Por Cristian Alarcón

–De repente nos encerraron, a los palazos, con balas de goma, con un hidrante, y cargaron con las topadoras sin respeto –dice con una ronquera de lija María Medina, una mujer que de la mano tiene un racimo de chicos.
A sus espaldas, sobre la avenida Mariano Acosta, quedan los estertores del combate. Los chicos con las caras cubiertas tiran piedras contra la policía. “¡Puto!”, le gritan a uno que pasa montado en un caballo.
–¡Si me hubieran dejado sacar mis chapas, pero mandaron la topadora! -se queja una mujer que no se inmuta con las pedradas, mientras atardece en rojo sobre el Bajo Flores.
Hace dos horas que comenzó el desalojo de un asentamiento en un predio de siete hectáreas perteneciente al gobierno porteño. Doscientos uniformados de diez comisarías arremetieron desde tres puntos estratégicos contra los precarios ranchos que alcanzaron a estar una semana en pie. “El Gobierno denunció la usurpación a una jueza –María Laura Garrigós de Rébori– que ordenó el desalojo. Lo único que podemos hacer ahora es la contención social”, le dijo a Página/12 cuando ya era de noche la subsecretaria de Promoción Social, Patricia Desper Vásquez. “La policía hizo bien su trabajo”, fue el diagnóstico final de Juan Carlos López, Procurador General de la ciudad. Hubo heridos, pero anoche no se sabía cuántos.
El predio en el que unas 180 familias de las villas El Carrillo, Tres y la 1.11-14 se instalaron a lo largo de la semana está ubicado entre las calles Mariano Acosta, Castañera, Lafuente y Riestra, junto a las vías del Premetro. Pensado para la instalación de un polo industrial de desarrollo, en una de sus esquinas tiene un pequeño plan de viviendas, y en la otra un porción cerrada con paredes de cemento le corresponde al Círculo de Suboficiales de la Policía Federal. “Nos dieron más todavía porque ellos mismos estaban defendiendo su tierra. Se mueren de asco si tienen a los villeros cerca”, decía ayer una mujer, buscando una explicación a la violencia del desalojo, entre los restos de su rancho, cuatro chapas de cartón y un montón de nylons. Esperaba que una de las trabajadoras sociales de Promoción Social le tomara sus datos.
A un costado de las casas de material de la calle Riestra hay un pasillo por donde se entraba al asentamiento. Varias familias se han reunido allí para emprender la retirada. Muchos son bolivianos. “Era un atropello, toditos ellos entraron sin avisar, salimos por el olor de los malditos gases”, dice una mujer con el bebé en la espalda. Todos los que la rodean son hijos, nietos, yernos, nueras, cuñadas, el marido por ahí. Vinieron en el 92 de La Paz y hubo un tiempo en que todos tenían trabajo. Ahora están todos desocupados. “Por eso mismo es que vinimos. Pagábamos alquiler en la villa, 150 pesos por una pieza de cuatro por cuatro.” Por eso es que consideraron conveniente pagarle a “un tal Omar” 350 pesos por el terreno sobre el que montaron el rancho que ahora arde a sus espaldas, sobre un terraplén de tierra, entre las siluetas de los policías que así han culminado con su tarea.
Noemí Ledesma es una mujer argentina de 42 años que hace uno perdió hasta la última hora de las que trabajaba como empleada doméstica de la calse media de Flores. Después de un desalojo cuando ya no pudo pagar el alquiler con sus tres hijos fue a parar a la casa de su madre, un cuarto de chapas en la villa 3. “Lo que más me duele es que nos quedábamos. Yo no tuve que pagar, pero sé de una mujer que pagó mil pesos. Y eran entre 300 y mil, alguien se llenó de plata”, dice Ledesma. “La policía hizo una traición”, dice Olivia, una de su vecinas bolivianas. “Es que ellos mismos a los cuatro días que estábamos nos decían `si a ustedes no los echaron hasta ahora, ya se quedan`”, dice Noemí.
Eso mismo repiten otros desalojados. Pero hay varios que le cuentan a este cronista la ambigüedad policial, siempre relacionada con los frutos que puede dar la función: “por el costado de la calle Riestra no nos dejaban entrar cosas, ni chapas, ni bolsas, pero ellos nos pedían plata,diez o quince pesos para pasar y asi seguíamos armando los ranchos”, explica René Ovando, ex tapicero y otro de los que invirtió lo que tenía para dejar la pieza por la que ya no podía pagar alquiler en la villa. “Yo les daba un paquete de cigarrillos”, dice una mujer desde más allá de la medialuna de personas que se enciman por contar su historia. “Yo les di tortillas con chicharrones”, grita otra, custodiando lo suyo, y dando de mamar a un chico mientras le acaricia la cabeza a otro que llora.
¿Quién hizo un negocio con esta nueva desgracia? Nadie recuerda nombres completos, hablan de Juan, de Omar. Algunos creen que hablaron con un funcionario de la Comisión Municipal de la Vivienda, pero oficialmente eso fue desmentido. Les hicieron un censo y creen que oficial. Pero Julio Maidana, un hombre que dice ser uno de los 21 delegados que tenía el asentamiento, confirma que lo hicieron ellos, que eran 800 personas, que la mitad eran niños, y la mitad de la otra mitad mujeres, y que ayer a las cuatro de la tarde, mientras los comisarios de traje les decían que se retiraran pacíficamente, sin mediar palabras la caballería, la infantería, la división perros, la femenina, y diez comisarías avanzaron sobre ellos. De fondo arden los ranchos de la toma y con la misera a cuesta la muchedumbre regresa al hacinamiento de las villas.

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