La Ciudad de Buenos Aires amanecerá el domingo empapelada con afiches que, aunque no impulsarán la figura de ningún candidato, tendrán una fuerte connotación política: “La Ley del Libro es una realidad. El Congreso la sancionó en su versión original. El Presidente la promulgará cumpliendo con su promesa”. La estrategia de los sectores vinculados a la industria editorial es presionar de un modo categórico al Ejecutivo para que refrende una ley a la que ya resulta difícil seguir dándole vueltas, después de treinta años de marchas y contramarchas. La industria quiere que el Presidente promulgue la ley tal como salió el martes de Senadores, pero al mismo tiempo tiene temores al respecto. Este año, en la Feria del Libro, las entidades se mostraron más duras que nunca respecto de las vacilaciones oficiales, y luego las librerías hicieron sentir su fuerza con un apagón. Ahora, con el aliciente de la aprobación del Senado por unanimidad, no quieren tener más sorpresas.
La llamada Ley de Fomento del Libro y la Lectura, contempla cuatro aspectos fundamentales: 1) la producción y comercialización de libros quedará exenta del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en todas sus etapas, desde su impresión hasta el consumidor final. 2) Los escritores no pagarán impuesto a las ganancias. 3) Se eliminan las barreras impositivas tanto para la importación como para la exportación, lo cual pone en un plano de relativa igualdad a la producción nacional con los libros importados. 4) Se penaliza la piratería y el negocio informal de la fotocopia de textos enteros, que perjudican a la industria editorial.
El famoso artículo 11, que reglamenta la exención del IVA a los libros, todavía tiene fuerza como para extender el dolor de cabeza que le ha causado a propios y extraños. El Poder Ejecutivo podría vetar toda la ley, o algunos de sus artículos, y el 11 es el que cuenta con las de perder. Hace dos meses, Diputados había aprobado el proyecto pero con modificaciones en ese ítem, y los más escépticos temen que Cavallo no lo deje pasar así nomás. Ya presionó en su momento a Diputados para que lo modificara. Otros, pragmáticos, sostienen que corroborar esta controvertida ley así como está, sería una buena señal para demostrar un espíritu reactivador de la economía. Por las dudas, La Cámara Argentina del Libro (CAL), en su pronunciamiento institucional, apeló a un tono ligeramente adulatorio para esperar lo que se viene: “el presidente tiene en sus manos el futuro cultural de nuestra sociedad, si cumple con su palabra todos los argentinos se verán favorecidos: se fomentará el trabajo de los autores nacionales; se incrementará la producción editorial en condiciones adecuadas de calidad, cantidad, precio y variedad; se preservará nuestro patrimonio literario y se promoverá el acceso igualitario al libro”.
Para dar una señal de buena voluntad, y mostrarse consustanciada con el afán reactivador, la CAL prometió que la promulgación de la ley provocaría un descenso de hasta un 15% en el precio de tapa de los libros producidos en el país. El fantasma de la recesión interminable pesa sobre el sector. El autor de la ley, Carlos de la Rosa (PJ de La Pampa), sostiene: “Sin desgravación impositiva el libro argentino termina con un valor de casi un 15 por ciento adicional respecto del importado, lo que se traduce en una caída de 7 por ciento en la producción de libros nacionales”.
Aunque la presencia de autores del peso de Marcos Aguinis, Federico Andahazi y Martha Mercader, por citar algunos, (además estaba Pacho O’Donnell, en su doble función de intelectual y de antiguo propulsor de la ley, cuando era senador por el menemismo) avaló la sanción, hay quienes sostienen que se trata de una ley más sensible a los intereses de los editores que de los escritores. De hecho, la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) denunció que la nueva legislación no prevé una defensa del autor frente a lo que considera “abusos” de las editoriales en los contratos. En la Sociedad de Escritores de Argentina proponen la futura sanción de una “Ley del Escritor”.

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