temor, que también aumenta para aquellas franjas con menor nivel de educación y de menor nivel socioeconómico.

CAVALLO ASEGURA QUE HAY “INDICIOS POSITIVOS”
Una vela a la reactivación

“Hay un aumento de la desocupación y eso nos aflige a todos, pero hay indicios, aunque muy tenues, de reactivación”. El reconocimiento y el mensaje esperanzador corrió por cuenta del ministro de Economía, Domingo Cavallo, que además de salir a tratar de contrarrestar el “castigo de los mercados” (ver página 5), debió responder a las previsiones negativas con respecto del índice de desempleo correspondiente a la medición de mayo, que se conocerá en un par de semanas.
Si bien aclaró que todavía no se ha terminado de elaborar el indicador, Cavallo admitió la suba en la tasa de desempleo con respecto a las dos mediciones anteriores (mayo y octubre del año pasado). “La clave para que los problemas empiecen a resolverse es la reactivación”, proclamó, y anticipó que los indicadores macroeconómicos para el mes de junio empezarán a mostrar resultados positivos. “En julio y agosto vamos a observar una reactivación de la demanda interna, en el primero por el medio aguinaldo (que cobran los trabajadores en relación de dependencia) y en el segundo por la devolución del impuesto a las ganancias, que beneficiará a 500 mil asalariados”, aseguró.
Cavallo admitió que “los bolsones de evasión son cada vez mayores” y anunció que hoy presidirá una reunión para estudiar nuevas medidas de lucha contra quienes no cumplen con el pago de sus impuestos. Subrayó que “la mejor forma de luchar contra la evasión es luchando contra el trabajo en negro, obligando a que los empleadores cumplan con las leyes laborales, hagan las contribuciones patronales y paguen las obras sociales”. “Justamente detectando el trabajo en negro, estaremos detectando a los bolsones de evasión que lamentablemente son cada vez mayores en nuestra economía”, subrayó. El jefe de la cartera económica aseguró que el trabajo en negro “se transforma en una causa de desocupación porque crea competencia desleal y destruye las fuentes de trabajo genuinas”. En la citada reunión, participarán el titular de la AFIP y los secretarios de Ingresos Públicos, Industria, de Comercio, y de Agricultura y Ganadería.
Cavallo también se defendió de los cuestionamientos de los gobernadores justicialistas, que reclaman fondos comprometidos por la administración nacional a través de dos pactos federales y que no se están cumpliendo. El ministro aseguró que ya a partir de este mes el gobierno puso en marcha el compromiso de girar 20 millones de pesos mensuales a las provincias (sobre una partida anual asignada de 225 millones) y en los meses siguientes irá compensando el atraso por los cinco meses anteriores impagos. “No existe la varita mágica, la administración nacional y los gobernadores debemos trabajar juntos”, exclamó, antes de advertir que “si se hacen los enojados, van a tener cada vez menos créditos”.

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