Por Diego Schurman

En una reunión privada, Raúl Alfonsín expresó su “profunda preocupación” por la detención de Carlos Menem. Lo hizo delante del frepasista Eugenio Raúl Zaffaroni durante una conversación en la que analizaron lo “endeble” de la figura de la asociación ilícita. No fue el único dirigente del partido de gobierno que manifestó su inquietud en la causa que investiga la venta ilegal de armas. Un funcionario del Poder Judicial, que se presentó como enviado del titular de la SIDE, Carlos Becerra, bregó ante el juez Jorge Urso por la excarcelación del ex presidente.
Alfonsín y Zaffaroni se encontraron el último 15 de junio, entre las 10,30 y las 12, en el departamento que el radical posee en la avenida Santa Fe. El titular del Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI) no llegó sólo. Su vocero, Jacobo Grosman, fue testigo de la extensa conversación.
Si bien no fue el único tópico abordado, Alfonsín mostró especial interés por la situación de Menem. Y sin rodeos le pidió a Zaffaroni una opinión. El frepasista, que entre otros títulos ostenta el de director del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la UBA y vicepresidente de la Asociación Internacional de Derecho Penal, también habló sin ambages:
–Realmente es muy difícil probar la asociación ilícita –dijo durante esa mañana.
Alfonsín prestó atención. Y le comentó a Zaffaroni que ya había conversado sobre esa hipótesis con el ex ministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra. Ayer se sumó el gobernador radical de Río Negro, Pablo Verani, quien consideró “jurídicamente lamentable” la figura de la asociación ilícita”
Grosman aseguró a Página/12 que el del viernes 15 no fue el primer encuentro entre su jefe y el ex presidente. Y remarcó que en la charla hubo un “intercambio de puntos de vista” sobre varios temas de actualidad, como el espacio que tiene Domingo Cavallo en el gobierno de la Alianza, y la designación de jueces por parte del Consejo de la Magistratura.
Zaffaroni volvió sobre el tema armas para negar la falsedad de los decretos firmados por Menem. Se refería, claro está, a los que autorizaron la venta de material bélico a Venezuela y Panamá y que finalmente fue desviado a Croacia y Ecuador. El frepasista insistió una y otra vez en que esos decretos “no son falsos” y que su contenido es “auténtico”.
El argumento lo expuso en forma calcada en una columna de opinión reproducida por el diario Clarín, el pasado 27 de abril. Paradojas de la vida: no hay por estos días un menemista que no tenga una copia de ese texto, al que consideran la verdad revelada. Hace un año, los hombres del ex presidente menospreciaban a Zaffaroni calificándolo como un “inimputable”. Ayer, un ex ministro que tiene injerencia en la defensa de Menem, lo ensalzó como “un jurista de prestigio”.
Alfonsín y Menem tienen muy buena relación. Han sabido congeniar en secreto para la firma del Pacto de Olivos y siempre se prodigan respeto mutuo. Los menemistas lo incluyen en el grupo de “amigos radicales” con posibilidades de influir, en forma directa o a través de algún enviado, para lograr que la Sala II de la Cámara Federal revoque el fallo adverso de Urso que el menemismo aguarda para la próxima semana.
Eduardo Luraschi, uno de los tres camaristas, aparece como el contacto más cercano a Alfonsín, con quien tiene línea directa. El ex presidente ya hizo saber sus “dudas” por la figura procesal de la asociación ilícita a Arnoldo Klainer. El abogado no sólo tiene excelentes contactos con Luraschi. También se comunica con Horacio Cattani y Martín Irurzun, los otros integrantes de la Sala II.
Alfonsín no es el único preocupado por la situación de Menem. También demostró lo propio Becerra. Un integrante del círculo cercano de los camaristas le dijo a Página/12 que el titular de la SIDE se habría reunido con más de uno de los tres camaristas, tal cual publicó este diario ellunes 18 de junio. Y que en ese encuentro le habría transmitido la preocupación del Gobierno ante el escenario que plantea la detención del ex presidente.
“El camarista habló con Becerra pero no comentó el contenido del diálogo”, afirmó el funcionario cercano a uno de los jueces de la Sala II, cuando este diario consultó sobre los contactos. Por esos días, allegados de Becerra negaron esos contactos.
Sin embargo, en Tribunales se volvió a hablar de Becerra. Esta vez para afirmar que un funcionario de Poder Judicial se presentó ante el juez Urso en nombre del titular de la SIDE para pedir la clemencia necesaria como sacar a Menem de su reclusión en Don Torcuato.
Esta persona –según las altas fuentes de Comodoro Py– solicitó que ante un eventual procesamiento, Urso exima a Menem del cargo de jefe de la asociación ilícita, la figura que determinó la detención del ex presidente ya que no es excarcelable.
No son pocas las presiones que recibe el juez y también el fiscal Carlos Stornelli, quien ayer le solicitó al procurador General de la Nación, Nicolás Becerra, un “refuerzo” de gente ya que se encuentra desbordado de trabajo.
Urso y Stornelli prefieren no hablar sobre el tema ante la prensa, aunque se supo que el menemismo finalmente llegó a los oídos del juez por vía telefónica. Fue en las últimas horas, y también para suplicar que el fallo que se espera para la próxima semana permita a Menem recuperar su libertad, sin que ello signifique el desprocesamiento.
¿Quién hizo el llamado? En Tribunales fueron sugerentes: “uno de los habitués de Don Torcuato”.

AVANZADA DE LA DEFENSA DE MENEM CONTRA STORNELLI
“Pedimos que guarde mesura”

Por Irina Hauser

“Pedimos que (Carlos) Stornelli guarde mesura en sus exposiciones públicas”, dijeron ayer a coro los abogados de Carlos Menem, Oscar Roger y Mariano Cavagna Martínez, después de entregar al procurador general de la Nación, Nicolás Becerra, un escrito en el que le sugieren que le refresque al fiscal de la causa sobre venta ilegal de armas los reglamentos que le impiden explayarse a piacere ante los medios. Más allá del nuevo ataque a Stornelli, hay una ironía de Roger que no pasa inadvertida: en el escrito le recuerda a Becerra, un peronista como él, que está vigente un reglamento “mordaza” de la época en que él ocupaba su mismo cargo.
“No es matando al médico como se curan las enfermedades”, contestó públicamente Stornelli. “No se puede contestar con insultos los argumentos que están planteados en el expediente”, añadió. “Si el doctor Oscar Roger tiene alguna queja que formular, si cree que pedir sanciones para el fiscal que pide la prisión preventiva para su cliente es la manera, que lo haga”, se extendió en declaraciones radiales.
No fue Roger sino su socio en esta causa, Cavagna Martínez, quien fue hasta la Procuración a dejar sentado el reclamo, tal vez para hacer algo más de ruido mientras esperan ver qué hace el juez Jorge Urso con el pedido de procesamiento del fiscal. El ex juez de la Corte dejó los papeles en la Procuración y se fue. Becerra, que ya tuvo que defender al fiscal de otro ataque del ex presidente y de presiones de la Defensoría General de la Nación, no piensa dar ninguna clase de respuesta al planteo. Al menos eso es comentó entre sus colaboradores.
“Quiero hacer expresa referencia a que no hay ningún cargo contra la capacidad técnica del fiscal. El problema es su exposición mediática, no puede ser que yo me entere por los medios del contenido del dictamen en el que pide el procesamiento de mi defendido”, protestó Roger consultado por Página/12. “No estamos pidiendo que se lo sancione, sólo planteamos nuestra disconformidad”, agregó Cavagna Martínez.
La pluma de Roger se nota en el escrito. Como ex procurador, peronista de siempre, le “propone” a Becerra, también peronista –vinculado al peronismo mendocino de Eduardo Bauzá–, que le recuerde a Stornelli que rigen disposiciones que datan de la época en que él era jefe de los fiscales y otras de la gestión de Andrés D’Alessio, que para el caso de las armas le vienen de maravillas. Esas normas recomiendan a los fiscales “limitar su participación en reportajes a lo estrictamente necesario”, según la explicación del propio Roger. “Yo por lo menos quiero parar esta mezcla de lo político que se está haciendo. Y personalmente voy a plantear que la defensa no hable más, si no caemos en lo mismo y terminamos haciendo un juicio ante la opinión pública”, remató.

Los aprietes a Marijuán

Por I. H.

El fiscal Guillermo Marijúan, que investiga la concesión de 700 jubilaciones truchas en la tierra de Carlos Menem, elevó un informe ante la Procuración General de la Nación donde informa que el gobernador Angel Maza lo acusó en declaraciones ante la prensa local de tener una “actitud persecutoria” al haber allanado el Banco de La Rioja (residual) en busca de documentación sobre falsos empleados. Marijuán estuvo entre el lunes y el miércoles realizando el operativo mientras pululaban políticos y funcionarios a su alrededor. El procurador Nicolás Becerra le dio su respaldo y lo mismo hicieron los fiscales federales en un escrito.
La historia de las jubilaciones vip no quedó en aquellas de privilegio, reveladas en 1999, con que se beneficiaron unos cuantos funcionarios a partir de sus 35 años de edad. Al fiscal Marijuán le tocó investigar, a partir de una denuncia de la ANSeS, otra variante de retiros de la felicidad, y por eso viajó a La Rioja. Se trata de 700 jubilaciones falsas otorgadas a través del Banco de La Rioja a funcionarios, empresarios y “amigos del poder”. Hasta el masajista de Menem estaría en la lista.
Marijuán pudo secuestrar una gran cantidad de documentación que acreditaría que se fraguaron las jubilaciones y que el fraude alcanzaría los 60 millones de pesos. Pero, según relataron sus allegados, tuvo que soportar “seguimientos y todo tipo de obstáculos para su pesquisa”. Aunque también recibía en el hotel donde paraba cartas de aliento de algunos riojanos: “siga adelante doctor”.
El propio Marijuán notificó al procurador, jefe de los fiscales, que Maza dijo en una rueda de prensa que su presencia en La Rioja era una suerte de persecución política. “Dichas manifestaciones me agravian porque muestran un total desconocimiento de lo que significa una investigación judicial descalificando con dichas declaraciones a mi persona y a la investidura de un magistrado del Ministerio Público”, dice el texto del fiscal.
Becerra pidió informes sobre lo ocurrido y analiza la posibilidad de hacer un reclamo ante la gobernación riojana. El juez Rodolfo Canicoba Corral, en cuyo juzgado tramita la causa de las jubilaciones, también respaldó a Marijuán. Y lo mismo hicieron sus colegas fiscales en una carta.

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