Casi cinco horas duró la pesadilla, que parecieron una eternidad en medio de un clima de enorme tensión y dramatismo. Paola Condina, de 27 años, fue tomada de rehén en su casa, en el barrio porteño de Santa Rita, por un hombre que había intentado asaltar a su padre, Antonio, cuando salía a trabajar, a las 5 y media de la mañana. El hombre, su esposa y su hijo lograron escapar, pero Paola quedó dentro. Decenas de policías rodearon la casa, y las imágenes de la masacre de Ramallo inevitablemente acecharon la mañana. Finalmente, después de largas conversaciones entre el captor y quienes se pusieron al frente de la negociación por la libertad de la joven –un especialista del GEOF y el fiscal Alejandro Smoris–, todo terminó bien: la chica salió sin un rasguño y el asaltante se entregó. Su cómplice, en cambio, logró escapar sin dejar rastros.
La odisea comenzó ayer a las 5.30, en una casa ubicada en el pasaje Toay 3356. A esa hora, como todos los días, Antonio Condina se disponía a ir a trabajar a una empresa embotelladora de Pilar. En ese momento, dos hombres armados lo interceptaron, con el propósito de robar la vivienda y llevarse el auto. Pero no les iba a resultar un trámite: Condina se resistió, se generó un forcejeo y recibió dos culatazos en la cabeza, por lo que cayó herido al piso. Su hijo menor, Sebastián, de 23 años, vio lo que sucedía y se escapó por uno de los balcones de la planta superior hacia una casa vecina, desde donde llamó a la policía. Su padre aprovechó una distracción de los asaltantes y, con su cabeza sangrando por los golpes, también logró escapar junto a su esposa.
Pero su hija Paola no pudo seguir los pasos de su familia y quedó atrapada en su propia casa, junto a uno de los asaltantes que, vestido de traje, había logrado entrar a la vivienda. El cambio de planes no lo convenció a su cómplice –que llevaba las ropas de un recolector de residuos–, y decidió huir.
Efectivos de las comisarías 43ª y 19ª llegaron a los pocos minutos, y el asaltante que quedó en la vivienda decidió resistir. Tomó a Paola, la llevó al garaje y allí, a la vista de todos, le rodeó el cuello con un brazo y con el otro le apuntó con un arma. Con el barrio prácticamente sitiado, los efectivos del Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF), comenzaron el despliegue: un helicóptero sobrevolaba la zona, varios francotiradores se apostaron en diversos puntos estratégicos de las casas vecinas y la televisión fue cortada en toda la zona, para evitar que el captor viera el operativo. Con la experiencia de deastrosos operativos en el pasado, esta vez se mantuvo la prensa a distancia.
Allí comenzó su acción el mediador de la Policía Federal. El asaltante pidió que le entregaran un chaleco antibalas, un automóvil para escapar, cigarrillos y que se presentara un juez y un fiscal para garantizar su integridad física. Las conversaciones se prolongaban, y con ello la angustia de la familia de Paola, que se encontraba en una casa vecina acompañada por policías.
El negociador identificado como “Pablo” y el titular de la fiscalía porteña número 38, Alejandro Smoris, estaban al frente de las tensas tratativas, y le hicieron llegar al asaltante un teléfono celular y un chaleco antibalas.
Las negociaciones continuaron, hasta que minutos antes de las 10, el miedo copó la escena: se escucharon fuertes estruendos que hicieron presentir lo peor. Pero no fue más que un susto. Uno de los jefes del operativo, el comisario mayor Jorge Bortolini, explicó a este diario que los disparos que se escucharon en realidad fueron “bombas de estruendo y detonaciones que se hicieron para abrir la puerta de la casa”. Los agentes del GEOF ingresaron a la vivienda e instantes después Paola, vestida con una polera negra, pantalón pijama y una campera, fue retirada ilesa, seguida por el asaltante que se entregó luego de arrojar el revólver calibre 38 que tenía en su poder. El hombre fue detenido y conducido a la comisaría 43º, en tanto que Paola se reunía con su familia. Bortolini aseguró que el GEOF comenzó a operar una vez que “el juez dio la orden para que la policía se hiciera cargo del asunto, en conjunto con el mediador y de acuerdo al nuevo plan de emergencia para estos casos”.
Minutos después de la liberación, el grupo especial de la policía revisó toda la vivienda y se tomó más de una hora para controlar todas las casas de la manzana, con el objetivo de corroborar que no permanecía en el lugar el ladrón prófugo, que no pudo ser encontrado.
El jefe de la Policía Federal, Rubén Santos, que se presentó en el lugar, reveló que la resolución del caso se pudo lograr gracias a los datos suministrados por los restantes integrantes de la familia, que habían logrado escapar: “Teníamos la descripción perfecta del interior de la casa, sabíamos los movimientos que podía hacer el delincuente. Esa información fue fundamental para la operación”, explicó el jefe policial.

A UN HOMBRE LO CONDENARON A 18 AÑOS DE PRISION
Dura pena por tomar rehenes

En una sentencia que contempla “la indefensión y el padecimiento” que experimentan las personas que son tomadas como rehenes durante intentos de robo, la Sala I de la Cámara de Apelaciones de San Isidro condenó ayer a un delincuente a 18 años de prisión, por asaltar y secuestrar a dos hombres y una mujer en julio de 1998. El juez Fernando Maroto, miembro de la Cámara, señaló a Página/12 que “el fallo pretende dar un doble mensaje: por un lado, a la ciudadanía, para que confíe en la Justicia y se sienta protegida; por otro lado, a los delincuentes, para que reflexionen sobre el hecho de lastimar o maltratar a la gente”.
El asalto por el cual Paulo Alejandro Gómez, de 32 años, fue condenado a 18 años de reclusión, se produjo el 4 de julio de 1998. Gómez y otro delincuente, que circulaban a bordo de un auto Renault Clio robado, interceptaron en Don Torcuato al Volkswagen Gol en el que viajaban Regina Avena, Alejandro Chiachio y Gustavo Jaime. Tras robarles sus pertenencias, uno de los asaltantes tomó a los ocupantes del Gol de rehenes y escapó a bordo de ese vehículo, escoltado por su cómplice, que conducía el Clio.
La primera escala de los ladrones fue en una florería, propiedad de uno de los rehenes. Tras amenazar a un empleado, vaciaron la caja registradora y volvieron al auto. Luego se detuvieron en el cajero automático de la sucursal de Banco Río ubicada en el cruce de Mendoza y Ruta 197, donde quisieron usar una tarjeta de débito para vaciar la cuenta de otro rehén. Como el sistema estaba “colgado”, no pudieron hacer la extracción, por eso se fueron a un hipermercado de la zona de San Isidro e hicieron compras con la tarjeta de crédito de otra de las víctimas. Al salir del shopping, el cómplice de Gómez escapó.
La odisea duró cuatro horas. Finalmente, los rehenes fueron liberados en un descampado cerca de la cancha del club Platense, en la localidad de Vicente López. “En esa situación, con los delincuentes a sus espaldas mientras eran liberados, deben haber sentido terror de que los mataran. Cualquiera de nosotros lo hubiese sentido”, indicó el juez a este diario. La Cámara –integrada por Maroto, Emilio Rodríguez Mainz y Hugo Morini– dictó una sentencia de 18 años, a pesar de que el fiscal de la causa había pedido 16.
El camarista explicó a Página/12 el por qué de la sentencia: “Nuestro deber como jueces es adecuar los parámetros de las condenas a lo que sufren las víctimas”, justificó. De hecho, el fallo del tribunal destaca “la indefensión y el padecimiento de las personas que estuvieron sometidas cuatro horas”. Gómez fue condenado por doble robo calificado, agravado por el uso de armas; privación ilegítima de la libertad; y extorsión, entre otros delitos.

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