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Por Nora Veiras
 “El Gobierno está
poniendo las estacas para que levantemos de nuevo la Carpa Blanca”,
amenazó la secretaria general de la Federación de Trabajadores
de la Educación (Ctera), Marta Maffei. “El paro fue parcial
e inexistente en algunas provincias”, minimizó el ministro
de Educación, Andrés Delich, durante una conferencia de
prensa en la Casa Rosada. En ese escenario se desarrolló el paro
docente y la marcha que unió el Congreso con la Plaza de Mayo.
El atraso en el pago del incentivo salarial y el congelamiento de la inversión
educativa fueron los argumentos esgrimidos para justificar la medida de
fuerza. Delich aseguró que el 2 de julio se pagará la cuota
atrasada y que en el proyecto de Presupuesto 2002 se incluirán
los 660 millones de pesos para el Fondo de Incentivo. Maffei pronosticó
el retorno de la carpa si el año próximo no se garantizan
esos recursos.
“Nuestra opinión es que sería terrible sacar del presupuesto
del año próximo el fondo de incentivo, implicaría
bajarle el sueldo a los docentes y desconocer que ese fue el resultado
de una larga lucha. No se puede transferir esa responsabilidad a las provincias
porque no la pueden asumir ni se las puede bajar del presupuesto. Vamos
a bregar para que la Nación incluya los 660 millones de pesos del
incentivo”, dijo a Página/12 el secretario de Educación
porteño, Daniel Filmus, tras recordar que “mañana (por
hoy) pagamos la cuota pendiente”.
En rigor, la Ley de Incentivo Salarial Docente –que avaló
la Ctera para levantar la Carpa Blanca después de 1000 días–
establece que el financiamiento del Tesoro Nacional expira en diciembre
de este año porque para entonces la nueva ley de coparticipación
federal se suponía que debería contemplar que las provincias
se harían cargo de esos fondos. Esa ley no tiene ni miras de discutirse
y, además, las provincias firmaron con la Nación el Pacto
Federal Fiscal que congela la inversión pública durante
cinco años.
Maffei advierte que ese congelamiento tendrá un impacto demoledor
en el sistema educativo porque no se podrá disponer de los recursos
mínimos para mantener la infraestructura escolar y, menos aún,
para absorber el crecimiento de la cantidad de alumnos que todos los estudios
pronostican. Desde la Nación dicen que “nada impide que los
gobernadores ahorren recursos administrando mejor y los vuelquen a la
educación. Además se calara que en caso de emergencia educativa
o de salud se puede modificar esa prohibición”. Posibilidades
de difícil concreción: primero porque la experiencia indica
que si ahorran lo destinan a otros fines y segundo por la ambigüedad
que encierra el concepto de “emergencia”.
Como símbolo de la atomización que signa al sistema educativo,
la Ctera decidió que las delegaciones de los distintos puntos del
país trajeran a la marcha “un tramo de 50 metros de una bandera
argentina para unirla en la Plaza de Mayo porque hoy el símbolo
del sistema sería el de un rompecabezas donde cada una de las partes
no encastra con la otra, y donde fundamentalmente la desigualdad entre
las provincias y la desigualdad dentro de cada territorio es cada vez
mayor”, explicó Maffei. Los datos sobre inversión por
alumno ratifican esa inequidad: varían entre 800 pesos en las provincias
del noroeste y noreste hasta 2000 pesos en la Ciudad de Buenos Aires.
El Ministerio de Educación difundió un comunicado en que
dice que “de acuerdo a la información rubricada por cada uno
de los ministros provinciales, el paro tuvo un acatamiento parcial a lo
largo del país: Fue nulo en Santa Cruz, La Pampa y San Luis; del
2 por ciento en Mendoza y del 2,5 por ciento en Tierra del Fuego y Chubut;
del 15 por ciento en Corrientes y Catamarca; del 26 por ciento en Neuquén;
del 30 por ciento en Río Negro; del 40 por ciento en Entre Ríos;
del 45 por ciento en la Ciudad de Buenos Aires; de más del 60 por
ciento en Chaco, La Rioja y Salta; del 75 por ciento en Misiones y total
en San Juan, Formosa y Jujuy. Masivo enla Provincia de Buenos Aires y
en Córdoba y Santa Fe con alto acatamiento en las ciudades capitales”.
Delich criticó al director de Escuelas bonaerense, José
Bordón, quien anunció el no descuento del día de
paro. Lo mismo que hizo De la Rúa en la Ciudad cuando Menem gobernaba.
La lectura gremial difirió de la oficial. Estimó que la
huelga fue masiva en todo el país. “El Gobierno no ha tenido
ningún problema en pagar los 140 millones de comisiones que tuvo
que pagar para obtener el magacanje ni problemas para girar fondos para
el pago de la deuda externa. El gobierno decide”, explicó
Maffei para justificar el por qué del segundo paro en el mes de
junio.
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