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Muchas más delegaciones que acuerdos en Salta

Estaba Enrique Martínez por el Gobierno. Ayer llegó Morales, que desairó a Martínez. El gobernador también aterrizó en la zona. El único que habla con los piqueteros es Martínez. Y no hay soluciones.

La gente sigue en la plaza de Mosconi esperando propuestas sobre trabajo y reactivación.

Por Marta Dillon
Desde General Mosconi, Salta

En las alturas de Gral. Mosconi, en Campamento Vespucio, donde vivían los directivos de YPF cuando ésta era una empresa estatal y la prosperidad era un lugar común, descendió el helicóptero que piloteaba el mismo gobernador Juan Carlos Romero, para su primera aparición pública en la zona, junto al viceministro de Desarrollo Social, Gerardo Morales. En el bajo, cerca del centro de Mosconi, residencia de los empleados de aquella empresa, en un amplio tinglado sin paredes, Enrique Martínez, secretario de Pymes, abría por fin el diálogo con el núcleo más duro de la protesta social que, como un centro anticiclónico llama los vientos, logró atraer a buena parte del aparato del Estado Nacional y provincial. El telón de fondo de las dos escenas fueron los uniformes. De un lado de Mosconi, la Gendarmería Nacional reforzó sus controles desde el lujoso y desierto Hotel Pórtico hasta el acceso sur. Del otro, a pocas cuadras de la plaza donde siguen resistiendo unas doscientas personas, la policía de la provincia cerraba el acceso norte. En el centro un conflicto que a pesar de la atención que convocó sobre sí todavía no tiene una resolución cierta.
Era fácil diferenciar las dos escenas, aun cuando los protagonistas no terminaban de aclarar su posición. En un viaje decidido a medianoche, Gerardo Morales, se subió a algo más que el avión del gobierno de la provincia para respaldar la gestión del gobernador Romero, exultante en su primer día de gestiones en la zona. “La idea es sumarnos a la comitiva que se adelantó, encabezada por Martínez y darle un apoyo explícito para lograr medidas de fondo entre el gobierno provincial, nacional y los municipios. En realidad es una sola delegación”. Pero lo cierto es que el encuentro entre Morales y Martínez fue casi casual, cerca del mediodía, cuando el gobernador decidió ir a comer al regimiento de gendarmería donde supuestamente se encontraría con la familias de los dos muertos el día del padre pasado, Sebastián Barrios y Carlos Santillán, para quienes traía una ayuda especial. Pero el encuentro, de tan secreto no pudo ser comprobado. Morales y Romero compartieron durante la mañana la reunión en Vespucio -un lugar que se eligió porque estando a 4 kilómetros de Mosconi, su altura dificultaría el acceso a pie de posibles manifestantes– con algunos pobladores de la ciudad en conflicto. No más de 25 personas que representaban organizaciones difusas como “grupo de expedicionarios”, un ex combatiente, un aborigen, el consejo de mujeres justicialistas, una directora de escuela, la dueña de una farmacia y la JP. Mientras, en el tinglado que alguna vez sirvió para desarrollar los deportes del Club del Transporte, Martínez se reunía con casi doscientas personas que se acercaron con la decisión de destrabar el diálogo con los piqueteros. O al menos de tratar en paralelo los desprocesamientos y los proyectos productivos. “Sabemos que en esta reunión hubo representantes parciales –dijo Morales–, pero también dialogaremos con los que vienen luchando por sus legítimos derechos”. Ese era el principio de una promesa que no se cumplió. Morales no visitó Mosconi ayer.
“El gobierno nacional no puede avanzar sobre la provincia, a pesar de las profundas diferencias que tenemos, ninguna plan de desarrollo se puede sostener sino se articula en conjunto”, había dicho Morales al fin de la primera reunión en Vespucio. ¿Estas diferencias incluyen la evaluación sobre el último corte de ruta? “Bueno, el gobierno provincial tuvo una actitud negativa en principio que yo no he compartido, pero por eso hay que aprovechar ahora para trabajar en conjunto”. El ahora no significa que Romero haya cambiado de posición. Una vez en Tartagal, en el club Círculo Argentino, donde todo su gabinete atendió audiencias caóticas entre militantes romeristas de bombo y redoblante, el gobernador volvió a lacarga asegurando que “los procesados son los jefes de organizaciones que creen que la lucha armada es el mejor camino”. Aun cuando el juez Abel Cornejo haya dicho a este diario que no puede decir que los pedidos de captura sean para gente que haya portado armas en los días del conflicto Romero avanzó: “Tal vez el juez no haya hecho el relevamiento de pruebas, esto lo digo yo”.
Separados por un vidrio que custodiaba la policía de la provincia, más de mil personas se congregaron en el Club Círculo Argentino para hacer sus pedidos al gobernador. Del otro lado, Romero se acomodaba en un sillón reclinable y dejaba las butacas de plástico para los funcionarios nacionales –Morales, Bonetto y Julio Aparicio– que de pronto se encontraban participando de un acto que recordaba las mejores épocas del caudillismo provincial. “Salí maricón, da la cara”, se escucharon los gritos del otro lado del patio donde Romero había montado su escritorio. Los disidentes fueron neutralizados antes de que la corta refriega desbordara la contención que protegía la comitiva nacional y provincial. Atrapados en la agenda de Romero, el viceministro que en una devolución de favores comunicó a Juan Pablo Cafiero que viajaba cuando prácticamente tenía un pie en el avión, ensayó su mejor excusa para no asistir a la reunión que había pactado con Martínez. “Acá nos dicen que no es posible salir sin generar avalanchas”, dijo Morales por teléfono a la delegación de Pymes que volvió a Mosconi a cerrar un día agitado, el primero en que el diálogo pudo correrse unos centímetros del tema de los desprocesamientos y la libertad de los detenidos.
Por la noche, cuando la última comitiva de Estado –nacional y provincial– se preparaba para alojarse en el Hotel Pórtico, para muchos un ejemplo de la opulencia que margina a los habitantes de Mosconi, en la plaza del pueblo seguía la incertidumbre. Se habló con Martínez de proyectos de producción, pero la ansiedad que generan años de empobrecimiento y acuerdos incumplidos, una represión que todavía enseña sus marcas en los cuerpos de los pobladores y las cinco muertes que se cuentan en la zona después de los cortes de ruta, hace que todo lo que se escucha parezca más de lo mismo. “¿Hasta dónde vamos a soportar tanta presión? En este pueblo se ha hecho una cacería humana no podemos seguir cercados y sin trabajo”, decía Hippie Fernández en el cierre de la jornada. En la plaza las carpas siguen firmes y las rutinas se afianzan, Mosconi sigue dispuesto a resistir. En las entradas y salidas del pueblo, la policía de la provincia y la Gendarmería Nacional siguen cerrando sus pinzas. A pesar de las visitas, en este horizonte el amanecer sigue demorado.

 

OPINION
Por Marcela Bordenave *

Cambiar las prioridades

Los trágicos sucesos de General Mosconi protagonizados por mujeres y hombres que llegaron al límite de su paciencia luego de más de diez años de despojos y olvidos, ha servido para poner al descubierto dos hechos significativos. En primer lugar, demuestra una vez más la incapacidad del Presidente y su más íntimo círculo de funcionarios para dar respuesta adecuada a un conflicto social que creció de la mano de la profundización de la pobreza y la desigualdad. Su primer reflejo fue el de criminalizarlo. Delincuentes, guerrilleros, instrumentos de narcotraficantes, fueron las primeras definiciones que surgieron de los despachos oficiales, con el objeto de escamotear la naturaleza eminentemente social de su reclamo. Sólo la sensatez de un ministro permitió descomprimir la situación. Lo que habla bien del funcionario y muy mal del Gobierno que no sabe posicionarse frente al conflicto y por las dudas reprime.
En segundo término, sirve para demostrar que quienes, en su momento, desde dentro del Gobierno y hoy en el ARI nos opusimos a los impuestazos, ajustes, reducciones salariales, flexibilización laboral y superpoderes, no constituíamos un grupo de diputados testimonialistas, sino que nuestra conducta anticipaba la necesidad de diseñar y asumir un proyecto nacional alternativo, que superara la mera administración de lo ya establecido.
Once años de ajuste permanente han dejado un país devastado y un Estado anémico. Que permitió, entre otras cosas, el vaciamiento de Aerolíneas Argentinas, la desaparición de ramales ferroviarios y de infinidad de pueblos que dependían del tren para vincularse, la extranjerización de nuestra economía, el brutal encarecimiento de las tarifas públicas, y la crisis del sistema jubilatorio por un compulsivo obsequio de fondos a los bancos privados. La progresiva desindustrialización, las altas tasas de desempleo y la más injusta redistribución del ingreso nacional que uno pueda tener memoria, causa fundamental de la violencia social que padecemos, son las consecuencias directas de las reformas estructurales que años atrás eran presentadas casi como la entrada al paraíso. Hemos descendido al infierno y será de allí de donde tendremos que sacar nuestras fuerzas para construir un país con esperanzas colectivas renovadas.
El mito liberal de la falta de alternativas se esfumó como sus promesas de bonanza. Las propuestas están brotando desde lo más profundo de una sociedad castigada y vienen cargadas de ética y justicia social. Porque no hay lucha contra la corrupción posible si a la vez no erradicamos la más perversa de las corrupciones, la que promueve la indignidad de la pobreza y la marginación.
El Seguro de Empleo y Formación para los jefes de hogar desocupados y la asignación universal por hijo, es una de ellas. Y constituye una medida de aplicación posible y urgente que implica comenzar a cambiar la forma en que se redistribuye el ingreso argentino y a dinamizar el deprimido mercado interno. Se precisa coraje y decisión, porque de lo que se trata es de cambiar las prioridades.

* Diputada nacional.

 

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